Sostener que MORENA ganó 4 de 6 estados en las últimas elecciones celebradas el mes pasado, insistir en que dichos supuestos éxitos fueron una respuesta de la voluntad popular, desde mi punto de vista, semejante afirmación requeriría de un mayor análisis para tomar en cuenta diversos agentes que influyeron de manera definitiva en los comicios. Me explico:
Si la mayoría de los gobernadores salientes fueron investigados por el SAT, por la UIF y por la FGR, y de dichas averiguaciones fueron hallados desfalcos, peculados, cargos como lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otras acusaciones, y una vez comprobados los delitos, éstos se hicieron del conocimiento de “presuntos” malhechores, entonces, éstos podrían ser chantajeados por las máximas autoridades federales que, dependiendo del caso, ejercitarían las denuncias penales, salvo que los inculpados aceptaran incondicionalmente sus “propuestas” sobre la base de respetar su imagen pública, su libertad y su patrimonio.
Si a los presupuestívoros de marras se les hubieran descubierto bienes inmuebles de su propiedad o de sus familiares, además de inversiones en valores, depósitos de 10 o más dígitos en bancos nacionales o extranjeros a su nombre o al de sus prestanombres, entonces, una vez detectado el patrimonio mal habido ocultado mediante técnicas sofisticadas de ingeniería financiera, cabría la posibilidad de entablar “negociaciones” para engañar a la opinión pública con unas supuestas elecciones democráticas que ganarían de manera “transparente” los candidatos de Morena. Los nuevos acuerdos “en lo oscurito” entre los pillos y la supuesta autoridad feroz “enemiga” de la corrupción, implicarían la extensión de garantías recíprocas en el entendido de que quienes habrían saqueado el tesoro público local, podrían disfrutar su enriquecimiento repentino e inexplicable en México o en el extranjero, mediante la oferta de un puesto diplomático en el exterior a título de un reconocimiento político, siempre y cuando se garantizara el triunfo de Morena en las elecciones. En resumen: no se iniciaría ninguna acción legal ni penal en contra de los ex gobernadores a quienes se les hubiere descubierto un patrimonio personal robado a la ciudadanía, siempre y cuando aquellos garantizaran el éxito de los candidatos de Morena, mediante el desmantelamiento de la maquinaria electoral de sus partidos, la promesa de no denunciar actos anticipados de campaña ni los gastos en publicidad y propaganda superiores a lo establecido por la ley. Un trueque político intachable.
A los presupuestívoros se les respetaría su patrimonio mal habido, se evitaría su encarcelamiento, así como el de sus familiares y amigos involucrados en el hurto, se protegería su imagen pública y, por si fuera poco, se les autorizaría a defender los derechos de los mexicanos en el extranjero como grandes patriotas dignos de representar a la patria en el exterior.
De acuerdo a lo anterior, tanto en lo que hace a las próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México, resulta inevitable proponer a candidatos impecables de la oposición, a personas de un intachable sentido del honor y de la dignidad. Me atrevo a afirmar que existen en México políticos que reúnen dichos requisitos, de la misma manera que sugiero a los gobernadores salientes que en el caso de saberse vulnerables al contar con un patrimonio mal habido, solo en el caso que así sea, se apresuren a transparentar sus haberes para impedir un nuevo chantaje como el que padecimos cuando se suscribió el pacto de la impunidad entre Peña Nieto y AMLO, sin olvidar a los ex mandatarios locales acusados de la misma traición.
Miguel Ángel Riquelme y Alfredo del Mazo no deben entregar sus respectivas plazas a Morena con tal de salvar su libertad y su patrimonio en el caso de que éste tenga un origen inexplicable. Si dichos gobernadores rinden sus Estados a la 4T, estarán comprometiendo la democracia mexicana en el 2024. Se buscan entonces candidatos honestos de cara al futuro, así como gobernadores que pasen las pruebas del SAT, de la UIF y de la FGR por el bien de México. La oposición no perdió las elecciones pasadas, sino la patética corrupción de la mayoría de los gobernadores salientes.