La trama “Andorra”

Con motivo del arribo en la presente administración federal de los nuevos liderazgos de izquierda, integrantes del partido político Morena, encabezados por el actual Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se dispararon las investigaciones por posibles actos de corrupción de diversos hechos que dieron lugar a denominaciones que se han hecho populares en los medios de comunicación como la Trama Odebrecht, la Trama Estafa Maestra, la Trama Casa Blanca y la Trama Andorra, por así denominarla, surgiendo después de tres años y medio de gobierno actual una nueva investigación que, ahora sí, apunta según la Unidad de Inteligencia Financiera directamente al ex Presidente Enrique Peña Nieto por diversos depósitos y transferencias que se han hecho a sus cuentas desde México a España, donde radica.
El estallido de esta nueva investigación ha dado lugar a que se revisen contratos por más de 10,500 millones de pesos, que durante el sexenio 2012-2018 se adjudicaron a una proveedora del gobierno supuesta o probablemente donde intervino un hermano del ex Presidente Peña Nieto. Aunque se esperara que en la trama Odebrecht, cuyo principal funcionario mexicano pudiera ser responsable como lo fue Emilio Lozoya, actualmente procesado y detenido, donde se incluyera al ex Presidente Peña Nieto, no fue así, ni siquiera alguno de sus cercanos colaboradores como lo fue Luis Videgaray. Con el aviso del jueves pasado sobre las investigaciones a cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto, se disparó simultáneamente también la noticia del abogado Juan Collado, hombre de confianza del ex mandatario, quien adquirió una vivienda en una zona super exclusiva y de lujo en Madrid, España, en el denominado Centro Canalejas, a un costo aproximado de 5.8 millones de dólares, por lo que también se detectó que dicho profesionista habría transferido 10.3 millones de euros a una sucursal de BBVA en Madrid, según informe de la policía de Andorra (viernes 8 de julio periódico A.M. 2 pág. B3).
Con esta información se revive o desempolva aquella investigación latente de la llamada Trama Andorra, en donde en el año de 2016 una jueza embargara los fondos de las cuentas de Juan Collado, actualmente preso, en el Banco Privado de Andorra y concomitantemente a ello se develaron las fortunas de otros destacados políticos priistas, como el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con depósitos por 1.5 millones de dólares; de Silvana Beltrones, hija del ex presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, exsenadora, con 10.1 millones de dólares, así como los ex diputados Óscar Lara Aréchiga y el guanajuatense Francisco Arroyo Vieyra.
Sabemos que el habilidoso coterráneo y amigo Arroyo Vieyra afirmó haber arreglado su asunto en la época, pagando rigurosamente sus impuestos y acogiéndose a un beneficio de repatriación de capitales; por lo que hace a los demás, no sabemos cuál sea su situación, pero a raíz de la mención nuevamente de esta Trama se comenta que por lo que hace al gobernador Alfredo del Mazo, pudiera llegar a acuerdos para entregar el Estado de México a sus adversarios de Morena, buscando su protección e impunidad. Aunque son meras especulaciones, habrá que estar pendientes.
Como durante el propio sexenio de Peña Nieto se archivara provisionalmente esa causa contra el abogado Collado, fue en julio de 2019, ya en esta nueva administración federal, donde se procedió contra este otrora poderoso profesionista, siendo arrestado por delincuencia organizada y lavado de dinero, a la vez que las autoridades de Andorra reabrieron aquella causa que había sido olvidada y ordenaron continuar su investigación. Esta situación jurídica conlleva a que los involucrados en esa tema suspendido se vuelvan a preocupar y activen nuevamente a sus abogados penalistas defensores para que estén alerta.
Y por lo que hace al exPresidente Enrique Peña Nieto, se inicia esta pesquisa en su contra respetando cierta inmunidad por su investidura presidencial hasta el 2018, pero el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, por cierto muy cuidadoso en su hablar, lo hace quizá con la finalidad de preparar el argumento de que no es una investigación sobre hechos pasados antes de la presente administración, sino que se trata de movimientos de dinero actuales, más cercanos y ya realizados después de concluido su mandato, esto es, del año 2019 al año 2021 y por eso ha sido menester investigarlos.