“Aun las acusaciones dudosas dejan una mancha”.
Thomas Fuller
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicó este 16 de julio un hilo en Twitter para explicar la trayectoria de Rafael Caro Quintero. “Tras la detención de Caro” en 1985, dijo, “la DEA lanza la Operación Leyenda. Van detrás de todos los presuntos implicados en la muerte de Camarena, incluyendo poderosos aliados de la CIA, como el narco hondureño Matta Ballesteros y Rubén Zuno Arce, cuñado de Echeverría”.
Muchos internautas cuestionaron la omisión de Manuel Bartlett, el entonces secretario de Gobernación, de esta lista de “presuntos implicados”. Bartlett no es santo de mi devoción, pero la verdad es que, fuera de las declaraciones de unos “testigos protegidos” que buscan beneficios judiciales con sus testimonios, no hay pruebas de que él u otros funcionarios del gobierno de aquel entonces hayan participado en el asesinato del agente Enrique (Kiki) Camarena.
Los integrantes de la Drug Enforcement Agency (DEA) enfurecieron tras la tortura y ejecución de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. El tema se convirtió en obsesión para la agencia, que buscó el respaldo de testigos protegidos que incriminaran a funcionarios y otros ciudadanos mexicanos que consideraban habían estado involucrados.
El médico Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en México para ser llevado a juicio a Estados Unidos, donde se le acusó de haber participado en la tortura de Camarena. Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría, fue detenido en Estados Unidos porque supuestamente Camarena había sido torturado en una casa de su propiedad. A Bartlett lo acusaron de haber participado con otros funcionarios en acciones para proteger al cártel de Guadalajara. Los testigos protegidos declararon que hubo reuniones sobre el tema de Camarena con la asistencia del presidente Miguel de la Madrid, el secretario de la defensa Juan Arévalo Gardoqui, Bartlett y otros altos funcionarios. Un reportaje de J. Jesús Esquivel para Proceso en 2021 citaba a fuentes no identificadas del gobierno de Estados Unidos: “Bartlett Díaz estuvo presente en varias reuniones previas al secuestro en las que se habló del secuestro de Camarena, y también lo han ubicado como uno de los que estuvieron presentes la noche del 7 de febrero en la casa con el número 881 de la calle Lope de Vega”, el inmueble de Guadalajara donde Camarena fue torturado y asesinado.
No hay señales, sin embargo, de que el ahora director general de la CFE haya tenido algo que ver con ese crimen. El exprocurador general Ignacio Morales Lechuga declaró en una entrevista en 2020 con Carlos Loret de Mola que su homólogo de Estados Unidos, William Barr, le pidió extraditar a Bartlett, pero que él se negó porque las historias de los testigos protegidos “no tenían ni pies ni cabeza”. A Álvarez Machain lo liberó una corte de California, que señaló que la acusación en su contra estaba basada en “sospechas y corazonadas, pero no en pruebas”, una “completa fabricación, la especulación más loca”. Álvarez Machain fue liberado y repatriado a México. Zuno pasó el resto de su vida en la cárcel, pese a que comprobó que había vendido la casa de Lope de Vega a un médico, quien después la vendió a Caro Quintero.
No dudo que Bartlett prefiera no ir a Estados Unidos. La detención del general Salvador Cienfuegos, sin que hubiera pruebas en su contra, demuestra la rabia que la DEA sigue manteniendo contra el Gobierno mexicano. Las acusaciones contra el militar fueron retiradas, pero es fácil presentar acusaciones en Estados Unidos con testigos protegidos que declaran todo lo que quieren los fiscales.
Estrategia
Nada más en 2022 ya son tres los médicos pasantes asesinados durante su servicio social, 12 los periodistas, tres los sacerdotes. No, no es cierto que la estrategia de seguridad sea un gran éxito.
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