Se anuncia que próximamente el diputado Víctor Zanella presentará una iniciativa de nueva Ley de Fiscalización con el respaldo de toda la fracción oficialista del Congreso del Estado. Están preocupados, dicen, por mejorar el control de la Cuenta Pública del Estado y los municipios, para evitar irregularidades y desviaciones del gasto público.
Hasta aquí bien. Pero más si a la discusión se añaden otras iniciativas, como la de la diputada de Morena Alma Alcaraz. Esta parlamentaria, formada en las filas de Acción Nacional en Sinaloa, ya que fue secretaria del PAN estatal, diputada local y federal, evoca con sus intervenciones el compromiso democrático aprendido. Al acicatear al oficialismo rampante, recuerda las legendarias participaciones de muchos panistas, que no dieron tregua para asumirse como una fiera oposición, frente a ocurrencias y dislates de mayorías avasallantes, que solo saben votar, pero le temen al debate. Es el mundo al revés, el panismo guanajuatense se ha convertido en ridículo imitador del morenismo federal. De lo que se quejan los panistas en la Cámara federal, lo replican descaradamente en nuestra entidad, desde su grupo mayoritario. Muy triste la cosa.
Y descaradamente mayoritean, por ejemplo, desechar auditorías a gobiernos e instancias sospechosas de hacer mal uso de los recursos públicos. No parece importarles los desvíos de dinero, su mala aplicación y el establecimiento de sobrecostos, a causa de no tener proyectos ejecutivos sólidos que examinar. Pero ahora se les ocurre presentarse mortificados por las malas prácticas, y desean lavar cara con una nueva propuesta de Ley de Fiscalización.
Y comienzan mal la faena. Yerran al poner a la cabeza de esta iniciativa a Víctor Zanella, sin percatarse de su pésima reputación como diputado. Y es que Zanella solo se representa a sí mismo y a sus intereses. Y también es un diputado sumiso, que actúa por consigna. Hace unos meses bastó una llamada de sus amos para endeudar a un municipio, sin que la solicitud cumpliera con los requisitos mínimos. Hay que reconocerlo, es un diputado amaestrado, y a causa de ello, resulta inoperante para defender una iniciativa de gran calado.
Si Luis Ernesto Ayala, el pastor de la mayoría, desea preservar cierto prestigio, debería actuar con tiento y no exponerse innecesariamente al ridículo. Convertir en operador político a un elemento irresponsable que endeudó a los capitalinos al autorizar un empréstito por 70 millones de pesos para construir una ocurrencia, resulta temerario. Este congresista violentó el artículo 117 constitucional, omitiendo el análisis del destino del empréstito. También descartó cualquier comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conocer la situación del pseudoproyecto que le estaban presentando. La consulta pública que simuló no sirvió para nada, desoyó a todas las voces críticas que le señalaban el error que estaba a punto de cometer el Congreso. Luego desechó cualquier referencia a la Ley de Obra Pública, especialmente en sus artículos que norman los requisitos de deben contener los proyectos ejecutivos. Surge así la pregunta que se convierte en origen de responsabilidades: ¿Cómo pudo avalar una construcción que carecía de proyecto ejecutivo, y con ello de las bases para determinar el costo real de la edificación solicitada? Así, el representante popular, se convirtió en cómplice de Alejandro Navarro, el nefasto alcalde de Guanajuato capital.
Ahora finge desazón por el cuidado de los fondos públicos. Piensa que, por haber recorrido 46 municipios, eso lo acredita para liderear una iniciativa vital para combatir, con eficacia, a la corrupción, como la que encabeza su secuaz Navarro. ¿Se puede confiar en él? Seamos claridosos, con el escandaloso equívoco cometido, destruyó la de por sí mermada confianza que se imputa a los actuales diputados. No cuenta con méritos para mantenerse al frente de la Comisión de Hacienda del Congreso, y menos para negociar una importante reforma que necesita del apoyo de diversas fuerzas políticas para ser funcional. Así solo condenarán la iniciativa al mayoriteo oficialista.
Por cierto, aún Navarro y Zanella mantienen endeudados a los guanajuatenses de la capital, aun cuando es obvio que el bosquejo de proyecto de museo de momias y centro comercial está muerto y enterrado. Hasta ahora, se siguen debiendo formalmente los 70 millones de pesos, porque el par de pícaros no saben cómo salir del ridículo que ellos mismos se construyeron. Vaya operador parlamentario que se ha conseguido el panismo. De vergüenza.
CA