Los penales en nuestro estado tienen sobrepoblación del 20 al 30 % y el Poder Judicial ya no se da abasto en el desarrollo de los procesos. En el mismo porcentaje, los reos no tienen una sentencia aún.
No es un secreto esta situación porque incluso el gobernador Diego Sinhue lo acepta. De hecho, se ha anunciado la necesidad de construir un Cereso más y ampliar otros dos.
Son 11 cárceles que dependen del Estado, con una capacidad de seis mil 100 reos, pero en este momento hay siete mil 500 internos.
El que fuera uno de los mejores sistemas penales del País, hoy debe estar en el lugar siete u ocho, que para la situación, aún se puede salvar.
Las ampliaciones deben de estar listas para este año y un nuevo Centro de Readaptación Social tiene que iniciarse lo más pronto posible.
Las instancias de impartición y procuración de justicia tampoco pueden dejar de detener y enviar a proceso a los delincuentes.
No se debe parar la lucha en contra del crimen. Más bien se deben tomar las acciones que sean necesarias para ese propósito.
En este momento, las cárceles no son un espacio de readaptación social y se están convirtiendo en escuela del delito.
Una de las acciones de emergencia que se han realizado son los traslados de reos hacia penales de otros estados, dependientes estos de la Federación.
Los familiares de los internos se han manifestado en contra de los traslados y, sobre todo, de que no se les informe con anticipación y menos que no se les diga a dónde se los llevaron.
La Fiscalía General del Estado detiene y envía a proceso a un promedio de tres mil personas por distintos delitos por año, desde 2018.
Claro que no todos quedan vinculados a juicio, sino solo la tercera parte de estos.
Los reconocimientos se dieron incluso a nivel internacional al sistema penal de Guanajuato.
Hoy, el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han hecho las advertencias.
Toca no solo al Estado, sino también a la Federación recomponer el camino. Además, es necesario perfeccionar el sistema penal acusatorio y la justicia cívica.
No se puede postergar la solución.