Cuando AMLO se encontró con una catarata de amparos que le impedían proseguir con la construcción del Tren Maya, otra obra suicida que también nacerá quebrada, trató de hacer valer el argumento de la “seguridad nacional”, para lo cual expidió un decreto en extremo vulnerable sin tomar el cuenta lo establecido al respecto por la propia Ley de Seguridad Nacional que la define como las acciones destinadas a mantener la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a proteger al País frente a riesgos y amenazas. Dicho ordenamiento se propone preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, de mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno, a defender al País frente a otros Estados y a hacer valer el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político. Un proyecto ferroviario como un tren de carga y de turismo no puede significar un atentado en contra de la seguridad nacional.
El decreto expedido por el Ejecutivo no puede tener más validez legal que una ley emitida por el Poder Legislativo, sobre todo si no se cuentan con los permisos ambientales que podrían evitar daños irreversibles en Quintana Roo, como la deforestación de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, la desaparición de 558 especies de vertebrados, entre las cuales destacan el jaguar, el tigrillo, el mono aullador, el hocofaisán, la salamandra yucateca y el tapir centroamericano, además de conflictos sociales por tenencia de la tierra (53% del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales), así como los impactos ecológicos en áreas naturales protegidas.
Fonatur, responsable de la obra, tendrá que esperar a que los tribunales acepten o rechacen la validez del argumento (pretexto) de la “Seguridad Nacional” y mientras tanto deberá respetar los amparos y suspender las obras. De violar la Ley de Amparo se actualizaría el delito previsto en el artículo 267 de dicha ley, por lo cual se podrían imponer penas de 5 a 10 años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, entre otras tantas consecuencias adicionales que bien podrían llegar a la privación de la libertad del funcionario imputado. Las mismas penas que se señalan en dicho artículo serán impuestas, en su caso, al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo, en el entendido que lo anterior no sería aplicable al Presidente de la República.
Bien, las leyes establecen las sanciones para la autoridad que ignore una resolución judicial, ¿pero cual es el procedimientos para hacer cumplir una sentencia de amparo? Conforme a la Ley de la Fiscalía de la República, el Ministerio Público de la federación es el órgano encargado de investigar los delitos federales, como lo es el de la Ley de Amparo. Si como ocurre en esta especie, se encuentran elementos de que sí se incurrió en el delito, se debe turnar la carpeta de investigación a un juez penal federal, quien finalmente después de un proceso judicial y de haberse agotado todos los recursos y amparos determinará si hubo o no delito.
La Fiscalía la República podrá atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución, en tanto el Ministerio Público Federal se auxiliará de las policías y de las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, para destituir e inhabilitar al culpable, en este caso, el director de Fonatur o el Secretario de Gobernación o el de la Función Pública, encargados de la obra.
Dado el caso de que un juez o jueces dicten la destitución, la inhabilitación y hasta el encarcelamiento de un funcionario público que haya ignorado un amparo, ¿la Fiscalía va a ejecutar la sentencias emitidas por el poder judicial, es decir, va apoyarse en la fuerza pública para sacar de sus oficinas y arrestar al director de Fonatur o al Secretario de Gobernación? Ante la inobservancia de la ley promovida por el propio gobierno, ¿qué sigue en la ley de la selva?