Crisis sin fin
La ciudad de la cajeta grita auxilio ante la crisis de violencia que no ve una salida.
Esta semana el asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo mayor del alcalde Javier Mendoza Márquez, cimbró a la clase política, empresarial y a la sociedad que, desde hace tiempo, vive con miedo de que la violencia toque su puerta.
Como en muchos otros casos no hay información del móvil, tampoco detenidos.
No es una guerra criminal entre los malos, esa explicación hace rato que ni las autoridades se atreven a esgrimir ante la pérdida de vidas de más y más inocentes en robos violentos, los cobros de piso, balaceras, masacres y presiones al poder.
La violencia, además, tiene un inevitable impacto económico en el tercer municipio más poblado de Guanajuato y cuya ubicación geográfica en el Bajío hace que tenga un enorme potencial como centro logístico e industrial, más ahora que por fin se ve claro en terminar el Ferroférico y se proyecta ahí un nuevo Puerto Interior seco.
Pero, como lo dijo el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, quien hace unos días asistió al 45 aniversario en Celaya: sin seguridad no hay inversión.
El asesinato lo condenaron todos, desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública federal, el gobernador Diego Sinhue, legisladores y políticos de todos colores, empresarios, etcétera.
El Gobernador difunde que se reúne con jefes militares de la región mientras el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa, no dicen nada.
Pero está claro que ni antes ni ahora se han tomado decisiones a fondo para salvar a Celaya. Los ciudadanos perciben que la solidaridad de las autoridades en los tuits hasta ahora no se traduce en los hechos.
No basta que cada ataque que conmociona a la región se anuncie la llegada de refuerzos federales de la Guardia Nacional o de la Sedena, o Fuerzas del Estado.
De la Fiscalía General de la República no sabemos sus resultados en esa región. Nos dicen que se mantiene David Carmona como encargado de Despacho. Del fiscal de la República, Alejandro Gertz, tampoco se tiene registro de alguna visita para supervisar el desempeño y reforzar las tareas contra el crimen organizado.
El plan que no se ve de los 50 violentos
En julio del 2021, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública federal, anunció un plan especial en los 50 municipios con más homicidios en el país, entre ellos Celaya. De esa fecha hasta ahora no sabemos los resultados de la estrategia.
Entre los compromisos estaban que el gabinete de Seguridad, encabezado por el Presidente de la República, estaría en los 50. La última vez que AMLO visitó Guanajuato fue el 26 de noviembre del 2021, en la XII Región Militar, en Irapuato, en donde sostuvo un encuentro de seguridad con el Gobernador y la mañanera.
En Celaya, el registro de su última visita fue el 16 de mayo del 2018, en campaña.
Además en diciembre del 2021, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad presidida por López Obrador, la secretaria Rosa Icela anunció un fondo de 2,700 millones para el fortalecimiento de las policías municipales en esos 50 municipios (incluidos León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Apaseo el Grande).
Pero, ocho meses después, de ese fondo tampoco nadie sabe, nadie supo.
La visita de Adán
El 26 de mayo, después de la masacre de 12 personas en un bar y hotel en Celaya, el Gobernador declaró que era la batalla por el control del mercado de las drogas.
En esa entrevista en León, AM preguntó: ¿qué más harán para pacificar la región de Celaya?, a lo que Diego respondió que reforzarían las acciones, que han bajado otros delitos y que la Policía Municipal ha hecho un buen trabajo.
El 31 de mayo el Gobernador habló de que en su reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el tabasqueño le dijo que tenía interés en visitar Celaya para tener un encuentro con autoridades y con sociedad civil y asumir compromisos concretos para enfrentar la violencia criminal.
“Es una gran señal que venga un funcionario de ese nivel a una zona en la que existe un tema que se ha complicado y que tenemos que reforzar”, dijo Diego.
A los titulares de Gobernación y Seguridad, y al Presidente, en Celaya los esperan.
Violencia, imparable
En Celaya la violencia no da tregua y este año alcanza los picos del 2020, el año que registró el mayor número de víctimas de homicidio doloso en la entidad.
De enero a junio del 2022 las carpetas de investigación por homicidio doloso en Celaya son 238, un 35 % más que las 176 del mismo periodo del año pasado. En 2020 en esos mismos seis meses se registraron 239 carpetas.
Las cifras de homicidios se dispararon en el 2020; en el primer semestre del 2019 fueron 77, en el 2018 eran 100 y en 2017, 47, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las carpetas por extorsión también se dispararon en Celaya el primer semestre del año con 56, frente a 14 que fueron en los mismos meses del año pasado. Antes no existía registro del delito, no porque no hubiera, sino porque no había denuncias.
El robo de vehículo con violencia, si bien está muy lejos de los niveles que hubo en 2019 y 2020 en Celaya, estos primeros seis meses del año hay un incremento del 50 % respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 64 a 96 denuncias.
Lo mismo con el robo a negocio con violencia, hay muchas menos denuncias que las de 2018, 2019 y 2020, pero este año aumentó 29 % respecto al 2021, van 309.
En conclusión, los pasos para adelante que algunos números mostraron en 2021 en Celaya, se topan hoy frente a una realidad a la que es hora de gritar ¡Basta!
Secretario, en apuros
Ni el asesinato del hijo del Presidente Municipal de Celaya hizo que el secretario de seguridad, Jesús Rivera Peralta, cambiara su desgastado discurso.
Un día antes del homicidio de Guillermo, su padre, Javier Mendoza, le había dado total respaldo al Director de Policía y al Secretario de Seguridad, a quien ha defendido a capa y espada desde que lo eligió por ser, supuestamente, uno de los cinco mejores policías de México.
Tras el crimen, el Gobierno municipal decidió que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, fuera el encargado de leer el posicionamiento oficial y que el Secretario de Seguridad solo hiciera acto de presencia en la rueda de prensa en donde no se permitieron preguntas.
Un día después, Jesús Rivera sostuvo una reunión con todo el gabinete en la sala de juntas de Presidencia Municipal y evitó las preguntas de los periodistas saliendo por la puerta trasera, que lleva directo al estacionamiento del inmueble municipal.
Fue hasta el viernes que el funcionario ofreció una rueda de prensa vía telefónica en donde reiteró, como lo ha hecho una y otra vez, que las estrategias de seguridad son dinámicas y se basan en un análisis que realizan de manera permanente.
Rivera Peralta aseguró que se reforzaría la seguridad del Alcalde, el gabinete y los síndicos y regidores, quienes habían afirmando que no solicitarían seguridad especial.
Parece que Jesús Rivera sigue firme en su cargo a pesar de la crisis de seguridad que vive Celaya, sin embargo urge evaluar su desempeño y modificar estrategias, de lo contrario el futuro se vislumbra poco alentador.
Cinco meses para decir lo mismo
Carolina Medina Vallejo, titular de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo del Congreso del Estado, tardó cinco meses en descubrir el agua tibia y el hilo negro.
El 5 de agosto, la Junta de Gobierno del Poder Legislativo recibió el documento que contiene el análisis ex post -es decir, posterior a su vigencia- de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado.
El texto, de 228 cuartillas, realizado por Carolina, contiene en su parte final varias recomendaciones a los diputados de lo que sería conveniente hacer para mejorar dicha ley o las instituciones que con ella nacieron en 2020, involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas.
Una parte del documento son las propuestas hechas respecto a las peticiones presentadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que se reunieron con los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, encabezada por David Martínez.
Carolina Medina, además, sugiere a los diputados fortalecer la capacidad presupuestal, humana y material de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con el propósito de que puedan ejecutar de mejor manera sus atribuciones.
A Fiscalía, piden que trabaje
En relación con la Fiscalía de Guanajuato, el estudio concluye la necesidad de reforzar los protocolos de atención a los familiares de personas desaparecidas, incrementar la cantidad de personal destinado a la atención de los casos de desaparición y capacitarlos continuamente para que desarrollen con eficacia sus tareas.
También resalta que es importante contar con mecanismos de búsqueda inmediata, ya que las primeras horas son cruciales en la localización de una persona desaparecida.
Se recomienda continuar trabajando en transparentar la información de los casos de desaparición y agilizar los trámites de la Fiscalía en materia de desaparición.
Referente al apoyo que se otorga a familiares de personas desaparecidas, se recomienda revisar el otorgamiento de seguridad, acceso a servicios médicos, atención psicológica, apoyo alimenticio, acceso a la educación, así como el establecimiento de centros de rehabilitación orientados a atender a los hijos de personas desaparecidas.
Las recomendaciones son lo mismo que pidieron las mujeres buscadoras a los legisladores en reuniones realizadas hace meses.
Solo hay dos novedades en este apartado, pero ya no relativo a los colectivos de personas desaparecidas, sino a otro rubro. En cuanto a los municipios, se estima pertinente que se adicione a la ley el marco de actuación de las células municipales de búsqueda para que tengan claridad respecto a los procesos que deben de seguir, las reglas de su conformación y la especialización que sus miembros deben tener.
En el documento se señala además que es recomendable apegarse al concepto de persona desaparecida establecido en la ley, lo que implica evitar reportar casos de personas no localizadas con el fin de dotar a todos los casos de la misma protección que la ley ofrece.
Por último, es recomendable establecer mesas de trabajo en donde se discuta desde la óptica legislativa, la influencia del fenómeno migratorio en la desaparición de personas y la mejora en la coordinación de instituciones para la atención de la problemática.
Daniel, lo que se ofrezca
Los tiempos electorales aún no llegan, pero ya levantan la mano los funcionarios que no descartan su interés por buscar un cargo de elección popular en 2024.
Esta semana fue Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato, quien le hizo ojitos a la posibilidad de decirle sí a una candidatura a la Presidencia de Irapuato e incluso a ir por la gubernatura.
Asegura que está enfocado en su encomienda en Salud y servir así a los guanajuatenses, en dar resultados y seguir con el proyecto del Gobernador.
Pero eso sí, agrega que sería un sueño poder tener la posibilidad de llegar a esos cargos, aunque todo depende de las decisiones que tome el PAN.
No es la primera vez que el nombre de Daniel Díaz suena como un posible candidato, para el periodo electoral de 2021 también se escuchó como una opción para la Alcaldía fresera, antes de que se definiera el tema de paridad.
Díaz se reunió en días pasados con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aunque asegura que no fue para temas políticos con miras al 2024.
MCMH