Se cimbran panistas
La crisis de violencia en Celaya parece no tener fin y esta vez llegó hasta el Ayuntamiento con la detención del hijo de la regidora Cristina Villalobos Hermosillo y nieto de la primera diputada local del PAN en Guanajuato, Cristina Hermosillo Ramírez.
El joven de 17 años, llamado “El patrón” fue detenido minutos después de cobrar la extorsión a un comerciante.
Apenas hacía días del asesinato del hijo del presidente municipal, Javier Mendoza cuando el Ayuntamiento enfrenta una segunda crisis. En todos los rincones de Palacio se siente la inseguridad.
El pasado fin de semana, a través de redes sociales, se comenzó a difundir la noticia de la detención de uno de los hijos de Cristina, señalado como líder de una banda de extorsionadores, que tenían entre sus víctimas a locatarios del Mercado de Abastos.
Personas allegadas a la regidora aseguran que la filtración de la noticia vino por parte de grupos panistas a quienes no les conviene que la abuelita de “El patrón” contienda por la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PAN. Pero eso es lo de menos si al final lo que se presume es un delito.
Más allá de quién filtró la información, lo cierto es que semejante acusación no podía pasar desapercibida cuando cientos de comerciantes están siendo víctimas de este delito en Celaya.
Ante tales acusaciones, la dirigencia estatal del PAN le exige a la regidora celayense, a través de un comunicado, que solicite licencia o de lo contrario inicia un proceso para expulsarla del partido en donde ha militado por años.
Tras varios días de silencio, la regidora declaró el jueves que tiene planes de seguir como regidora y que tomará una decisión tras platicar con el Alcalde. Lo cierto es que la edil se está aferrando a su puesto a como dé lugar y no nos sorprenda que incluso se pueda convertir en independiente.
Para el PAN, la acusación de extorsionador contra un hijo de una de sus regidoras es uno de los golpes más duros de los últimos 24 años en donde ha tenido el poder político en Celaya.
La gran pregunta: ¿Cuál es el paso siguiente de los jefes panistas en contra de la regidora celayense y cómo apagarán el escándalo?
Luchadores bajo fuego
La administración de Irapuato vuelve al huracán nacional. Lástima, no se ve cuándo vaya a mejorar la situación.
La privación de la libertad y posterior asesinato de dos de sus funcionarios de Mercados y Japami, no son cualquier cosa.
Ambos empleados estaban ligados a la lucha libre local, uno de ellos conocido como Lepra, ya habría sido encontrado, pues sus restos fueron dejados en el Libramiento Sur con una cartulina de amenazas.
El segundo, conocido como Maremoto, quien laboraba en Japami, fue sacado de su domicilio días después y presumiblemente hallado ayer sin vida.
Pero ahí no queda la situación, otra funcionaria municipal fue mencionada en los mensajes del crimen organizado, y al día siguiente renunció a su cargo.
Los luchadores-funcionarios públicos también estaban ligados a otro deportista que fue asesinado en mayo pasado, Juventud Rebelde, y a un promotor de eventos en este deporte, quien también fue atacado en un restaurante donde perdió la vida.
Otro hecho reciente del clima de inseguridad en el municipio fue el intento de robo de una camioneta que utilizan los escoltas de la Alcaldesa.
Para el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, ya no resulta problema responder a todo lo que preguntan los periodistas sobre los crímenes. Como disco rayado siempre responde: la Fiscalía General del Estado ya investiga.
En el caso de los tres luchadores tampoco hay certeza del móvil ni hay detenidos.
Qué pena con Irapuato… aún no había salido de los embates de la delincuencia organizada que quemó establecimientos y vehículos la noche del martes 9 y madrugada del 10 de agosto y ya aparece otra vez en noticieros y diarios nacionales.
Alcaldes, deuda no
A media semana, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, anunció que solicitará al Ayuntamiento primero, y luego al Congreso del Estado, la autorización de un endeudamiento por 712 millones de pesos para 10 grandes obras de infraestructura.
Esto recuerda la insistencia del gobernador Diego Sinhue sobre todo en mayo pasado, al animar a los presidentes municipales, de todo el estado, a pedir créditos con el fin de reactivar la economía de sus pueblos y de Guanajuato todo.
También lo recordó a principios de agosto, cuando Alejandra Gutiérrez hizo un evento en el Teatro Manuel Doblado para anunciar docenas de obras que realizará en este segundo semestre del año.
Pero resulta que muy pocos presidentes municipales tuvieron interés o necesidad de atender la sugerencia del Gobernador, pues a pesar de esos llamados reiterados, sólo dos le tomaron la palabra: Carlos García Villaseñor, el morenista de Silao, y apenas Alejandra Gutiérrez.
Vayamos al principio. El 3 de mayo, durante la comida de celebración del Día de la Santa Cruz, con los directivos de la CMIC, que encabeza el leonés Enrique Aranda, el sector constructor demandó mayor inversión pública, y Diego Sinhue respondió solicitando a los alcaldes pedir deuda pública.
Les digo a todos los alcaldes: es momento de pedir deuda, una deuda responsable, para eso está el Congreso que junto con Finanzas autorizan los montos permitidos para no comprometer las finanzas públicas”, dijo el Góber en su mensaje ante socios y trabajadores de la construcción.
Y lo repitió el 26 de mayo, ahí sí frente a prácticamente todos los presidentes reunidos en el Forum Cultural de León, que fueron convocados para firmar el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para entrarle a la estrategia de la segunda parte del sexenio dieguista: “Contigo Si” .Ese día sólo faltó César Prieto, de Salamanca, pero mandó a su Secretario del Ayuntamiento.
Diego Sinhue repitió varias veces que ése era el mejor momento para solicitar créditos, eso sí, con el fin de realizar obra pública, porque después de la pandemia, la economía había quedado muy dañada y la mejor forma de restaurarla es la obra pública, pues activa muchos sectores económicos: las empresas constructoras que pagan impuestos, los vendedores de materiales, los camioneros que los transportan, “bueno, se beneficia hasta la señora que le vende las quesadillas a los trabajadores”, señaló.
Ese día Diego comentó que el alcalde de Cuerámaro, Mauricio Arce, le explicó que no sería necesaria pues tenían ahorros en su nómina para etiquetarlos para obras.
Se anticipan seis alcaldes
Pero después de eso, sólo Carlos García y Alejandra Gutiérrez atendieron el llamado.
Y desde el 30 de junio, último día de sesiones del pleno del Congreso del Estado, recibieron buenas noticias seis alcaldes. Ese día, los diputados aprobaron siete solicitudes de ayuntamientos para poder contratar créditos con el fin de hacer obras como drenajes, pavimentaciones, canchas, caminos, en sus municipios.
Pero estos siete créditos habían sido solicitados desde principios de éste año y desde finales del año pasado, es decir, antes de que el Gobernador hiciera el llamado a los municipios para contratar créditos
Silao obtuvo permiso para contraer deuda hasta 35.7 millones. Los otros seis siguientes: San Diego de la Unión pidió 29.17 millones. Jaral del Progreso, 12.9 millones. Tarimoro pidió 15 millones y le autorizaron 14 millones 400 mil pesos. Yuriria pidió aprobaciones, una por 37 millones y otra por 21 millones, que también le fueron avalados.
Cortazar pidió 32.1 mdp pero le autorizaron sólo 27.8 millones. Moroleón solicitó 24.2 millones mismos que le fueron autorizados en el Legislativo.
Desde el 1 de julio, no han llegado más solicitudes de endeudamiento al Palacio Legislativo.
Más aún, el 11 de agosto, un periódico de Celaya publicó declaraciones de su presidente municipal Javier Mendoza Márquez en el sentido de que descarta solicitar deuda este año.
Explicó que hasta el momento, la atracción de inversiones a su municipio va bien, pues se tiene un registro de 412 negocios que han abierto, con una generación de tres mil 641 empleos, por arriba de lo programado para este año, que eran dos mil 900.
Y porque han llegado inversiones de los sectores industrial, de servicios y comercio, locales, nacionales e internacionales, por 155 millones de dólares, que era la meta de todo 2022.
En conclusión, 38 presidentes municipales no quieren echarse un compromiso económico en estos momentos.
La deuda de Ale
La que sí tomó la palabra a Diego y apuesta a una deuda al límite de las posibilidades de las finanzas es la alcaldesa Ale Gutiérrez.
Esta semana anunció en un mensaje virtual y entregó la solicitud formal para el trámite ante el Ayuntamiento, de 712 millones para financiar 10 proyectos de infraestructura vial, seguridad pública y de mejora de espacios públicos.
Son proyectos en los que ya ha trabajado el Instituto Municipal de Planeación (Implan) pero que fueron priorizados por la Presidenta Municipal con el propósito de que la inversión no se focalice en dos o tres grandes obras (como son los puentes vehiculares por ejemplo) sino en proyectos de ciudad con un mayor impacto.
De las 10 obras todavía nadie en la oposición ha salido a descalificarlas. Lo que sí habrá, y es natural en una democracia, es un debate sobre la conveniencia o no del monto de solicitar un crédito y sobre si hay otras alternativas para financiarlos.
Ya Morena, PRI y Movimiento Ciudadano han adelantado que no van con la deuda, son cuatro votos de 15 en el Ayuntamiento que no tendrán reparo en aprobarlo. El propósito es que la solicitud ingrese al Congreso del Estado al inicio del siguiente periodo de sesiones (que abre el 25 de septiembre) para su análisis y dictamen en la Comisión de Hacienda que preside el diputado panista fresero Víctor Zanella.
Si todo sale bien quedará aprobado antes de cerrar el año e iniciar el año contratando el crédito mediante una subasta al que ofrezca mejores condiciones.
El Legislativo revisará que la solicitud de deuda cumpla con los requisitos de ley, que sea inversión productiva, y la capacidad financiera que tenga el Municipio para hacer frente a los pagos sin comprometer sus finanzas futuras. Si no hay bronca, aunque la oposición ponga el grito en el cielo, no habrá razón para un rechazo.
Si la oposición hace su chamba, el logro no estará en frenar o no la deuda, sino en obligar a un análisis a fondo de los ingresos y egresos municipales, ¿cómo incrementar y ser más eficientes en los ingresos propios? y ¿dónde hay gastos que pueden reducirse o de plano eliminarse (incluido el poner lupa a la nómina)?
Hablando de los proyectos Alejandra cuidó evitar la polémica y no incluyó el hospital veterinario que fue seleccionado en la consulta popular del 20 de enero pero que todavía no cuenta con presupuesto para su construcción, se irá hasta el 2023. Sabía que poner en duda uno solo de los proyectos empañaría toda la propuesta.
Alejandra y su equipo están además obligados a explicar a detalle cada proyecto, más allá de un espectacular nombre como el de “Centro de Inteligencia” de Seguridad Pública para el que están proyectado una inversión de 70 millones. Se ubicará donde está el C4 pero, se supone, hará más de lo que hoy ahí se hace.
Tendrán que convencer que el recurso se ejercerá en tiempo y forma. Garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adicionales a la publicación y a la fiscalización ordinaria, que se sepa en todo momento cómo se gasta.