El crédito de León, no dan las cuentas
Aunque una mesa de trabajo y una sesión de Ayuntamiento bastaron para aprobar el pedir al Congreso del Estado su aval para contraer una deuda por hasta 711.6 millones. El trámite en el Legislativo no será un flan, se requieren de 24 votos.
El PAN cuenta con 21 legisladores locales, necesita de tres votos más y ya el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena dijeron no en el Ayuntamiento, y difícilmente cambiarán de opinión en el Legislativo. Falta conocer la postura del Partido Verde, pero son solamente dos votos, aun con esos serían 23, tampoco les alcanza.
El PRI tiene cuatro legisladores, tres de ellos de un bloque compacto que comanda Alejandro Arias, quien en la semana apareció junto al presidente del PRI leonés, Juan Pablo López Marún, para sostener el no como una postura conjunta.
Movimiento Ciudadano tiene una diputada local, Dessire Ángel Rocha, quien ha hecho equipo con el excandidato a la Alcaldía, Juan Pablo Delgado, y con la regidora Lucía Verdín “La Wera” Limón, cuya postura de rechazo quedó clara.
Y con los ocho diputados locales de la bancada de Morena será aún más complicado que cuenten, sus tres regidores en el Ayuntamiento votaron en contra.
El Verde no tiene regidores en el Ayuntamiento leonés, pero sí cuenta con dos diputados: Gerardo Fernández, que es de la tierra zapatera, y Martha Ortega.
En esta Legislatura, a diferencia de anteriores, la ‘pepenada’ de votos con la chiquillada se complica para la aplanadora azul (ya no está el voto de MC en la bolsa, y no existe el PT, Nueva Alianza, ni el PRD, con los que siempre contaban).
En una gran mayoría de los temas pueden sumar al PRI, al MC y el Verde, pero en el caso de la deuda para León, el coordinador de la bancada azul, Luis Ernesto Ayala Torres, requerirá de dotes de malabarista para sumar 24.
Nunca como hasta ahora el ex Alcalde de León tendrá una misión tan complicada.
Se abre el telón
Los diputados locales abren el 25 de septiembre el periodo de sesiones de su segundo año. La solicitud estará en la cancha de la Comisión de Hacienda que preside el panista Víctor Zanella, y la integran: Alma Alcaraz (Morena), secretaria; y vocales: Miguel Salim (PAN), Poncho Borja (PAN) y Ruth Tiscareño (PRI).
El análisis y dictamen de la solicitud podría alargarse lo que resta del año. De hecho es -por ahora- el único expediente en puerta de un crédito para ayuntamientos.
No hay que perder de vista que también se prevé que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez presente otra solicitud de deuda de hasta por 3 mil millones de pesos. Las dos anteriores solicitudes de crédito del Estado pasaron sin contratiempos.
Antes de terminar el anterior periodo, el Congreso local aprobó sin problema solicitudes de endeudamiento de otros municipios, con votos del PRI y de MC, en algunos casos también de morenistas, pues uno de los que pidió fue Silao.
Pero la solicitud de León es otro boleto de pronóstico reservado, está a la vuelta de la esquina el 2024 y este municipio es fundamental en la arena política. Además está el ingrediente de que la Alcaldesa está en la baraja de candidateables azules a la gubernatura, no sabemos si sea una mujer, y quién gane, pero Alejandra quiere.
El debate
Para el Ayuntamiento leonés que preside Alejandra y teniendo como conductor al presidente de la Comisión de Patrimonio, el síndico José Arturo Sánchez, no había mucho que darle vueltas al crédito: hay justificación técnica, financiera y legal.
El Municipio cuenta con finanzas sanas según las calificadoras internacionales, es decir, tiene capacidad de pago para hacer frente al endeudamiento a 20 años.
“El crédito es totalmente pagable, contamos con la capacidad financiera necesaria para hacer frente a la adquisición que se plantean, los números no mienten”, argumentó el Síndico azul en la sesión de Ayuntamiento la noche del jueves.
Les recordó que si hoy se tiene una deuda de 929 millones de pesos, son por los créditos contraídos en los gobiernos del entonces alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla (“amigo de algunas de ustedes”, les dijo a la morenistas) y en el de la alcaldesa por el PRI, Bárbara Botello. “No se rasguen las vestiduras”, remató.
Sánchez Castellanos no desacreditó esas deudas, pues como regidor tricolor respaldó la de 2010. La del 2013 sí fue contracorriente pues el Municipio quería más de mil millones y el PAN en el Congreso le avaló solamente 540 millones.
Hoy son pocos los peros sobre los 10 proyectos a financiar con el crédito, enfocados en tres rubros: movilidad, espacios públicos y la infraestructura de seguridad. Lo que sí hubo fue un acalorado debate por la conveniencia o no de endeudarse.
Lucía Verdín (MC) apuntó que faltaba información sobre la Central Metropolitana y Araceli Escobar (PRI) cuestionó el por qué los fraccionamientos que faltan por municipalizar y tienen incumplimientos sobre la luz no pagan por la ampliación.
López Marún, líder del PRI en León, consideró no prioritario el Parque Metropolitano Norte.
Al regidor de Morena, Antonio Cabrera, el panista Carlos Ramón Romo le preguntó: ¿con cuál de las obras no estaba de acuerdo?, pero no supo qué decir.
Nadie pone peros a un Centro de Inteligencia para la Seguridad, al edificio de la delegación Sur de la Secretaría de Seguridad, al Parque de la Vida en Ibarrilla, intervenir el Parque Chapalita, modernizar la Deportiva Enrique Fernández, la mejora de la deportiva San Miguel, y el puente en Barranca de Venaderos.
La oposición, unos con más argumentos que otros, sostiene que el Gobierno debe primero apretarse el cinturón en los gastos antes de recurrir a la deuda. Suena lógico, pero lo que nadie en la discusión tiene claro es en dónde meter la tijera.
Independientemente de lo que pase con la deuda, habrá que esperar a que los ánimos en el Cabildo se serenen y, junto con la tesorera Graciela Rodríguez, arrastren el lápiz y pongan lupa en gastos innecesarios y nómina que está de más.
Las dos caras de Martha Hernández
La diputada local panista Martha Hernández Camarena tiene un doble discurso respecto a la atención de la violencia contra las mujeres. Al interior del Congreso hace todo lo posible porque no se toque el tema.
Pero al exterior, en su cuenta de Twitter presume lo contrario: que está haciendo mucho y está muy preocupada sobre este grave problema que aqueja a la población femenina. Le explicamos por qué.
El 24 de agosto, en la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, de la que ella forma parte, la diputada priísta Yulma Rocha Aguilar, presidenta de ese grupo de trabajo, propuso organizar tres foros para tratar los temas de violencia familiar, violencia de género y violencia vicaria.
El tema general de los tres sería la violencia vicaria en nuestro estado, que consiste en que los padres utilizan a los hijos para dañar a sus esposas o parejas. Sobre esto ya hay sobre la mesa dos iniciativas, una del propio PAN y otra de la “bancada feminista”, integrada por Yulma Rocha, Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, y Martha Ortega Roque, del PVEM.
Pero la primera en poner objeciones fue Martha Hernández, quien expresó: “Para el grupo parlamentario del PAN es una prioridad, pero una decisión ahorita sería precipitada”.
Propuso que se discutiera la propuesta en una comisión posterior, no dijo cuándo. “Queremos llegar en conjunto con el tema reforzado”, pretextó.
Sus compañeras de la bancada del PAN, Katya Soto y Noemí Márquez le hicieron segunda con justificaciones igual de débiles y a la hora de la votación rechazaron la propuesta.
Pero a partir de esa fecha, estuvo publicando mensajes en su cuenta de Twitter durante seis días, fingiendo estar preocupada por legislar la violencia vicaria. Es decir, en sentido contrario a lo que habló y votó en la Comisión para la Igualdad de Género.
Ese mismo día, publicó dos tuits que decían: ”Hoy estamos en vivo en la Comisión de la Igualdad de Género; analizamos propuestas para fortalecer, prevenir y atender la violencia vicaria, al igual que modificar diferentes disposiciones de la alerta de género”.
El otro: “Las diputadas de la Comisión de la Igualdad de Género estamos conscientes en la necesidad de legislar para reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria. ¡Juntas podemos hacer el cambio!”.
Nunca dijo que ella y sus compañeras panistas habían rechazado la realización de los foros sobre el tema que presumía. Pero siguió.
Días después subió una imagen que decía: “¡Protejamos! Los derechos de las mujeres y la infancia en contra de la violencia vicaria”.
Y otra: foto de una mujer joven, arrinconada en el piso, con la cabeza agachada sobre los brazos, en actitud de sufrimiento. Junto a ésta, un letrero que alertaba: “La manipulación psicológica y emocional en la niñez es ¡violencia!”.
Su mensaje adicional era: “presentamos una iniciativa para que se reconozca como violencia la manipulación psicológica y emocional de la niñez, en contra de algunos de los padres”.
El 1 de septiembre, publicó otra imagen, ésta de las manos de una mujer adulta abrazando las manos de un niño. El mensaje era:
“En el Congreso del Estado de Guanajuato buscamos erradicar la violencia vicaria creando un sistema jurídico que brinde protección a mujeres, niños y niñas”.
Y en el mensaje adjunto repitió el aviso del día anterior sobre la presentación de la iniciativa.
Camioneta blindada, la triste necesidad
Esta semana inició con la noticia de que el Ayuntamiento de Irapuato aprobó y realizó la compra de una camioneta blindada Chevrolet Tahoe High Country 2022 color blanco, con costo de 2 millones 937 mil 810 pesos, que será utilizada por la alcaldesa Lorena Alfaro.
La ciudad sigue inmersa en la inseguridad.
Al momento, la administración no tiene planes para comprar vehículos blindados para otros funcionarios públicos, y de acuerdo a la Oficial Mayor, Adriana Elizarrarás Sandoval, las adquisiciones se harían en la medida que se requieran.
Bajo las condiciones de violencia que prevalecen en varias de las ciudades del Corredor Industrial, lamentablemente las unidades blindadas para los alcaldes o alcaldesas han pasado de ser un lujo a una triste necesidad.
Después del terrible ataque mortal a Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, le preguntaron a la funcionaria estatal Sophia Huett, sobre la conveniencia de este tipo de camionetas blindadas para la protección de funcionarios, y respondió:
“Les parece en muchas ocasiones un gasto escandaloso, se ha cuestionado, se ha dicho que por qué se va a comprar un vehículo blindado el Alcalde, bueno pues creo que aquí está la respuesta”, dijo.
Algunos ediles de oposición (principalmente de Morena) mostraron su desacuerdo, y es natural que muchos ciudadanos critiquen la protección que tienen los políticos, mientras que los ciudadanos a diario están a merced de la delincuencia.
La realidad no se puede ocultar, está en las encuestas como la de Victimización y Percepción del Delito 2022 del Inegi, que indica que al menos 25 de cada 100 guanajuatenses han sido víctimas de un delito el último año.
Ya pasó casi un año desde el inicio de la actual administración municipal en Irapuato, en el que las autoridades han buscado ponerse las pilas para atender esta problemática social, que no es nueva, que no se va a acabar de un día a otro, pero que sí se puede y se debe controlar con el esfuerzo de sociedad y Gobierno.
MCMH