Parecía que se habían calmado las aguas y superado la contingencia política de que desde la instancia federal encabezada por el Presidente de la República se estuviera solicitando primero, y después, hasta exigiendo la salida del cargo del fiscal general del Estado de Guanajuato, maestro Carlos Zamarripa Aguirre. Los ataques de las huestes del partido político Morena en el estado iniciaron desde el arribo del gobernador Diego Rodríguez Vallejo, presuponiendo que dentro de los cambios en su gabinete estaría incluido el entonces Procurador General de Justicia, cuando no fue así, sino ratificado, vinieron presiones para que saliera.
Luego vendría la reforma para tornar a las Procuradurías de Justicia, a Fiscalías estatales, y allí arreciaron los ataques contra Carlos Zamarripa para evitar fuera designado el nuevo Fiscal por nueve años más de vigencia como se aprobó la reforma; no obstante, el Congreso del Estado aprobó su designación y nombramiento.
Vinieron variados episodios criminales a lo largo y ancho del estado atribuibles a la banda de un sujeto apodado “El Marro”, al cual le sumaban que contaba con la protección del fiscal Zamarripa, pero la sorpresa vino cuando fue la propia institución presidida por el propio Zamarripa Aguirre quien en un operativo conjunto lo detuvo y puso a disposición de un Juez, quedando detenido y anulado.
Este episodio vino a calmar las aguas por un tiempo; pero cada vez que suceden hechos criminosos escandalosos, como las masacres, vuelven los líderes locales de Morena, sus diputados y una senadora a exigir la salida del Fiscal, porque no da resultados, pero al menos ya no provenían los comentarios y ataques desde Palacio Nacional, creíamos había una tregua o acuerdo para respetar la autonomía del Estado y de la propia Fiscalía.
Pero no era así, el jueves por la mañana en su acostumbrada conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a que el Fiscal de Guanajuato debe salir y dejar el cargo porque tiene más de quince años; agregó que ha pedido al gobernador Rodríguez Vallejo lo destituya, pero que ni siquiera él ha podido hacerlo porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, “muchas agarraderas” (Periódico A.M. Página 1, sección A, principal).
Así lo ha hecho en 2020, 2021 y ahora en el 2022, insiste en provocar la salida del Fiscal.
Pregunto a los amables lectores, ¿será esta la razón o la condición para poder atender las súplicas del gobierno y ciudadanos de Guanajuato, para dotarnos de agua financiando un buen proyecto, otorgando el presupuesto suficiente para el desarrollo integral de nuestro Estado, o para autorizar y proporcionar los recursos económicos para las obras urgentes que se han solicitado?
O sea, ¿el precio será la cabeza de Zamarripa y así se atenderían las necesidades de Guanajuato desde el Ejecutivo Federal? Yo creo que ni así.
Lo más incomprensible es que ni con todo el poder que tiene un Presidente de México, como tener a su disposición a la Secretaría de Hacienda con el SAT, a la Fiscalía General de la Nación, al servicio de inteligencia más sofisticada del Ejército y de la Marina; y otras áreas de información y seguimiento como la Secretaría de Gobernación, en casi cuatro años no haya encontrado un punto débil o vulnerable al fiscal Carlos Zamarripa, para proceder en su contra y finalmente desahogar esa obsesión por quitarlo de en medio para no sé qué fines o causas, ni en sus relaciones sociales o familiares; si se insinúa o especula que tiene nexos con grupos criminales o que es muy corrupto, ya lo podría haber descubierto a estas alturas. Al menos en una aplicación de lógica elemental.
MTOP