Fuerzas Armadas en las calles ¿sí?
En el debate por la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el Gobierno de Guanajuato y los alcaldes toman distancia.
La polémica iniciativa que presentó el 2 de septiembre la diputada federal del PRI, Yolanda Torres (de quien nadie se acuerda pues incluso ya pidió licencia) fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero en el Senado Morena y sus aliados no han alcanzando los votos necesarios y han pospuesto la decisión.
Ya antes ambas Cámaras avalaron que el control de la Guardia Nacional pase a la Sedena, en sentido contrario al mandato constitucional de ser una fuerza civil.
El PAN a través de su presidente nacional, Marko Cortés y de sus diputados federales y senadores, han sostenido el argumento de que eso significa ahondar en la militarización, y como está probado con la violencia diaria, no es ese el camino.
El presidente López Obrador desde las mañaneras acusa todos los días a la oposición de doble moral y aprovecha para lanzar dardos contra los legisladores guanajuatenses, con el argumento de que aquí están desplegados miles de elementos de corporaciones federales que contribuyen en tareas de seguridad.
La discusión, para variar, se polariza en sí o no a más fuerzas armadas, en blanco o negro. Lo que no se escucha en ninguno de los bandos son propuestas concretas que sí resuelvan de fondo y en serio la violencia del País y de nuestro terruño que hace años no ve una salida.
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez seguramente para no abrir una confrontación con la Federación y el Presidente, evita fijar una postura. Repite una y otra vez la buena colaboración y coordinación que se tiene con el Ejército y la Guardia Nacional.
De visita en el Senado esta semana para inaugurar una exposición de productos guanajuatenses y hablar de la “mentefactura”,
Diego Sinhue dejó en manos del Congreso la definición sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas, lo que sí lamentó fue la eliminación del Fortaseg que dejó sin recursos a policías municipales.
El llamado fue a no politizar el tema de seguridad pero sí evaluar el desempeño de la Guardia Nacional para revisar fríamente si están dando o no los resultados.
En la misma sintonía declara la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, quien por cierto ayer asistió a la toma de protesta de la gobernadora panista de Aguascalientes, Tere Jiménez, y posó para las fotos con la crema y nata azul.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, optan por el silencio en ese y otros temas.
Navarro, directo
Los alcaldes de todos colores también agradecen la colaboración de agentes federales, dicen trabajar coordinados, pero dejan en la cancha del Legislativo si es necesario o no, y hasta cuándo, la permanencia de Fuerzas Armadas en las calles.
El que sí fue directo en mostrar sus reservas a la militarización es el alcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña.
Primero dijo que de la Guardia Nacional, aunque en su ciudad hay unos 50 elementos, no siente un respaldo.
Mencionó que la razón principal es porque los elementos se sienten insatisfechos con sus tareas de vigilancia, además que carecen de elementos jurídicos para poder hacer alguna acción, por lo que sólo son una fuerza de acompañamiento.
A la pregunta directa de alargar la permanencia de Fuerzas Armadas al 2028, opinó: “El Ejército, la Marina, no fueron creados para hacer labores de seguridad pública, ni de proximidad con la ciudadanía. Su deber es muy específico, y en este sentido no respaldamos esa postura. Creemos que la proximidad social, la propia seguridad de los municipios, debe estar a cargo de las policías municipales preventivas”.
Javier, emoción y ¿resultados?
El Primer Informe de Gobierno sirvió como catarsis en medio del duelo que vive Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, pero quedaron dudas sobre la estrategia de seguridad que se emprendió.
A casi un mes y medio del asesinato de su hijo Guillermo Mendoza, el Alcalde rindió un emotivo primer informe de resultados con voz entrecortada, lágrimas y ovaciones de los asistentes, en su mayoría funcionarios y trabajadores municipales.
Tras la muerte de su hijo, Mendoza Márquez no ha vuelto a dar entrevistas a medios de comunicación, por lo que era importante conocer su sentir y conocer la actualidad del estado que guarda el Municipio.
El Alcalde reconoció por primera vez que pensó si valía la pena continuar en el cargo y en varias ocasiones puntualizó el precio tan alto que ha tenido que pagar por intentar resolver la problemática de violencia que vive Celaya.
El evento sirvió también para que el gobernador Diego Sinhue y funcionarios estatales respaldaran el trabajo del Presidente y aseguraran, una vez más, que Celaya no está sola.
Más allá de lo emotivo, lo cierto es que durante casi una hora y media de discurso, el Presidente Municipal habló poco sobre seguridad .
Javier Mendoza solo dedicó siete minutos a hablar de la acciones y resultados de seguridad y rehuyó por completo a ofrecer detalles sobre las acciones para combatir las extorsiones, el delito que más le está pegando a los celayenses.
Lo que sí presumió fue el inicio de la instalación de las nuevas cámaras de seguridad de las cuales no ha revelado cuál es la empresa proveedora y cómo se eligió a la misma.
La cerrazón de las diputadas panistas
Algo pasa entre las diputadas locales del PAN que se niegan rotundamente no solo a escuchar a la sociedad en los temas de mujeres, sino también al Gobernador de Guanajuato, el líder máximo de su partido.
El sábado de la semana pasada, en el Encuentro Nacional de Acción Juvenil, entre los varios consejos que Diego Sinhue dio a los jóvenes panistas, y en general a los legisladores locales y federales, dirigentes estatales y nacionales ahí reunidos, pidió que el PAN “se abra” y discuta todos los temas.
Pero por lo visto las diputadas locales panistas de la Comisión de Igualdad de Género: Katya Soto Escamilla, Noemí Márquez Márquez y Martha Hernández, no escucharon este mensaje, porque no admiten ni siquiera escuchar hablar a quienes piden dejar de criminalizar a las mujeres que abortan.
Y es que el martes, esas diputadas del PAN rechazaron la propuesta de la diputada priísta Yulma Rocha Aguilar de que personal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) acudiera ante la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso a exponer su opinión sobre la despenalización del aborto.
Ojo, sólo se trataba de escuchar, nada más. No se iba a discutir ni a votar nada. Se negaron a escuchar un clamor de cientos de jóvenes que suena en las calles de todo el país cada vez con más volumen.
Esto porque había llegado hace algunos días al Congreso la postura de este instituto federal que apoya la despenalización del aborto, en específico la iniciativa que al respecto hizo el PVEM el 30 de septiembre de 2021.
Pero la diputada Katya Soto Escamilla precisó que ese documento había llegado a la Comisión de Justicia y no a la de Igualdad de Género, por lo tanto, no debería tratarse ahí.
La diputada priísta afirmó que ella como presidenta tenía la facultad de traerla también a esa comisión. La diputada Edith Moreno Valencia, de Morena, expresó que le parecía un tema importante y le gustaría escuchar a Inmujeres.
Pero se votaron las posturas y las panistas ganaron por incluir ese punto en el orden del día y, por lo tanto, no llamar al Inmujeres.
No obstante, Rocha Aguilar dio su postura y dijo que la opinión del Inmujeres era para fortalecer el debate fuera de la burbuja legislativa, porque el no atender este derecho es criminalizar a las mujeres.
“Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo equivale a un trato cruel. Viola el derecho humano a la salud. La intención de la presidencia de reunirse con Inmujeres era hacer un análisis más profundo. No podemos cerrarnos a escuchar.
“Evitar que las mujeres accedan a un aborto seguro es violencia contra las mujeres. Yo no estoy a favor del aborto, tengo dos hijos, en lo que estoy en contra es de que se criminalice a una mujer por querer interrumpir su embarazo”, afirmó Yulma Rocha.
Piden PVEM y Morena escuchar al Instituto
El diputado Gerardo Fernández González, del PVEM, presente en la sesión, leyó parte del documento del inmujeres, que habló de la iniciativa presentada por esa fracción el 30 de septiembre de 2021 para despenalizar el aborto.
Ahí se refiere que es indispensable armonizar la legislación de Guanajuato con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que es inconstitucional la legislación que penalice el aborto.
Agregó que discutirlo es traer a la mesa un tema relevante y trascendente. “Podemos o no estar de acuerdo, pero vale la pena escuchar las voces de opiniones contrarias a la nuestra, porque es la mejor forma de construir democracia”.
La diputada Edith Moreno dijo que como representante de los guanajuatenses tenía la obligación de informar e informarse.
“Estamos aquí para dar derechos, no para quitarlos”.
Y reclamó: “El hecho de que haya paridad en las curules, con hombres y mujeres, no significa que estemos representadas. Vamos a pensar qué le vamos a decir a las mujeres para decidir sobre una maternidad no deseada”.
Pero no hubo razones que valieran. El rechazo a escuchar se mantuvo, bajo el débil argumento de un simple trámite parlamentario que podía salvarse sin ningún problema.
Es oportunismo político: PAN
Al final de la sesión de la comisión, las diputadas del PAN dieron su razón a la negativa de escuchar al Inmujeres, que es la de siempre que la oposición aborda este tipo de temas.
“Claro que estamos a favor de la mujer, pero no estamos de acuerdo con el proceso legislativo. Que no se malinterprete, es un oportunismo político”, sostuvo Noemí Márquez. Reiteró que ese documento había sido enviado a la Comisión de Justicia, que preside una diputada del PAN.
Katya Soto insistió: “Esto es un oportunismo político, porque no estaba en el orden del día”.
Martha Hernández: “Estamos en la mejor disposición de escuchar, de participar, pero hay una ley orgánica y hay un procedimiento”, sostuvo.
Sólo se les pedía escuchar una postura distinta a la que conocen. El no fue rotundo.
PAN, llamado a prueba
En la primera sesión del periodo que inicia, el coordinador de la bancada mayoritaria, Luis Ernesto Ayala Torres, sostuvo en su mensaje un llamado a todas las fuerzas políticas a encontrar coincidencias dentro de sus diferencias. Ojalá.
“En las diferencias, pero sobre todo en la posibilidad de expresarlas, está nuestra fortaleza como país y como estado. No nos está permitido perder ese logro. Dejemos a un lado la tentación de que las diferencias políticas impidan reconocer lo que hemos logrado.
“Hagamos a un lado el adjetivo para colocar en primera instancia el argumento y cedamos el espacio a las ideas, para evitar que la descalificación ocupe un lugar que deben tener las propuestas”, expresó el panista en la tribuna.
Ayala Torres convoca a menos ocurrencias y más propuestas que sí sirvan.
“La eficiencia en la actuación de este poder no puede medirse por el número de iniciativas presentadas o por el protagonismo en la voz del recinto”, dijo.
Y dejó clara la agenda que el PAN desea empujar: reforma para tener acceso al agua en fraccionamientos en proceso de regularización; prestación de servicios de salud sin costo; garantizar oportunidades de educación superior; y el fortalecimiento de
Fondos Guanajuato como una banca de desarrollo que acerque más opciones de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En el mensaje comprometió atender las iniciativas que han presentado colectivos para mejorar las leyes de Búsqueda y de Atención Integral a las Víctimas.
Pronto sabremos si el ánimo de apertura azul pasa de los dichos a los hechos.
MCMH