Esta semana presenté en la Cámara de Diputados un exhorto al titular del Ejecutivo federal para pedir que las medidas de control de riesgos sanitarios y fitosanitarios que realizan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en materia de alimentos y productos, garanticen que sean aptos para su consumo. Le solicité dejar sin efectos el “Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC)” en aquellas disposiciones que representan riesgos sanitarios y fitosanitarios para el país publicado en el DOF este mismo mes.
Por los considerandos que describo infra líneas, demandé de manera urgente a los titulares de la COFEPRIS y el SENASICA a que, informen a la opinión pública cómo se garantizará la seguridad de los alimentos y productos que se importan al país a fin de que sean aptos para su consumo en un país de 136 millones de habitantes.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y el Ejecutivo federal argumentaron la necesidad del APECIC, que, por aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas que han contribuido a la alta inflación anual en México.
El Ejecutivo al firmar el APECIC, confía, en las pocas empresas firmantes del pacto, la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. La autoridad, en el marco de esta “Licencia única”, suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Estimados lectores, con esta licencia, se da un cheque en blanco a las empresas a llevar a cabo la “auto verificación necesaria” que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
El APECIC viola la ley en materia de control sanitario de los alimentos, al implementar mediante un instrumento de carácter administrativo, acciones que son contrarias a la legislación nacional vigente y pondrán en riesgo a la población.
La Ley General de Salud (art. 194) establece que, el ejercicio del control sanitario será aplicable al proceso, importación y exportación de alimentos, así como de las materias primas, que intervengan en su elaboración. Entiendo por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables, siendo la COFEPRIS la responsable de evitar daños a la salud, estableciendo sanciones al que, por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a sabiendas de ello, autorice u ordene, por razón de su cargo en las instituciones alimentarias la distribución de alimentos en descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro. La pena va de seis meses a dos años de prisión o pena pecuniaria de 500 a 5 mil días de salario mínimo general vigente.
Además el APECIC viola la normatividad en materia fito-zoo-sanitaria, pues la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) debe determinar aquellos productos para uso o consumo animal que por sus condiciones de inocuidad, eficacia y riesgo requieran de registro o autorización. Además, dicha dependencia determinará, en disposiciones de salud animal y de inocuidad de bienes de origen animal, aquellas buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura y actividades de sanidad y bienestar animal, que deberán observar los establecimientos de sacrificios de animales y de procesamiento de bienes de origen animal.
También se pone en riesgo al país al violar las disposiciones de la Ley de Sanidad Vegetal, al eliminar por ejemplo el diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales. Igual ocurre al desregular en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que tiene como finalidad, promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales encaminadas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el control de plagas.
Me parece un grave error del gobierno mexicano que en otro decretazo con aparente “buena intención” someta a riesgos la salud de los mexicanos y la seguridad agroalimentaria del país. Esperemos que los legisladores de Morena aprueben este exhorto. Están jugando con fuego.