Ignorantes, la mayoría de la gente creemos que el DIF (Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada) es una institución asignada a las esposas de los ejecutivos federal y estatal, y como consecuencia, en su caso, a las consortes de los presidentes municipales. Es un juguetito, con el cual las señoras se entretienen realizando actos asistenciales hacia la comunidad.
Pero la realidad es otra, se trata de un complejo entramado de políticas públicas clasificadas y ordenadas desde el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF comprende: la protección de niños, niñas y adolescentes; la atención a población vulnerable y la asistencia e inclusión social. Se trata de un organismo establecido por la Ley General de Salud (art. 172) y la Ley de Asistencia Social (art. 27). Uno de sus máximos objetivos es el cumplimiento de los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Está normado por la Ley General de Salud, Ley de Asistencia Social, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Ley General de Víctimas. El organismo tiene asignadas ¡cuarenta y dos atribuciones! Establecidas para el cumplimiento de sus objetivos. Nada más.
Teniendo como fundamento el artículo 45 de la Ley de Asistencia Social, el órgano federal del DIF celebra convenios con los municipios para establecer programas conjuntos, promover la aportación de recursos financieros, distribuir y coordinar acciones de manera proporcional y equitativa, procurar la integración y fortalecimiento de los regímenes de asistencia privada y consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia pública de las entidades federativas.
El artículo 21 de la Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato indica que los Ayuntamientos en el marco del Sistema Estatal de Asistencia ejercerán las acciones para cumplir con el mandato de la ley. De allí deriva una profusa regulación a través de inspecciones, registros y elaboración de padrones, así como un procedimiento de certificación para las asociaciones dedicadas a enfrentar esta problemática. El DIF no es un juguete de “la primera dama municipal”, es parte fundamental de un sistema muy delicado, para implementar políticas públicas muy sensibles para la sociedad, ya que se trata de beneficiar a los grupos más vulnerables de la comunidad.
La temeridad de convertir las acciones de un sistema municipal de asistencia, normado en el Reglamento Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en una plataforma de lanzamiento electoral de la esposa del alcalde Alejandro Navarro, expone el nivel de insensatez en el que se encuentra hundida la “pareja municipal” que cree ser dueña de esta localidad. Pero también desnuda la cobertura que, desde el DIF Estatal, se les otorga a sus malsanas ocurrencias, a través del respaldo de su director Gerardo Trujillo. ¡Utilicen el DIF para hacer política partidista y ganar elecciones! Parece aconsejar el funcionario estatal. Total, solo comprometerán la susceptible función de cuidar a niños, niñas y adolescentes, la asistencia e inclusión social y la atención a la población vulnerable. Poca cosa, con tal de defender la marca electoral, según indicaciones del gobernador en turno.
Las acciones asistencialistas de los gobiernos deben de ser atendidas con mano de seda. Por su importancia están minuciosamente reguladas. Lo peor que puede suceder es arrojarlas a la zahurda de la política trianual como plataforma electoral de una candidata obsesionada por el logro de fama y reconocimiento, dentro de una sociedad que se lo niega.
La presidenta honoraria, es una funcionaria pública para estos efectos, existen precedentes jurisdiccionales con respecto a su inclusión dentro del artículo 108 de la Constitución. Por lo tanto, está sujeta al régimen de responsabilidades. Que quede claro: la esposa de nuestro alcalde no es la reina del DIF, que, sin remordimiento alguno, acarrea personas para llenar las gradas de un gimnasio aplaudidor de un informe, que en el mejor de los casos, debería rendirse al Ayuntamiento. El sistema lo gobierna un patronato, no una señora con ambiciones políticas. Con ánimos de defender la neutralidad de la institución, debería de renunciar, de inmediato, a la presidencia del DIF.