Un accidente de tránsito. Un burdo accidente de tránsito. Según la serie documental Duda razonable. Historia de dos secuestros (2021), esta es la única razón de que tres personas hayan sido sentenciadas a cincuenta años de cárcel. Interesado en constatar cómo funciona nuestro nuevo sistema penal acusatorio, instaurado a partir de la reforma de 2008 y puesto en marcha en 2016, Roberto Hernández -conocido por dirigir y coproducir, junto con Layda Negrete, Presunto culpable (2011), la película que mejor exhibió la pavorosa disfuncionalidad de nuestro modelo anterior- se trasladó a uno de los primeros municipios que lo implementaron: ni más ni menos que Macuspana, la tierra natal del presidente López Obrador. Allí se topó con el caso de Héctor Muñoz, acusado junto con Darwin Morales, Gonzalo García y Juan Luis López -a quienes afirma que no conocía en absoluto-, de un intento de secuestro y de un secuestro anterior, cuando su única culpa, según su testimonio, fue reclamarle a un conductor que le había dado un golpe cerca de una gasolinera.
Al verse increpado, este le disparó en la mano a Héctor, se dedicó a perseguirlo y, con la ayuda de la policía municipal, le dio alcance; poco después, los agentes también detendrían a los otros tres presuntos implicados que fueron llevados a las oficinas de la Fiscalía de alto impacto de Tabasco donde fueron torturados. Como afirma el propio Hernández en uno de los momentos más sobrecogedores de la serie, en este estado el 78% de los detenidos sufren torturas o maltratos, cifra que se eleva a 97.5% en los acusados de secuestro. Liberados una vez que no se encontraron pruebas suficientes para retenerlos en prisión, tres de ellos -Gonzalo, Héctor y Juan Luis- volvieron a ser detenidos de inmediato y más adelante fueron sentenciados a tres años de prisión por tentativa de secuestro, pena elevada a cincuenta por un tribunal de segunda instancia. Como se muestra en Duda razonable, el proceso estuvo plagado de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, mientras la parte acusadora se contradijo constantemente, sin que ello alterase la voluntad de la Fiscalía y los jueces y magistrados de castigar severamente a los imputados.
Tras un largo periplo con dos abogados, el caso al fin ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha hecho público un proyecto que les concede a los tres el amparo liso y llano: es decir, la libertad inmediata. Antes de ello, deberá ser votado por sus colegas, algunos de los cuales podrían llegar a detenerse en un aspecto técnico que podría echarlo abajo: acusados y amedrentados, los acusados no apelaron en su momento por las irregularidades del proceso; Gutiérrez Ortiz Mena considera que ello no debería invalidar su petición: como en tantos otros asuntos, resulta mucho más relevante hacer justicia frente a un proceso desigual e injusto que apegarse a la letra de la ley, como suelen hacer tantos y tantos de nuestros miopes jueces en todas las instancias. El proyecto no se cimenta en ocurrencias benevolentes, sino en la Constitución, que no exige este requisito a quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social.
Si revisar el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta para Una novela criminal -tanto el libro como la serie televisiva- me permitió observar y documentar el absoluto desastre de nuestro anquilosado sistema de justicia anterior, Duda razonable permite concluir que, si bien la introducción del modelo acusatorio ha constituido un avance que impide la manipulación arbitraria del expediente, no ha servido para disminuir otras tantas fallas, como las que aquí se vuelven evidentes, incluyendo la persistencia de la tortura. Porque, una vez más, no nos hallamos frente a una excepción desafortunada, sino ante la oprobiosa regularidad de una falsa justicia que, más allá de todas sus reformas, continúa garantizando la impunidad y el predominio de los poderosos.
@jvolpi