Por fin, después de tantos años de la brutal y criminal dictadura de Nicolás Maduro, hay una posible salida para la democracia en Venezuela. ¿Cuál es? Elecciones libres y supervisadas internacionalmente en el 2024. Pero es un camino minado.
Desde que Maduro llegó al poder por dedazo, tras la muerte del golpista, autoritario y todopoderoso Hugo Chávez en marzo del 2013, miles de opositores han sido asesinados, torturados y encarcelados. Se trata de “crímenes contra la humanidad”, según un reporte del año pasado de Naciones Unidas. “Maduro, apoyado por otras autoridades, es el principal arquitecto de una maquinaria con el propósito de reprimir a sus opositores”.
La oposición ha hecho todo lo posible para acabar con la dictadura de Maduro -desde marchas multitudinarias y protestas durante años hasta buscar sanciones internacionales y la creación de un gobierno alternativo- pero nada ha funcionado. La razón es sencilla: el régimen ha reprimido con inusual violencia cualquier intento de rebelión.
Al final, fue la valiente presión de la oposición política dentro de Venezuela y las sanciones internacionales las que doblaron a Maduro y lo obligaron a enviar a sus representantes a una mesa de negociaciones en la Ciudad de México. Ahí, hace unos días, negociadores de la dictadura y de la oposición -bajo la llamada Plataforma Unitaria Democrática- se pusieron de acuerdo para liberar 3 mil millones de dólares del Estado venezolano que estaban bloqueados en los mercados internacionales. Ese dinero será usado para programas sociales en Venezuela.
Poco después, Estados Unidos autorizó a la empresa petrolera Chevron a volver a operar en Venezuela. Además de esto, Estados Unidos intercambió en octubre a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores -acusados de narcotráfico-, por siete estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Todo esto tuvo que pasar para que se abriera la posibilidad de sacar a Maduro a través de unas elecciones en el 2024. “Esa es nuestra exigencia”, me dijo en una entrevista el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien asegura ser reconocido como el líder legítimo de la nación por “decenas” de países (incluyendo Estados Unidos). “No estamos mendigando. Estamos luchando por unos derechos”.
El modelo a seguir en Venezuela es el que ocurrió en 1990 en Nicaragua -cuando los sandinistas perdieron las elecciones frente a una coalición liderada por Violeta Barrios de Chamorro- o en Chile en 1988 -con un plebiscito que sacó del poder al dictador Augusto Pinochet.
Los venezolanos podrían sacar con votos a Maduro del Palacio de Miraflores. Pero no se le puede permitir a su gobierno organizar las elecciones ni contar los votos. Eso ya pasó en los fraudes electorales del 2013 y el 2018. Por lo tanto, es necesario que las elecciones presidenciales del 2024 sean supervisadas por organismos internacionales. Aun así sería muy difícil ganarle el juego a la dictadura.
Maduro, quien está muy vulnerable, dijo hace poco que sí aceptaría realizar elecciones, pero con condiciones. “¿Elecciones libres quieren? ¿Justas y transparentes?”, se preguntó hace poco el dictador. Y esta fue su respuesta: “Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales; que las quiten todas”.
Es obvio que las sanciones han calado y que este es el momento que la oposición ha esperado por casi dos décadas. Pero todas las facciones tienen que unirse y lanzar a un candidato presidencial único.
Todos los tiranos caen. Hasta Maduro.
¿A alguien se le ocurre otra idea?
Posdata peruana. Se equivoca el presidente López Obrador al defender a líderes antidemocráticos y corruptos. Es un grave error proteger a un golpista como Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso de Perú, imponer toque de queda y gobernar por decreto. De la misma manera, AMLO salió en defensa de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue encontrada culpable de defraudar al Estado y de corrupción. Confunde y preocupa que el Presidente salga a defender a Castillo y a Fernández solo porque son izquierdistas, como él. Qué parámetro tan pobre. Lo que hicieron Castillo y Fernández es ilegal y jamás debería ocurrir en México. Hacerles el juego es un camino muy peligroso.
@jorgeramosnews