Las últimas semanas han sido días difíciles para la Policía de León, pues se han venido presentando varios asaltos a casa habitación y se han generado acciones de sus elementos que exhiben la ausencia de protocolos de actuación.
Una incursión de la delincuencia en nuestras propiedades o en nuestras posesiones no solo nos roba la parte material, que es lo menos importante, sino que también se lleva nuestra tranquilidad, le arrebata la inocencia a nuestros niños, desaparece el idealismo de nuestros jóvenes, borra la paz de nuestros padres y destruye la confianza en las autoridades.
El mayor acierto de esta Administración municipal, y concretamente de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, es haber aplicado una depuración policiaca que ya está llegando a los 600 elementos dados de baja.
Para esto se necesita valor y sentido de responsabilidad, pues de nada sirve tener una policía muy grande, pero infiltrada; definitivamente es mejor contar con menos pero mejores elementos, limpios y con el compromiso real de proteger a los ciudadanos.
Pero ¿qué están haciendo esas 600 personas ahora que ya no están en la Policía? Hace unas semanas le hice esta pregunta al secretario de Seguridad, Mario Bravo, y se limitó a responderme que se tiene un seguimiento de cada uno, y que muchos se dedican a manejar Uber o han puesto pequeños negocios, pero su respuesta no fue lo suficientemente convincente ni creíble.
Ante la limpieza que se está haciendo en la Policía, es obligación del Secretario de Seguridad llevar un completo y minucioso monitoreo de todos los elementos que han salido, los cuales en muchos casos son jóvenes, están capacitados, se saben organizar y cuentan con información, de manera que si se dejan llevar por el camino del mal, se convierten en bandas delincuenciales en potencia.
Otro hecho preocupante evidenciado recientemente es la desviación en los protocolos en la actuación de algunos de los elementos policiacos, lo cual ha provocado que en muchos casos se estén violando los derechos humanos y vulnerando la dignidad de ciudadanos.
Ya vimos que nuestros policías no saben qué hacer cuando se trata de detener y revisar a los menores de edad, y menos si son niñas; tampoco aplican ni el criterio ni los reglamentos cuando se trata de detener e interrogar a jóvenes ciclistas que van a su trabajo; y tampoco han aprendido a tratar a los detenidos de una manera digna, y sobre todo segura.
Todavía la semana pasada vi llegar una patrulla a Cepol Norte con una mujer esposada a la estructura de la caja trasera, exhibiéndola y poniendo en riesgo su integridad.
Lamentablemente, ante los hechos arriba mencionados, las reacciones de la Secretaría de Seguridad leonesa han sido las de siempre, tratar de justificarse pidiendo a las víctimas que denuncien, como si eso fuera a resolver el problema, como si con una denuncia se abriera el baúl de la inteligencia y de ahí saliera la solución mágica para enfrentar la problemática.
Saber qué están haciendo los policías despedidos y garantizar que los policías en activo apliquen protocolos de actuación adecuados, es responsabilidad absoluta del secretario de Seguridad de la ciudad; y es inaceptable que se ponga como pretexto las certificaciones (CALEA) que tiene la Policía leonesa, pues los derechos humanos están por encima de cualquier cosa.
Cuando las autoridades son rebasadas o son incapaces, es cuando la sociedad debe exigir resultados, pero no desde la comodidad de los apapachos en los consejos, sino desde la tribuna ciudadana que denuncia, que señala, y que exige seguridad para las familias que solo quieren alcanzar un clima de prosperidad para los habitantes de nuestra querida ciudad.