Por: Guillermo Sheridan

Ayer lunes, Bernardo Bátiz, quien ha sido, profesor y diputado, y es hoy consejero de la Judicatura Federal, publicó en La Jornada un editorial titulado “Tesis en entredicho (apuntes de un observador)” en el que hace algunas observaciones, emite juicios sumarios y hace a sus lectores varias preguntas que, en realidad, están dirigidas a mí. Le respondo.

Para empezar, juzga que ventilar el asunto del plagio es “un asunto mediático y mal intencionado para dañar”. Es curioso que alguien que fue procurador de justicia emita una sentencia así de tajante. Es como, antes de acusar el daño que causan los ilícitos, acusar a quien lo denuncia de tener la mala intención de dañar a quien cometió el daño. Bueno. Luego juzga que “es de la Universidad de donde salió la acusación”, lo que no es menos curioso: un procurador de justicia confunde a un universitario con la Universidad, falacia que les procura poca justicia a ambos, aunque mucha a su prejuicio.

El asunto es académico, no mediático. Si adquirió dimensión mediática es porque la protagonista de este problema académico particular pertenece a la más alta autoridad judicial del país, como usted sabe, pues es su subordinado. Y esto es algo que naturalmente importa a los medios. Si se convirtió en “un escándalo, una escandalera”, como juzga usted, es porque escandaliza que quien está encargada de impartir justicia hoy la haya burlado para titularse ayer.

Se queja el jurista de que haya sido la mía “una acusación sorpresiva, inesperada”. Recordará el jurista Bátiz, supongo, la pregunta de Juvenal: “¿quién vigila a los vigilantes?” En una democracia lo hacemos los vigilados, es decir, la ciudadanía, cuyo deber cívico incluye atender y criticar a los vigilantes. Creer que vigilarlos es “inopinado” (es decir, sin pensar) es no entender el escrutinio público del que los vigilantes no están exentos.

Le parece “chocante” que un académico se sumerja “en añejos archivos y cajas polvosas” y encuentre dos tesis idénticas. Extraña tal opinión en un procurador de justicia, cargo que supone entender qué son los archivos. O en un profesor, pues en el ámbito académico también son invaluables. No son cajas polvosas, sino esenciales fuentes de datos y reflexión. Y más aún el archivo de las tesis, como el de la UNAM, donde se guardan tanto la suya de licenciatura (“La libertad y el derecho”) como las mías, y se guardan porque son conocimiento vivo y activo, no polvo.

“¿Qué lo motivó? ¿Quién se lo pidió? ¿Por qué se le ocurrió?”, pregunta, y concluye judicialmente que “por curiosidad malsana”. Bueno. Me motivó ver un video en el que la ministra hablaba de su deseo de presidir la Corte y lo hacía en un español muy defectuoso. Eso motivó mi curiosidad ciudadana y busqué sus escritos. Hay pocos, pero vi que había una tesis y cuando ingresé su título salieron dos tesis idénticas. ¿Qué habría hecho ante eso el profesor Bátiz?

Me pregunta usted insistentemente por qué lo denuncié, pero no se pregunta usted por qué la ministra firmó una tesis firmada un año antes por otro. ¿No le provoca curiosidad sana al profesor de derecho que seguramente vigilaba la honestidad de sus alumnos? A saber, pero ahora cree usted que inhibir el plagio académico ni sirve de nada ni aporta nada. Confío en que cuando fue usted procurador habrá pensado en que impedir ilícitos sí servía y sí aportaba. Y que cuando fue profesor sí entendía que, como plagiar es el ilícito más grave en el ámbito académico, importa impedirlo y castigarlo.

Dice usted que los “celosos defensores de la pureza de las tesis se quedaron callados” ante el plagio de Peña Nieto. No fue mi caso, pero sí el suyo: es usted quien no dijo nada. Yo escribí en 2016 un comentario que está en la web, “Visita a un reglamento”, en el que denuncié ese plagio, critiqué que la Universidad Panamericana juzgase que no se podía castigar a Peña Nieto porque su título era un “derecho adquirido” y terminé preguntando cómo puede ser un “derecho adquirido” un título que se consiguió violando el derecho.

Una pregunta que aún no se responde…

 

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