El manifestarse es un derecho consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución federal, mismo que señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros…”; por ello, es obvio que la manifestación de comerciantes cerrando totalmente algunas calles y bulevares de la ciudad el sábado pasado, si bien fue legítima, también afectó los derechos de los comerciantes legalmente establecidos, de los usuarios del transporte público que no pudieron llegar a su destino, y de los automovilistas que vieron afectado el traslado a su trabajo.
Más aún, el cerrar calles que se consideran vías de comunicación de uso público, con el fin de generar presión y caos, se tipifica como un delito de acuerdo al artículo 230-A del Código Penal Federal, y peor aún, si en estas acciones participa un servidor público, también se actualiza una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que su artículo 7 fracción I, que establece los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, señala que estos últimos deben “actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones”.
Y todavía se pone peor, pues si ese servidor público es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, es decir que quien debe velar por proteger los derechos de los ciudadanos afectados por la manifestación, ¡resulta que era quien la estaba convalidando con su participación!
Para muchos de nosotros no fue una sorpresa la participación del regidor de Morena, Antonio Cabrera, pues desde que empezó esta Administración, esa ha sido su forma de operar. Podemos confirmar que el mencionado edil ha participado en por lo menos 15 manifestaciones de todo tipo, desde pescadores de la presa del Palote, contra SAPAL, para pedir pavimentaciones, contra la construcción de ciclovías, contra desalojos del Poder Judicial, para exigir permisos para comerciantes y, por supuesto, contra el ajuste tarifario en el transporte público; en resumen, es un campeón del oportunismo, pero sin asegurar que su finalidad sea realmente la de buscar solución a las quejas de los ciudadanos, sino más bien, se acerca a la intención de obtener una rentabilidad política.
Parece que al citado regidor le gusta ejercer su responsabilidad como representante popular mediante la creación del caos y la anarquía con el objeto de desestabilizar al gobierno, pero no le agrada del todo el ceñirse al cumplimiento de la ley y los reglamentos, esto se ve claramente en casi todas las comisiones y sesiones del Ayuntamiento, pues es el único edil que no respeta los tiempos de intervención, faltando el respeto al cabildo en su conjunto.
Cuando lo invitaron a debatir con quien esto escribe el tema de los asesores de los regidores, lo rehuyó; cuando se le llamaba al orden en las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria por no respetar su tiempo, se enojó y abandonó la sesión; y cuando se trataba de agredirnos e insultarnos por haber llevado a cabo el ajuste tarifario al transporte, en lugar de hacerlo él, prefirió llevar a personas (adultos y niños) a manifestarse al salón de Cabildos.
La izquierda dogmática y radical poco aporta para nuestra democracia. ¿Qué futuro tiene León si los que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos son los primeros que los violan?
LALC