Las 6 mujeres
Esta semana fue de horror en Guanajuato. Fuimos testigos de la tragedia de seis mujeres desaparecidas juntas en Celaya y halladas calcinadas en Juventino Rosas.
También del caso del joven empresario de Irapuato Jair Martínez, privado de su libertad el domingo a plena luz del día. Familiares denunciaron su desaparición e informaron a la Fiscalía de la ubicación de su teléfono en una casa de la colonia Las Reynas. La vivienda fue cateada un día después, la noche del lunes, y fue encontrado sin vida.
De ambos casos se reportaron detenidos. Hay que poner lupa hasta la sentencia.
Además, esta semana las incansables buscadoras localizaron fosas clandestinas con restos de cuerpos, ubicadas en los municipios de Silao (dos cuerpos), Irapuato (ocho) y Juventino Rosas (tres). En este último municipio también se localizaron cinco cuerpos el jueves flotando en un canal pluvial.
Desde octubre 2021 que tomó protesta el nuevo Gobierno Municipal en Juventino Rosas, el Ayuntamiento liquidó a su Policía para sumarse al Mando Único a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), pero la violencia continúa.
La semana de horrores también registra el asesinato de una pareja de policías de Tarimoro atacados en su casa.
Hace dos semanas, en este mismo espacio quedó consignada la detención del director de Seguridad Pública de Romita Roberto N, y tres oficiales, vinculados a proceso penal por presuntamente haber entregado a tres jóvenes a un grupo criminal, quienes aparecieron sin vida en una fosa en ese municipio.
El Informe Anual de Atrocidades que elabora Causa en Común, pone a Guanajuato en 2022 como la segunda entidad con más de estos casos, con 547, solo 58 menos que Baja California con 605, y arriba de Michoacán, Morelos y Estado de México. Por número de víctimas de atrocidades fue tercero con un total de 763.
Cuento de nunca acabar…
Y así puede seguir la macabra historia que consignamos desde 2018, el año que Guanajuato escaló al primer lugar en cifras absolutas de víctimas de homicidio doloso y así cerró hasta el 2022. En ese periodo de cinco años el registro oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de ¡18 mil 96 víctimas de homicidio doloso!
De la violencia contra mujeres, las marchas del 8M evidenciaron la gran deuda.
En enero en el País se contabilizaron 230 víctimas mujeres de homicidio doloso, encabezando la lista Estado de México con 34 y Guanajuato con 32. En 2022 la entidad terminó primero con 413 víctimas, seguido de Baja California con 276.
En llamadas de emergencia por violencia familiar Guanajuato aparece en primero con cuatro mil 958 en enero; en víctimas mujeres de corrupción de menores primero con 28. Y en víctimas mujeres de lesiones dolosas registró 577 en enero, en segundo lugar.
Los políticos (todos) aparecen en una realidad alterna. AMLO con su concentración en el Zócalo; el fiscal Carlos Zamarripa en una comparecencia inútil en el Congreso; el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, presidió un evento de CALEA en el C5i;
Diego Rodríguez nada ha dicho tras conocerse de las mujeres asesinadas. Eso sí, diputados y funcionarios se divirtieron en el Rally Guanajuato 2023.
Los temas ausentes en comparecencia
A pesar de que duró tres horas y media la comparecencia de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del Estado, ante el Congreso local el lunes, dos temas de vital importancia no fueron abordados por él con la profundidad que amerita por ser dos de los tres graves problemas de violencia en Guanajuato: los feminicidios y la desaparición de personas.
Y hubo un tercero que de plano nadie tocó: los cientos de homicidios dolosos cada mes.
Esto se debió, primero, a la reticencia tradicional del funcionario encargado de la persecución de delincuentes a abordar los temas espinosos de su área.
Y en segundo lugar, a la falta de tiempo para que el Fiscal diera explicaciones amplias, como ameritan los temas, pues el formato de comparecencia que impuso Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno, ante la inconformidad de toda la oposición, limita la argumentación y el debate.
Así es imposible abordar temas espinosos y Zamarripa tiene oportunidad de evadirlos..
En materia de feminicidio, las principales cuestionadoras del tema fueron la priista Yulma Rocha y la morenista Alma Alcaraz. En síntesis, preguntaron por qué matan a tantas mujeres en Guanajuato pero muy pocos de esos crímenes son clasificados como feminicidios.
Alma Alcaraz destacó que en 2022, solo se clasificó el 2.16% como feminicidio, por lo que Guanajuato es un caso atípico a nivel nacional.
Y en 2023 ninguna muerte de mujeres ha sido clasificada como feminicidio.
Yulma Rocha coincidió con la morenista en que le preocupa la disparidad que hay entre homicidios dolosos y feminicidios.
Porque le recordó que toda muerte violenta de mujeres tiene que ser investigada con perspectiva de género, pues así ya lo ordenaron tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero señaló que la Fiscalía le respondió de manera previa por escrito, que no comparte esto, porque se tiene que investigar conforme al tipo penal que marca el Código Penal.
Feminicidios, no tipificados
A pesar de tantas preguntas y señalamientos irrebatibles, Carlos Zamarripa nunca explicó a cabalidad porqué tantos homicidios de mujeres no son clasificados como feminicidios.
Sin entrar al fondo, el Fiscal del Estado dijo que haciendo un análisis de los diferentes tipos penales del Código, el feminicidio es un tipo penal de los que más supuestos tienen. Y que en este rubro no es una cuestión de criterio, sino de que se acredite el delito.
Destacó que en feminicidio y tentativas de feminicidio, somos la entidad federativa con más sentencias, pero no dio las cifras.
Yulma Rocha señaló que sobre la desaparición de mujeres, a ella le respondió la Fiscalía -por escrito- que no tienen nada que ver con ningún delito ni con crimen organizado.
Pero esto contradice lo que él ha dicho en varias ocasiones, de que sí tienen que ver con el crimen organizado.
Mencionó que, por cierto, acababan de desaparecer seis mujeres en Celaya días antes. Y esa fue la única mención que mereció este último tema para los 26 diputados asistentes de los cuatro partidos: PAN, Morena, PRI y MC.
Nadie le preguntó a Zamarripa por esas mujeres celayenses que no habían regresado a su casa y una semana después, fueron halladas sin vida.
Como tampoco los legisladores abordaron a fondo la crisis humanitaria que ya tiene a Guanajuato con un récord de más de tres mil 100 desaparecidos al inicio del año.
Solo David Martínez, de Morena, preguntó por el gasto de los fondos de apoyos a víctimas y Dessire Ángel, de MC, por la contradicción en algunas cifras.
Pero nadie preguntó sobre las razones por las cuales están desapareciendo guanajuatenses todos los días, ni qué está haciendo la Fiscalía para encontrarlos.
Eso solo dio pie para que Zamarripa presumiera sus logros en la creación de una aplicación para reportar desaparecidos, que ya ganó un premio del INAI.
Y dijo que al 3 de marzo de este año, solo de 2023 tienen 104 personas desaparecidas en el estado. Pero no más.
Gobierno, distante
La nueva tragedia que conmocionó Celaya (la desaparición y muerte de seis mujeres) evidenció la lejanía del Gobierno Municipal para atender un caso tan relevante que nunca había ocurrido en Guanajuato.
El fin de semana pasado, cuando la noticia de la desaparición tomaba fuerza, el Gobierno celayense no se hizo presente.
El elegido para dar la cara fue el coordinador municipal de Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy, quien a lo largo de la semana intentó explicar que el Gobierno Municipal estaba respaldando a las familias con apoyo psicológico y jurídico.
Durante los últimos días ha sido evidente la ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera, quien no ha aceptado ni una sola entrevista para explicar por qué la zona donde desaparecieron las mujeres sigue siendo una de las más peligrosas de la región.
El alcalde Javier Mendoza emitió un breve discurso durante un foro de mujeres donde aseguró que la desaparición forzada le dolía mucho y pidió a los familiares acercarse para recibir apoyo.
Sin embargo, el Gobierno celayense no atendió a los familiares de Yoselin Daniela Zamorano que intentaron ingresar a la Presidencia Municipal a protestar porque la joven no había sido localizada en la fosa donde encontraron a las otras cinco mujeres.
En medio de la presión de los manifestantes, no les quedó otra que dejar entrar a los familiares para reunirse con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez.
En el Congreso nadie sabe, nadie supo
El 6 de octubre de 2022 la diputada Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 1 y 117 de la Constitución del Estado en materia de movilidad.
En concreto, proponía que los municipios estén obligados a incluir en su planeación los temas de movilidad. Además de que puedan asociarse municipios colindantes con el mismo fin.
En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la panista Susana Bermúdez Cano, se anotaron los pasos, es decir, el procedimiento a seguir, como en todas las iniciativas: se consultó a municipios y algunas dependencias estatales.
Ya luego en la mesa de trabajo, donde se discuten las propuestas, Carlos Rodríguez, representante de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, dijo que una iniciativa igual, pero presentada por el PAN en la Legislatura anterior, ya se había aprobado en el Congreso el 13 de septiembre de 2021, unos días antes de terminar esa Legislatura.
Pero no solo eso, sino que al enmendar la plana al Congreso, de la Coordinación Jurídica le informaron también que dicha reforma se había mandado a aprobación de los 46 municipios, porque fue reforma constitucional.
Y más, que la iniciativa fue aprobada por 19 municipios, y nada más faltan algunos para que entre en vigor. Como la ley marca que tienen que ser la mitad más uno de los 46, con 24 son suficientes. Y en enero y febrero habían llegado dos más. O sea, había 21 y faltan nada más tres.
Peeeeero, y este es el meollo del asunto, nadie, absolutamente nadie en el Congreso se acordaba o sabía eso, a pesar de que varios diputados están en su segunda vuelta.
Y aquí caben desde la diputada Susana Bermúdez, presidenta de la Comisión, que cuando asumió el cargo de legisladora recibió, en la entrega-recepción de la comisión, un paquete con los pendientes legislativos, entre los que se encontraba este, pero por lo visto ni cuenta se dio.
Pero también se les pasó a Diana Torres, la secretaria técnica de la Comisión de Gobernación; a Jorge Sopeña, director de Apoyo Parlamentario; a Carolina Medina Vallejo, directora de la Unidad de Seguimiento y Análisis Legislativo.
¡Y dejaron correr una segunda iniciativa para algo que ya se había aprobado desde hace más de un año!
Hasta que llegó alguien del Gobierno del Estado y les avisó de algo que es su chamba. ¡Qué oso!
Así que en la sesión del pleno del 9 de marzo Dessire sacó a relucir el trámite inconcluso con un exhorto para que los municipios que faltan de pronunciarse lo hagan.
Pero en lugar de reconocer el error, la diputada Susana Bermúdez respondió que sí sabían todo lo anterior, pero no quisieron decirlo. ¿O sea que ella perdió e hizo perder a sus compañeros diputados, empleados y asesores de la comisión año y medio en eso solo por no decirlo? Claro que no.
MCMH