El viernes 24 de marzo pasado, al término de un evento del Colegio de Notarios en Guanajuato Capital, se presentó un grupo de víctimas de fraude por venta de inmuebles en León, aprovechando la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo exigieron justicia para proceder en contra de los defraudadores; en su mayoría las afectadas son mujeres que acudieron ante el grupo delincuencial que ofertaba casas, precisamente con la necesidad de una vivienda.
Las mujeres manifestantes informaron que también se reunieron con el fiscal Carlos Zamarripa y con la presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrada María Rosa Medina Rodríguez.
Si bien el número de víctimas oscila entre 80 y 100 según la información noticiosa, el monto de las cantidades obtenidas dolosamente sería aproximadamente 50 millones de pesos, no obstante, la importancia que detectamos en este nuevo grupo de personas defraudadas son la forma, las circunstancias, elementos y documentación utilizada, lo que los criminólogos denominan “modus operandi”, el cual fue un procedimiento, en nuestro concepto muy sofisticado, que no habíamos observado en estos casi 40 años de experiencia litigiosa.
Tratándose de que los probables responsables son un grupo de abogados ostentándose bajo una firma de nombre Punto Legal, integrada por un núcleo familiar en donde el pater familia es abogado, la madre experta en ventas inmobiliarias y los dos hijos varones involucrados también abogados, la preparación y elaboración de las maniobras para obtener el dinero voluntariamente de las víctimas, provoca una seria dificultad para percatarse y demostrar que en realidad están cometiendo un delito.
Y es que primeramente, este conjunto familiar de apellidos Franco Ríos, publicitaba a través de redes sociales, principalmente Facebook la venta de casas, con ofertas increíbles, incluyendo fotografías reales a un precio muy bajo, aunque aclarando con letras más chicas que se trataba de remates bancarios. Allí mismo venían los teléfonos de contacto y en ocasiones hasta los nombres de las personas que fungían como agentes de ventas, normalmente nombres de mujer.
Acto seguido, los interesados en esas ofertas al llamar por teléfono se engancharon y fueron atendidos por las agentes, en las oficinas de Punto Legal ubicadas en bulevar Las Torres y otras en el Centro. Presentaban a los incautos una lista de casas invitándolos a recorrerlas para observarlas, pero con la advertencia de que no podían molestar a los ocupantes ni mostrarlas por dentro, porque aún estaban en trámites legales bancarios, a punto de culminar en adjudicación y remate para ellos. Los clientes potenciales al ver aquella oferta preguntaban qué garantía tenían y cómo sería la venta, a lo cual se les señalaba que todo estaba protegido con dos contratos ANTE NOTARIO PÚBLICO (así con mayúsculas, como reafirmando que el hecho de contratar ante un Notario Público era garantía de certeza y legalidad); y el siguiente paso era requerir la cantidad de 350 mil pesos o más.
La clave consistía precisamente en el contenido y firma de estos dos contratos ante Notario Público, que les daban confianza a las víctimas, seguras de que pronto tendrían su ansiada casa; craso error, porque en realidad lo que firmaban era una compra o cesión de “derechos litigiosos” de la propiedad escogida. El segundo contrato consistía en los servicios jurídicos que prestaría la firma legal para litigar esos derechos, fijando como parte de esos honorarios la cantidad entregada; sin embargo, esos juicios tendrían que atenderse hasta llegar al remate y adjudicación.
Como suele suceder en este tipo de fachadas empresariales, mientras las personas están en la etapa del convencimiento se les recibe con mucha amabilidad, con atenciones, ofreciéndoles bebidas y botanas, pero una vez que ya entregaron el dinero y firman, cuando regresan a reclamar son atendidas por personal evasivo, bien preparado para ello, y según platican algunas de las víctimas que llegaron a ir acompañadas por abogados, eran recibidas hasta con amenazas y por grupos de guardaespaldas o “elementos de seguridad privada”, muy agresivos y groseros.
Por otro lado, también comentaron algunas de las perjudicadas que para poder ver a los abogados Franco Ríos, Francisco y Fernando, a veces tenían que acecharlos para cuando llegaran o salieran de sus oficinas en sus automóviles de lujo, pero los elementos de seguridad impedían acercarse a ellos. Así ha transcurrido el calvario, valga la comparación con esta Semana Santa, de estas personas engañadas y defraudadas.
El gobernador Rodríguez Vallejo empeñó su palabra en que intercedería ante el fiscal autónomo Zamarripa, para que designe a los Ministerios Públicos más competentes para integrar estas carpetas de investigación eficientemente y presentar ante los Jueces Penales de Oralidad estos casos de conductas antisociales que han agraviado a un gran número de leoneses.
Ignoramos si los Notarios que intervinieron en la elaboración de estos contratos, conforme a sus obligaciones, leyeron y explicaron a cada uno de los contratantes el contenido, objeto y alcance de lo que estaban firmando; además de que si los inculpados acreditan la existencia de los derechos litigiosos en su favor y la firma Punto Legal acredita sus gestiones y actos jurídicos realizados para llegar a los fines del contrato, estará muy difícil acreditar el medio comisivo y el dolo previo existente; aunque lo más probable es que por el número y cúmulo de personas quejosas les sea muy difícil llevar a cabo esta acreditación de cada uno de los interesados y en su caso evitar la acción penal.
Un asunto muy difícil, todo un reto para el fiscal Zamarripa y su equipo de trabajo, que de resolverlo favorablemente satisfaciendo a las víctimas, le redituará en un gran apoyo de la opinión pública y de la ciudadanía general. ¡Manos a la obra!
MTOP