El Instituto Nacional de Migración (Inami) depende de la Secretaría de Gobernación, por lo que, en el caso de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, estas son las dependencias responsables de lo sucedido.
Pasaron tantas cosas que derivaron en el peor siniestro ocurrido dentro de instalaciones gubernamentales, en principio encargadas de dar un trato humano y digno a migrantes, no solo de México sino de cualquier país.
La Fiscalía General de la República aprehendió a seis presuntos responsables del incendio que, al momento, ha provocado la muerte de 39 personas y lesiones de distintos grados a otras 28.
Calcinados o asfixiados fue como encontraron la muerte de pesadilla quienes iban en busca del sueño americano, truncado por una realidad en sus países y en México.
De los detenidos, seguramente faltan más como es el caso del delegado del INM, el contraalmirante Salvador González Guerrero, quien ordenó que no les abrieran las puertas, a pesar de que se expandía el fuego, según lo sostiene por versiones directas, el abogado de las víctimas, Jorge Vázquez Campbell.
Otros medios, y activistas de derechos humanos, dan cuenta del grado de corrupción que impera en la dependencia donde se le refiere al Delegado como un prepotente director de penales, además de llevar una vida ostentosa.
Los abusos eran tales que los inspectores del Inami extorsionaban a los migrantes que piden dinero o venden productos en las calles, para no ser llevados a los centros de internamiento.
El fuego que inició por acción de un migrante (ya detenido) recibió de parte de un guardia cigarros y encendedor, con el que prendió los colchones, según se aprecia en uno de los videos que se difundieron en redes sociales, para todo el mundo.
Son dos guardias de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA (presuntamente propiedad del Cónsul nicaragüense, pero con prestanombres en México), a quienes se les detuvo y presentó ante la FGR, junto con los tres funcionarios de Inami y el migrante referido.
El incendio fue a manera de un motín como protesta por las condiciones en que se les tiene a los migrantes, entre las que se encuentra la falta de alimentos y la amenaza de deportación.
Sobre esa empresa van las autoridades, como lo informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿Por qué? Por irregularidades como la de tener designados solo a seis guardias en nómina cuando su contrato era por 604.
A esta compañía se le hizo por lo menos un contrato por 30 millones de pesos para dar el servicio a todas las estaciones migratorias del País.
La migración es un fenómeno social que se da en nuestro continente de manera especial por las condiciones deplorables en que se vive y por las cuales se prefiere arriesgar la vida en pos de mejorar la misma.
Creo que no ha sido en nada positivo militarizar el control migratorio en lugar de contar con personal civil capacitado, primero en trato humano y segundo en labor administrativa para los trámites de asilo o refugio.
No se puede entender que de toda esa responsabilidad se deslindara el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y echara la bola caliente a la Cancillería, porque aparte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Y esto no es de hace poco, como lo dijo don Adán, porque la Comar fue establecida por decreto del presidente José López Portillo, el 22 de julio de 1980.
Las solicitudes de refugio en nuestro País se han incrementado exponencialmente a raíz de las políticas de inmigración que endureció Trump y que continúa Biden. En esa condición está la mayor parte de los migrantes centro y sudamericanos que están en nuestro País.
Esas personas, mujeres, hombres, adultos mayores y muchos niños, piden refugio; no son criminales, sino más bien víctimas de criminales.