Guanajuato, San Luis, y la ruta de migrantes

La denuncia por la desaparición de un grupo que partió de Guanajuato rumbo a Saltillo Coahuila y que fuera privado de la libertad en San Luis Potosí, puso al descubierto el control de redes de tráfico de migrantes y grupos criminales.

Además de los asaltos en carreteras que ponen en riesgo a todos los que circulan.

Lo peor de todo fue que el hecho cobró la vida de un trabajador leonés, Joel Juárez Sánchez, chofer originario de León, de 36 años, quien solamente cumplía con su chamba.

Desde el principio de este caso privó la confusión y hasta hoy las dudas no se aclaran.

Lo que han dicho autoridades potosinas es que localizaron a los dos choferes leoneses (uno sin vida y otro con vida). El alcalde de San Felipe, Lalo Maldonado, reporta que había dos más originarios de ese municipio, pero que no tienen problema, que siguen su ruta.

Ninguna autoridad en Guanajuato ha dicho con claridad cuántos son los guanajuatenses que estuvieron desaparecidos, qué fue lo que le pasó a cada uno y cómo se encuentran.

¿Por qué mataron a Joel? ¿Quién o quiénes lo mataron?

La Fiscalía General de Guanajuato que comanda Carlos Zamarripa, a donde habría llegado la denuncia inicial, no ha emitido ninguna información sobre los hechos y su trabajo. 

La primera que comunicó algo fue la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el miércoles 5 de abril por la tarde, confirmando la desaparición de guanajuatenses y asegurando la coordinación con autoridades de San Luis hasta localizarlos.

La versión de que eran 23 guanajuatenses se difundió a partir de la denuncia de Osvaldo González, de la empresa Grupo Eifel, y de la cual se activaron las fichas de búsqueda al perder el rastro de dos camionetas con pasajeros en Matehuala SLP. Un representante de la empresa reportó que pedían 60 mil pesos por cada uno para liberarlos.

A la confusión, el primero que abonó fue el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, quien teniendo como fondo el letrero de La Quemada (comunidad de donde se dijo eran los viajeros), emitió un mensaje en redes para decir que ya venían sanos y salvos. Al siguiente día dijo que eran solo dos de esa tierra, pero que no hubo desaparición ni secuestro.

Eran migrantes, no hay detenidos

Por la noche del mismo miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, anunció en Twitter, fotos y videos de dos helicópteros que apoyarían la búsqueda. 

Al siguiente día, jueves a las 11:26 p.m., el gobernador Diego Sinhue agradeció en un tuit la cooperación de las FSPE y Protección Civil Guanajuato para localizar a los 23 desaparecidos. Horas antes se informó que los rescatados son 35, y que son migrantes.

Se supone que en ese grupo de 35 localizados irían los dos choferes leoneses, no se sabe si también los de San Felipe. En este hecho no se reportó ninguna persona detenida.

Las autoridades potosinas y el Gobierno federal desplegaron un operativo inédito (carreteras, zona desértica, casas de seguridad, hotel) y localizaron 121 personas privadas de su libertad y/o de sus pertenencias. Al final solamente hubo dos detenidos.

Y para abonar aún más a la confusión, medios estatales de San Luis Potosí retomaron un texto compartido por el staff de Comunicación Social de esa entidad que destaca la actuación de las autoridades locales y federales, pero no la colaboración de Guanajuato. 

“Al final la verdad siempre triunfa, y quedó al descubierto que los pasajeros de esas unidades eran indocumentados”, dicen. Es decir, señalando a la autoridad de Guanajuato y a la empresa de transportes de difundir que eran 23 guanajuatenses, y que no era así.

La pregunta es: ¿en qué cambia la tragedia de secuestrar a turistas o a los migrantes? El problema es contundente: hay un grupo(s) criminal que opera en San Luis Potosí, y hay también una red de tráfico de indocumentados.

¿Y John Robert Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato? A pesar de ser un fenómeno que debe preocuparle, no asomó la cabeza.

En delito de robo a transportista en San Luis Potosí registró en 2022 un total 474 carpetas de investigación (303 con violencia y 171 sin violencia), 20% más que las 392 de 2021, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El tema de asaltos a transportistas y conductores en general es otro del que tampoco Guanajuato puede voltear a otro lado. Hay un gran número de denuncias en la carretera federal 45 entre Celaya y Querétaro y recientemente en la León-Lagos de Moreno.

Otra vez la conclusión es que tenemos autoridades (todas), rebasadas por el crimen. Lo lamentable es que nadie puede hoy asegurar que estas tragedias no se seguirán repitiendo.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, David Martínez, se congratuló de que las personas migrantes hayan sido encontradas, reconoció el trabajo de las autoridades locales de Guanajuato y San Luis, en conjunto con la Guardia Nacional, y pidió claridad.

“Esperamos que las autoridades del Gobierno del Estado de Guanajuato rindan un informe puntual sobre este suceso y las acciones que se estarán llevando a cabo para evitar nuevos casos como el ocurrido”, sostuvo.

Alejandra se rebela

Ante las señales tan evidentes de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez eligió a Libia Dennise Muñoz para buscar sucederle, la alcaldesa leonesa Ale Gutiérrez ya se rebeló.

En primer lugar, dice un directivo panista, Alejandra enfrentó amablemente a Diego y le dijo que ella peleará la candidatura contra Libia y todo aquél que se le atraviese. No la desanima que el Gobernador cedió toda su agenda pública a Libia Dennise para que la conozcan los guanajuatenses.

Hace meses que figura más Libia, secretaria de Gobierno, que el jefe Diego Sinhue, sin importar que se trate de reuniones importantes en las que se requiere la cabeza principal del Estado.

Hay ejemplos en León, Celaya, Irapuato, Guanajuato, y otras ciudades, en las que esperan al Góber y aparece Libia Dennise.

Incluso ya es una indicación conocida que los asuntos importantes se ajusten a la agenda de la Secretaria de Gobierno, como el anuncio oficial de que regresa el futbol a Irapuato con un equipo de Segunda División cuya franquicia viene directa de la Federación Nacional.

La franquicia costó poco más de 2 millones y ya se empieza a armar la Trinca. El apoyo del Estado fue muy importante para destrabar el lío que impidió que hubiera futbol en Irapuato.

Ahora los irapuatenses esperan que Libia tenga un hueco en su agenda para que haga el anuncio oficial y meta el primer gol en la cancha fresera.

Sin permiso del  ‘jefe’ Mares 

Sin permiso de Diego Sinhue ni del “jefe” estatal del PAN, Eduardo López Mares, Alejandra Gutiérrez recorre todo Guanajuato y para que nadie le diga que desatiende sus obligaciones con los leoneses, dedica los domingos a visitar a los panistas.

Nomás falta que se reúna en catacumbas o calabozos para que López Mares no la acuse de hacer campaña anticipada e intente sancionarla para dejar el camino libre a Libia Dennise.

Hay ciudades en las que no tiene que esconderse, como en Irapuato, en donde gobierna la panista Lorena Alfaro, quien hace unos meses figuraba también en la lista de aspirantes a la Gubernatura pero parece que desistió y ahora vende caro su amor.

Lorena aún no decide si vende sus votos a Ale o apoya a Libia, con las dos aparentemente tiene buena relación. Lo que es un hecho es que no peleará la candidatura a gobernadora a ninguna de las dos.

De Ale “La Wera” Reynoso se sabe menos aunque su actual cargo de senadora le permite recorrer Guanajuato sin que alguien le reclame, pero la verdad es que el round final se prevé entre Ale Gutiérrez y Libia Dennise García.

Encuestas ‘al gusto’

Por cierto, cada vez con más frecuencia aparecen encuestas de preferencias de votos. Un día sale Libia con más preferencia de votos y a la semana siguiente resulta que Ale Gutiérrez está en el pico más alto.

De plano no hay a cuál creerle porque todas las encuestas tienen patrocinadores y ya conocemos el dicho: “El que paga, gana”.

Y no se diga cuando en la encuesta aparece el ingrediente de Morena; en algunas aparece a 20 puntos abajo del PAN, en otras disminuye la diferencia a 10 y 8 puntos y hay otras con menos distancia. De plano, “el patrón manda”.

Por ahora más vale escuchar las voces de las élites del PAN y de Morena. Los azules están conscientes, pero sin preocuparse mucho, de que la pelea en el 2024 será dura mientras que los morenos cada vez están más separados en dos grupos, los que apoyan a Ricardo Sheffield y quienes siguen a la familia Prieto o a la senadora Antares.  

Lo único que une a los morenos es el presidente López Obrador y el repartidor de dinero en programas sociales.

Los aciertos de Libia y Ale

Las dos mujeres con poder en Guanajuato, ambas aspirantes a gobernadoras, compiten en aciertos y aparentemente están empatadas.

Libia tomó el toro por los cuernos, mejor dicho, enfrentó a notarios públicos que se consideraban intocables y que desde hace años hacían de las suyas, en perjuicio de incautos guanajuatenses y en beneficio de ladrones consumados.

Y Ale Gutiérrez entró a la boca del lobo, a la Zona Piel y pisó muchos callos. Ahora alista sus armas legales para repetir la embestida en la Miguel Alemán, en donde además de la invasión de comercio en las banquetas, las extorsiones cada vez son más frecuentes y la venta de artículos robados es un gran negocio.  

La Secretaria de Gobierno ganó muchos puntos a su favor porque la limpieza de notarios deshonestos estaba anunciada desde hace tres años y por alguna razón su antecesor, Luis Ernesto Ayala, actual diputado local, no se atrevió a dar el paso definitivo. Las investigaciones quedaron guardadas en el escritorio.

Ale Gutiérrez también obtuvo puntos buenos al atreverse a ordenar la Zona Piel. Su antecesor Héctor López Santillana nunca se molestó en poner orden al desorden de las 26 plazas comerciales que rodean la Central Camionera.

Ni siquiera atendió lo más evidente, la invasión de banquetas, ni la violencia que empezó a generarse en toda la zona.

López Santillana simplemente no pasaba por la Zona Piel. 

Para las dos políticas vienen aún pruebas difíciles: Ale tiene un plan de obra pública de más de 5 mil millones de pesos y Libia enfrenta el cierre de los notarios mal portados, la asignación de nuevos fiats y la plataforma digital del Estado para todos los taxis de Guanajuato.

Morir en los separos

La muerte del joven Antonio N. en los separos de seguridad pública de Salamanca hace casi dos meses, reveló una serie de omisiones del Gobierno morenista, según concluyó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. 

El joven falleció el 17 de febrero pasado, poco después de ser detenido por elementos de la Policía Municipal. 

La investigación y los peritajes confirmaron que Antonio se quitó la vida al estar detenido, pero pese a la presencia de oficiales y a que supuestamente era vigilado por cámaras, nadie se dio cuenta.

De acuerdo al expediente 0220/2023-B, de la Procuraduría, “Se probó que el deceso ocurrió cuando estaba detenido en los separos; por lo que, la autoridad municipal omitió su deber que tenía de proteger la vida de la persona que tenía bajo custodia”.

Otro hallazgo de la investigación es que de acuerdo a las declaraciones, ese día había solo un custodio asignado a vigilar las celdas y los monitores; custodio que, según el documento, fue enviado por un superior a la puerta del edificio a recoger unos alimentos para otro detenido, pero en el trayecto se entretuvo 12 minutos.

Según la investigación, la hora en que el custodio salió de los separos y la hora en que Antonio se quitó la vida, fueron coincidentes.

También se concluyó que quien revisó a l detenido a su ingreso a los separos, no era un médico legista sino un paramédico, nadie prestó atención al estado emocional de Antonio, quien según testimonios lloraba y se veía desesperado.

La Procuraduría también concluyó que el comportamiento de la víctima era suficiente para que alguien estuviera pendiente de él en todo momento.

El Gobierno encabezado por César Prieto Gallardo deberá reembolsar a la víctima indirecta los gastos económicos que hayan sido erogados, también realizar las gestiones necesarias para que las víctimas indirectas del caso reciban atención psicosocial.

Y además, el Municipio deberá ofrecer a la familia de Antonio una disculpa pública en la que se reconozca y acepte su responsabilidad en lo ocurrido.

Por lo pronto, la madre del joven ha dejado claro que esa disculpa debe darse a conocer en todos lados para que se sepan las omisiones en el Gobierno salmantino.

MCMH

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