El uniforme de policía, por sus características y por la condición actual del País, no es una compra sencilla de hacer; la tela, costuras y cierres deben ser resistentes para soportar el trabajo rudo y pesado que realizan los elementos, y también deben ser ligeros, considerando todo el equipo que deben portar los agentes, como chalecos, fornituras, radios, armas, cascos, etc.
Además, la tela debe ser de colores, diseños, distintivos y etiquetas que eviten la clonación, para que un proveedor pueda vender este tipo de uniformes al Municipio, sus prendas deben pasar severas pruebas de control de calidad, así como aprobar exámenes de laboratorio.
En cada licitación pública que lleva a cabo el Municipio, cada dependencia y la Tesorería deben hacer estudios o investigaciones de mercado que proporcionen información sobre los precios a los que se pueden y deben adquirir los bienes, esto con la finalidad de evitar los sobreprecios, y obtener también los precios mínimos en los que se pueden comprar los insumos que requiere la ciudad.
Esta semana se dio el fallo en una compra de seis mil 200 uniformes para los policías, que venía a restituir el inventario requerido para que la corporación no sufra inexistencias y que proporcione, por lo menos, de dos o tres juegos a cada elemento, para portarlos en su trabajo.
De la investigación de mercado llevada a cabo para la compra de estos uniformes, se obtuvo como resultado que el precio promedio por cada uno de ellos era de mil 981.28 pesos, lo que limitaba al Municipio a comprar, de acuerdo con el reglamento, a un precio dentro de un rango máximo de dos mil 179.41 pesos (10 % arriba) y mínimo de mil 188.7 pesos (40 % abajo).
Al momento de abrir los sobres de los cuatro proveedores que cotizaron y cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con todos los requisitos, se observó que solo uno de ellos ofrecía un precio dentro del rango aceptable arriba señalado, otros dos lo ofrecían muy por arriba del precio permitido, pero había uno que ofreció un precio inferior al rango permitido.
La primera interrogante que surgió fue: ¿Cómo puede un proveedor ofrecer un precio más bajo habiendo cumplido todas las pruebas de control de calidad y de laboratorio, con una diferencia total de menos de 2.6 millones de pesos?
Bajo una interpretación estricta del reglamento, la Dirección de Adquisiciones de la Tesorería Municipal debía de asignar el contrato a la empresa que ofreció el precio dentro del rango establecido por la investigación de mercado, sin la posibilidad de otorgar el contrato a quien ofreció el precio más bajo.
Obviamente el estudio de mercado falló, pues no consideró los precios reales a los que se podían adquirir estos productos, pero también existe la posibilidad de que ese estudio haya sido manipulado o que se haya filtrado información privilegiada a los proveedores, en cualquier caso, el Ayuntamiento no puede ni debe comprar uniformes a quien no ofreció las mejores condiciones.
Con base en el artículo 63 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, que señala que los procedimientos de contratación pueden ser cancelados cuando de continuarse pudieran ocasionar un daño o perjuicio a la administración pública, e invocando los preceptos constitucionales consagrados en el artículo 134 de nuestra Constitución Federal, que señalan que los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez; se decidió por unanimidad que la licitación fuera cancelada.
Ante las limitaciones de recursos que tenemos como ciudad, no podemos permitirnos el despilfarro de estos, y mucho menos bajo circunstancias poco claras.
Vamos a reiniciar la licitación, con una nueva investigación de mercado, y también sería bueno que la Contraloría Municipal iniciara una investigación, ¿o no?
LALC