Como usted recordará, el viernes 28 de abril, el reportero del Sol del Bajío, y editor del diario digital Corresponsal Zona Bajío, Ángel Galindo, fue detenido y remitido por la policía municipal con violencia, y luego tratado con saña y crueldad en las instalaciones del Centro de Detención Municipal, de la Comandancia Municipal C4.
El sábado 29 de abril en conferencia de prensa, afuera de la presidencia municipal, Ángel Galindo mostró la evidencia física del trato cruel, inhumano y degradante que le dieron durante su detención, traslado, custodia, y liberación del Centro de Detención municipal ubicado en el C4. Acusa actos de tortura.
El Sol del Bajío informó: “el reportero fue detenido, golpeado y torturado por elementos de la Policía Municipal, quienes lo llevaron a la Comandancia dos horas después de la detención, en donde continuó la tortura, lo que le provocó fractura en una costilla del lado derecho, esguince cervical, esguince en la muñeca derecha, así como múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo”.
Después de este hecho, vinieron diversas posturas que dimensionaron la trascendencia y consecuencias legales que desató ese evento. El lunes 2 de mayo. La presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya, la regidora de Morena, María de San Juan Espinosa declara que “3 o 4 policías fueron despedidos el viernes pasado”. Una parte de la prensa informa que fue como sanción por agresión a reportero. Pero no fue así, la regidora se refería a otro caso, o a ninguno porque no aportó ninguna evidencia.
En la declaración de la regidora, omite señalar que la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ENCUENTRAN PROHIBIDOS DE MANERA ESTRICTA, COMPLETA, INCONDICIONAL E IMPERATIVA. Por una razón primordial, atentan contra la DIGNIDAD HUMANA, y se consideran DELITOS GRAVES. Minimiza el acuse de tortura, y lo acota a cursos y talleres, para que la policía “predique con el ejemplo”.
Igualmente omite, dado que tiene más de 18 meses en esa responsabilidad, que el delito de tortura SE INVESTIGARA Y PERSEGUIRÁ DE OFICIO, por denuncia o vista de autoridad judicial. Y pasa por alto, que “al Servidor Público que sin tener la calidad de garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa”. A la fecha, en esa mezcla de insensibilidad e ignorancia transcurren los días y la impunidad en el Ayuntamiento.
El martes 3 de mayo, en contraparte, Jesús Ignacio Rivera Peralta, informó al Sol del Bajío, que, “por estos hechos, se abrió una Carpeta de Investigación en la Fiscalía General de Justicia con el número 50290, tras la denuncia interpuesta por Ángel; mientras que en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también se abrió una investigación con el número 031/2023 y los policías implicados fueron separados de su cargo en tanto se llevan a cabo las diligencias correspondientes”.
Casi una semana después, el 5 de mayo, el ciudadano Presidente Municipal, Mendoza Márquez, ante la insistencia de la prensa, señaló: “todo el rigor de ley es insoportable y no toleraremos una más”, y confirmó que ya está investigando la Fiscalía General del Estado (FGE) y asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Cuatro días más tarde, el 9 de mayo, el Secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, en visita de trabajo a Celaya, declaró sobre los policías municipales que transgreden la Ley: “para mí sería la BAJA INMEDIATA Y LA DENUNCIA PENAL…, no debe haber tardanza en el actuar de la autoridad municipal…”. Y confirmó lo que es un secreto a voces: “CONOZCO DE MAS (casos), invito a la ciudadanía de que presente sus denuncias”.
Ese mismo día, 9 de mayo, sobre este tema, CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE, Fiscal General del Estado, dijo: “es un caso que está en proceso y ESTA PENDIENTE CUMPLIMENTAR LA ORDEN DE APREHENSION”. Por primera vez, hubo una noticia que alienta la confianza en la Fiscalía. Por otro lado, a pesar de las declaraciones de apoyo del municipio, obligadas por Ley, la atención médica a Ángel Galindo, la intenta cortar el municipio.
El 16 de mayo, se filtra en los medios de comunicación el rumor que no hay pruebas del ilícito policiaco y sí, evidencia de una conducta infractora de parte del reportero, que justificaría la acción policiaca. Le comento, la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA señala: NO SE CONSIDERAN COMO CASUAS DE JUSTIFICACIÓN o excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que existan o se invoquen CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES o situaciones EXCEPCIONALES.
Los servidores públicos de seguridad municipal deben tener claro, que NO CONSTITUYEN CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO DE TORTURA LA OBEDIENCIA A ORDENES o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten la comisión de este delito; que las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas. De acuerdo con el nuevo Reglamento de Justicia Cívica, debieron haberlas denunciado al Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez. ¿Lo hicieron?
El Secretario de Seguridad Estatal, Alvar Cabeza de Vaca, sobre estos hechos, pidió combatirlos “con toda la fuerza de la ley y erradicar de forma inmediata ese tipo de actuación”. Y la Ley señala: “pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días de multa; destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”, y “se aumentarán hasta en una mitad cuando: la CONDICION DE LA VICTIMA SEA PORQUE ES PERIODISTA O PERSONA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, y ello, sea la motivación del acto cometido. Hacer valer la Ley, eso sería un buen comienzo.
En Celaya nos encontramos a dos fuegos, el legal y el ilegal, eso es vox populi, por eso, esperamos que la investigación se realice con LA DEBIDA DILIGENCIA, es decir, garantizando “su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz; y deberán ser realizadas con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo”, tal como lo dice la Ley.
Con relación a la anterior, le comento, después de 8 meses de haberse aprobado el REGLAMENTO DE JUSTICIA CIVICA, finalmente convocan el miércoles 18 de mayo, a postulantes para la integración administrativa, y destinan un presupuesto ANUAL de 3.8 millones de pesos para NÓMINA. Le comento, esa cantidad es menor al costo de dos camionetas blindadas, una que usa el ciudadano Mendoza Márquez, y otra, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez, que suman 4.4 millones de pesos.
Con el nuevo Reglamento, que suplió al “BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO” se crearán 2 JUZGADOS CIVICOS, que suplirán al CENTRO DE DETENCION MUNICIPAL, en donde se han denunciado los delitos de TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, son 24 servidores públicos que entrarán en funciones.
Sería un gran ERROR que recontratarán al mismo personal, salvo que quieran SEGUIR con la sospecha ciudadana de que es EL CENTRO DE TORTURA MUNICIPAL, que hasta el día de hoy, involuntariamente pagamos los ciudadanos. Además, en la investigación sobre las denuncias presentadas, necesariamente aparecerá la colusión entre algunos servidores públicos que laboran en ese lugar.
El jaloneo por el control de los juzgados cívicos no es menor, por eso el desface entre una y otra información. Vea usted. El 16 de mayo, anuncian que “el equipo de cómputo, cámaras fotográficas y de vídeo, micrófonos, y el software del programa de computación que permitirá grabar y almacenar las audiencias, que se lleven a cabo en los Juzgados Cívicos, por ser de seguridad, su compra será por ADJUDICACION DIRECTA, para lo cual se asignaron 4 millones 690 mil pesos”. Como usted observará, anunciaron primero la compra del equipo y luego lo más importante la integración del personal. Mas de lo mismo, quien propondrá al proveedor será la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
Desde una lógica ciudadana, este equipo, debe estar en resguardo y operación de la Secretaria del Ayuntamiento y de la dirección de JUSTICIA CIVICA, para evitar el robo, bloqueo, inutilización o desaparición de evidencias como suele ocurrir. La POLICIA no debe ser juez y parte como hasta ahora, debe ser observada, vigilada y sancionada cuando cometa ilícitos, igualmente, reconocida y premiada cuando ponga en alto la vocación de servir y proteger a lo mas importante de la sociedad: la familia.
¿Estaremos caminando a la materialización de la JUSTICIA CIVICA o continuaremos con la INJUSTICIA CINICA? La moneda está en el viento.
Revolcadero.
Después de la represión que realizó el gobierno municipal -a petición de Roberto Castañeda Tejeda, director de Jumapa-, pretenden canjear el retiro de las denuncias penales por las de TORTURA. No hay comparación, además, como le señala la Ley, la TORTURA, el trato cruel, inhumano y degradante se persiguen de OFICIO, son imprescriptibles, y son DELITOS GRAVES. La denuncia puede escalar a tribunales internacionales, si no hay eco en el gobierno estatal o federal. La impunidad debe terminarse, ahora. ¿Se ha preguntado por qué en todos los embrollos se encuentra el ciudadano Gámez?