La aplicación de la ley tiene en sí misma el fin máximo de impartir justicia tanto para un infractor como para una víctima. En el caso de la joven oaxaqueña violada quien presuntamente mató a su agresor y que, por ello, le han impuesto una sentencia condenatoria, es un ejemplo pero de controversia.
El viernes pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció aplicar el indulto, si procede, dijo, hacia la joven de 23 años de edad violentada en el Estado de México, donde vive con su hijo de seis años.
La condena para Roxana es de seis años y dos meses de cárcel y la reparación del daño por 285 mil pesos, lo que ha provocado una serie de protestas de grupos feministas y asociaciones y colectivos civiles, además de debates en círculos jurídicos y políticos.
Roxana estuvo nueve meses en prisión por el hecho referido, fue liberada, pero ante la sentencia del Juez (hombre) ha sido reaprehendida y ni siquiera pudo estar con su hijo, en el cumpleaños de este.
Sí procede el indulto presidencial porque para ello, lo puede solicitar el Congreso de la Unión, un familiar o la propia persona sentenciada. Es un derecho que se plasma en el Código Penal de la Federación, que para tal efecto fue reformado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lo incomprensible es que la propia Roxana Ruiz dijo no, que no aceptaría el indulto porque ello significaría que realmente es como estar aceptando que es culpable de lo que se le acusa: “homicidio simple intencional, con exceso de legítima defensa”.
Roxana ha señalado a medios de comunicación distintos, que estamos en un país donde defenderte de una violación es un crimen. “Era su vida o la mía”, ha reiterado.
La joven debe reconsiderar que, para la sociedad, no es culpable de lo que hizo porque, como ella lo dijo, el agresor la golpeó y la amenazó de muerte, lo que es posible porque muchos de los violadores incurren en el asesinato, solo para que no haya quién los denuncie.
Estamos en un país en el que cada día ocurren en promedio 10 asesinatos de mujeres, unos considerados feminicidios y otros como homicidios, sin tomar en cuenta otros tipos de agresiones o violencia contra ellas, como las lesiones agravadas, en una sociedad de machismo exacerbado.
Se estima que solo uno de cada mil agresores sexuales es procesado y sentenciado en nuestro país; uno, por la cifra negra (falta de denuncias) y que gran parte de las agresiones sexuales ocurren dentro de la familia.
Según la reforma referida, que data de 2017, se indica que el indulto presidencial será por sí (motu proprio) o a petición del pleno de alguna de las cámaras, además de la solicitud del sentenciado o de sus familiares.
El Ejecutivo Federal, agrega el texto, deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales en los que pida su liberación o revocación de sentencia.
Aceptar el indulto, según mi punto de vista, no implica que aceptes la culpa sino solo una opción de alcanzar la libertad para seguir con tu vida cotidiana, aunque suene difícil porque Roxana vive una pesadilla.
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