Resulta muy lamentable la situación por la cual atraviesa la impartición de Justicia Federal en Guanajuato, con un rezago y acumulación de juicios orales de más de un año. Estas crisis parecen cíclicas, pues recuerdo que allá por fines del siglo XX, existió algo similar, pero en los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando solo había dos, y tenían una carga de asuntos, de manera tal que cuando iban a preguntar los abogados por algún expediente, el personal, respondía; “aún no hay resolución, vuelva dentro de un año”; así era de grave el ambiente de saturación de asuntos.
Recuerdo que hicimos llegar aquella información a los Ministros de la Corte, en especial a don Humberto Román Palacios, quien realizó gestiones ante el Pleno y ante el Consejo de la Judicatura Federal, con los escritos que presentamos y en menos de dos años se atendió el problema, creando más tribunales, habilitando Auxiliares y con ello se redujo notablemente ese retraso en la Justicia Federal.
Pero ahora, en realidad, nos encontramos ante un estado dramático de la alarmante etapa que atravesamos, sin espacio de estacionamiento para usuarios, con fechas para audiencias francamente kafkianas de hasta más de un año de distancia; ¿Dónde está la justicia pronta y expedita?
Tengo en mis manos un acuerdo de fecha 20 de febrero de 2023, correspondiente al juicio oral 1/2023, firmado por el Lic. José Eder García Reta, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato; en el mismo, se cita a la audiencia de Juicio Oral para llevarse a cabo el día 15 de abril a las 9:15 horas, del año ¡2024!, esto es, dentro de ¡14 meses! Ese es el tamaño y distancia del rezago de expedientes en este Centro de Justicia.
Pero existe un párrafo, especial, aclaratorio, inusual, incrustado, que nunca había visto. En el mismo se hace notar, existe una “imperiosa carga de trabajo; por ello, por cuestión de logística y dado el elevado número de juicios orales” y de otras audiencias, existe imposibilidad material para programar la audiencia conforme a los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, se afirma, y aquí, ojo reporteros, que las cifras se avalan en las estadísticas del propio Consejo de la Judicatura Federal, pues aún en pandemia de COVID-19, se celebraron 5,000 audiencias, lo cual se puede corroborar en el Sistema de Seguimiento de Expedientes a cargo de la Dirección General de Gestión Judicial.
Amables lectores, sé que no todos son matemáticos o expertos en estadísticas, pero si actualmente solo se cuenta con cuatro Salas y los mismos jueces para atender esta inmensa suma de expedientes, ¿cuántas Salas y Jueces más, con su respectivo personal adscrito, se necesitarán, para al menos, reducir el rezago a una tercera parte? O sea, para que solo haya un poco más de cuatro meses de retraso.
Así como en su momento el excelente Ministro Román Palacios atendió nuestro llamado, ojalá y esta entrega llegue a los actuales y a los Consejeros de la Judicatura Federal, para que tomen cartas en el asunto y refuercen esta área que cada día que pasa está peor, y obvio la carga de trabajo no disminuye sino que aumenta. Respetemos el artículo 17 Constitucional y aperturen mínimo otras dos salas más, urgentemente. Los justiciables se los agradecerán.