Hoy compartiré una conclusión en mi experiencia de vida después de más de 30 años de acompañar a miles de menores en vulnerabilidad en numerosas instituciones; las más recientes, en Fundación Pro Niño Leonés AC (18 años) y con 20 de participar activamente en Ciudad del Niño Don Bosco AC. He tenido en acogimiento a menores para cambiar su vida y vivo la experiencia de ser padre adoptivo de dos menores. Hay poco o nada que crea de los discursos de los políticos y funcionarios públicos relacionados con la protección a la niñez. Ninguno de ellos ha trabajado por años en asociaciones civiles de protección a la infancia o es padre o padre adoptivo.
Los derechos humanos de los menores en México, son vulnerados a diario. Particularmente quienes viven en orfandad, no pueden expresar su palabra y no son tomados en cuenta para decidir con quién vivir o si quieren ser adoptados. Además, el proceso de adoptar o acoger a menores en México y Guanajuato, es imposible, complicado, diseñado para que desistan los más osados. Tenemos, a diferencia de otros países, una legislación que complica todo: abrir una empresa, construir una casa, registrar una marca, obtener un uso de suelo, hacer un trámite aduanal, obtener un pasaporte. Todo es complicado en un diseño de País que supone –a veces con razón-, que todo lo hacemos mal los mexicanos y que aprovechamos cualquier oportunidad para sacar provecho y transar.
Pero un trámite de éstos que el Estado mexicano ha complicado y de más, es la adopción. Si bien es cierto que debido a los abusos a la niñez la legislación ha debido endurecerse, también es cierto que las condiciones sociales han cambiado por la crisis de nuestro modelo económico que genera grandes diferencias entre los ricos y los pobres. Es una realidad que la niñez es el eslabón más débil junto a la vejez para mostrar las fisuras del tejido social. La ley federal y la estatal como su espejo, hacen imposible la adopción. Afirmando proteger los derechos de los menores, en realidad, terminan vulnerándolos. Dirigida por abogados sin experiencia en organizaciones civiles de protección a la infancia y adopción, no hacen algo para agilizar los procesos de adopción pues cada vez es mayor el desbalance entre miles de parejas que buscan adoptar en relación con los cientos de pequeños que buscan ser adoptados. Las estadísticas de UNICEF y del DIF nacional muestran que el denominado “certificado de idoneidad” es difícil de conseguir, pues es el certificado que permite que una pareja sea candidata a la adopción.
Gracias a las asociaciones civiles, hostigadas por los gobiernos, se han salvado miles, millones de historias. Y todo, ha sido, a pesar de la ley, sin tomar en cuenta la ley. La ley de protección a menores está diseñada para confinar a los menores en los orfanatos al impedirles convivencias con redes de apoyo. Las decisiones, afirmó tajante, están tomadas sin considerar su realidad.
En Guanajuato, la ley de protección a la infancia no agiliza los trámites. Si no aterriza nuestro Congreso, con reglamentación local, la terrible ley federal, rígida y dura para procesos de adopción, seguirá creciendo el número de huérfanos sin adoptar que regresarán a los 18 años a la calle. El gobierno seguirá exigiendo a las Casas Hogar, requisitos legales, sin considerar la realidad de los menores, ni la trayectoria de las asociaciones civiles. Se requerirán nuevos esquemas, nuevas estrategias, presión social, redes de organizaciones civiles, que busquen que la legislación sea más sencilla y los pequeños que están en condición de ser adoptados, puedan lograrlo.
Tendremos a futuro un enorme trabajo los organismos de protección a la infancia para trabajar prioritariamente en las calles donde está ahora la desprotección de la infancia, donde son ellos inermes a la violencia, a la formación de pandillas, al narcomenudeo, y en general, a la desprotección de la que son presas. Requeriremos entonces mejores leyes e incentivos fiscales para que las organizaciones civiles que dan su apoyo a la infancia, cuenten con los recursos y el reconocimiento del gobierno, para que ayude y no estorbe. Por eso digo, que no me salgan “con que la ley es la ley”: se trata de menores, no de expedientes.