Resulta que, como ya habíamos advertido en este espacio con anterioridad, el Senado de los Estados Unidos ha retomado sus denuncias, en el marco del acuerdo comercial de América del Norte conocido como el T-MEC, sobre las políticas de México en materia energética, especialmente en el caso de la energía eléctrica.
Hasta hace poco los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá habían sido tolerantes con el gobierno mexicano sobre ese asunto, el cual es muy importante no solamente para esos dos países, sino también obviamente para el nuestro. A raíz de la contrarreforma eléctrica hecha en el año 2021 a la ligera, sin un análisis serio, por el gobierno de López Obrador, los gobiernos de los otros países de América del Norte iniciaron de manera formal las consultas sobre si tal contrarreforma contravenía o no el T-MEC.
Aun cuando dichas consultas no deben durar más de 75 días, de acuerdo con los lineamientos del tratado, antes de que alguna de las partes pueda solicitar un panel legal para la resolución de la disputa, lo cierto es que nuestros vecinos han sido muy pacientes. Tanto así que ya han esperado un año para que el gobierno mexicano dé marcha atrás so pena de pagar las indemnizaciones conducentes.
Pero Manuel Bartlett, quien dirige la Comisión Federal de Electricidad, sigue papando moscas. Su indiferencia puede ser muy costosa, aunque quizás piense que sería tan solo una raya más en la piel del tigre. Ya en el año 2019 cometió el primer gran error al renegociar de manera incorrecta el arrendamiento de gasoductos, un episodio sobre el que ya se ha comentado aquí. El segundo grave error ocurrió un año después, tras acatar la instrucción presidencial de reducir la edad de retiro para los trabajadores de la empresa, lo cual incrementó los pasivos laborales de manera significativa.
El año pasado, en 2022, la CFE sufrió una pérdida del orden de 40 mil millones de pesos y sus pasivos totales rebasaron la cifra de 1.4 billones de pesos, 2.3 veces más que la deuda que se tenía en 2018.
Pero eso no parece preocupar al director Bartlett en absoluto. Al contrario, se sigue esmerando para cometer aún más errores. Hace apenas unos meses impulsó la compra de unas centrales que tenía la empresa española Iberdrola para la generación de energía eléctrica en México. Para el regocijo del vendedor, se pagó por esas plantas casi seis mil millones de dólares; es decir, más de cien mil millones de pesos.
La compra está siendo financiada, al parecer, por la banca de desarrollo y sobre todo por un fondo privado, el cual tendrá a bien rentar las plantas a la CFE para que el organismo pueda vanagloriarse entonces de haber incrementado su participación en la provisión de energía eléctrica.
Pero la historia no termina allí, por supuesto que no. Resulta que, de las doce centrales de ciclo combinado adquiridas en esa opaca transacción, más de la mitad ya se enfilan para ser pronto chatarra. Éstas son (en paréntesis se establece su antigüedad): Altamira III y IV (20 años), Altamira V (18 años), Enertek (21 años), La Laguna (19 años), Monterrey I y II (21 años), Monterrey III y IV (21 años) y Tamazunchale (16 años).