Permitir a Israel Vallarta seguir su proceso fuera de prisión era lo correcto y de mínima humanidad. La injusticia se prolonga.
¿Quiénes, en la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, continúan empeñados en prolongar una injusticia? ¿Quiénes, a sabiendas de que atentan contra los derechos humanos, tienen la desfachatez de hacerlo a la vista de todos? ¿Quiénes, desde hace más de 17 años -es decir, a lo largo de los sexenios de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador- conservan la influencia necesaria para insistir en la persecución de un ciudadano mexicano? ¿Quiénes forman parte de esa mafia que nadie ha logrado expulsar de nuestras maltrechas y corruptas instituciones de justicia? Y, sobre todo: ¿por qué?
El pasado 10 de agosto, el Tercer Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, a cargo de un secretario de acuerdos ante la ausencia de su titular, volvió a negar el cambio de medida cautelar contra Israel Vallarta, quien lleva más de 17 años -vuelvo a decirlo: más de 17 años- en prisión preventiva desde que, al lado de Florence Cassez, fuera arrestado un día antes del montaje tramado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, con la complicidad de Televisa, TV Azteca y otros medios de comunicación, el 9 de diciembre del 2005.
No voy a repetir una vez más el infinito cúmulo de argumentos por los cuales un juez tendría que absolverlo: las investigaciones de numerosos periodistas -Anne Vigna, Léonore Mahieux, José Reveles y sobre todo Emmanuelle Steels- han exhibido el sinfín de irregularidades que ha habido en su proceso; yo mismo quise documentarlas en Una novela criminal y, con el equipo encabezado por Alejandro Gerber y Pablo Cruz, las recogimos en la serie de televisión basada en el libro. Más allá de lo que crea cada quien, la violación sistemática a los derechos humanos que sufrieron Israel y su familia -incluyendo horas de brutal tortura- serían suficientes para que cualquier juzgador en sus cabales determinase su libertad.
Esta vez me detengo, sin embargo, en el último episodio en la larga historia de abusos en su contra. Tras el amparo que Israel obtuvo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, lo que ahora solo estaba en juego era la prisión preventiva a que está sometido: lo único que se pedía era que el acusado -quien, pésele a quien le pese, sigue disfrutando de la presunción de inocencia- pudiera continuar su proceso fuera de la cárcel. Una decisión no solo correcta, sino de mínima humanidad. En vez de ello, la FGR de inmediato se opuso a esta posibilidad y el Poder Judicial ha vuelto a desecharla.
El pasado 12 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por mantener bajo el régimen de prisión preventiva, durante 17 años, a otras dos personas: Daniel García y Reyes Alpízar. Y conminó a nuestro país a eliminar esta figura -así como el arraigo- que a todas luces viola los derechos humanos. La CoIDH no dejó ninguna duda: el artículo 19 de nuestra Constitución es contraria a la Convención Americana. A partir de esta y otras condenas similares, el 14 de julio el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte de México aprobó eliminarla en 18 estados del país.
Aun con este antecedente, la FGR y el Poder Judicial decidieron no solo que Israel debe continuar en prisión, sino que los más de 17 años que lleva en la cárcel son culpa suya. Y, de seguro, de las más de 300 personas que cada día son detenidas y mantenidas en prisión de manera arbitraria, como revela el reportaje “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, publicado en octubre de 2021 por Animal Político.
En su momento, el Presidente exigió a la Secretaría de Gobernación, y luego a la de Seguridad Pública, que revisaran el caso de Israel. De nada ha servido. En contra de lo que afirma, al parecer las mismas fuerzas de Calderón y García Luna que provocaron el caso se mantienen intactas en la 4T: él mismo propuso al fiscal general y no ha dejado de defenderlo. La decisión de mantener a Israel Vallarta en la cárcel es una amenaza para todos. La prisión preventiva oficiosa no solo nos convierte en un país sin Estado de derecho, sino en uno claramente autoritario.
@jvolpi