El pasado lunes sostuve un debate público con el diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández, quien ha venido diciendo que la licitación municipal para seleccionar la empresa que aplicará las fotomultas en León está plagada de irregularidades y que, por consiguiente, tiene indicios de corrupción; incluso el pasado 8 de agosto presentó sendas denuncias ante la Contraloría Municipal y ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
En la parte técnica la denuncia del diputado no tiene pies ni cabeza, dice que hay corrupción porque no asignamos el contrato a la empresa que ofrecía el servicio 300% más barato, tan barato que era un precio ridículo y fuera totalmente de mercado, y que incluía que la empresa absorbiera el costo de las notificaciones que tendría que entregar a los infractores mediante mensajería, además de asumir el no cobrar por sus servicios si el ciudadano opta por la conmutación de la multa por trabajo comunitario. Antes de presentar cualquier denuncia, el diputado debería informarse, pues el reglamento de adquisiciones de León prohíbe contratar empresas que solo cotizan muy bajo para ganar las licitaciones y cobrar anticipos, pero luego no pueden cumplir.
Además, la empresa a la que según el diputado se le debió asignar el proyecto, solo acreditó su experiencia con un contrato en el estado de Puebla, en donde ha sido sancionada recurrentemente por incumplimientos. En cambio, la empresa ganadora tiene experiencia en al menos 10 ciudades o estados, no ha sido sancionada y ofreció un precio dentro de los rangos del mercado.
También dice el diputado que el Municipio le va a pagar a la empresa ganadora 220 millones de pesos anuales, pues asegura (sin pruebas) que el Municipio va a emitir 50 mil fotomultas mensuales, cantidades que son absurdas y que superan en más de cinco veces las estimaciones más optimistas de la Tesorería Municipal. Si esto fuera cierto, la ciudad ingresaría al año 650 millones de pesos por concepto de infracciones por exceso de velocidad, que comparados con los 100 millones anuales que se recaudan actualmente por todas las multas de vialidad, resulta una comparación ridícula sobre las estimaciones de nuestro honorable legislador.
Por todo lo anterior, queda claro que la denuncia hecha por el diputado no fue con el fin de denunciar la corrupción, pues hay formas más inteligentes y efectivas para hacerlo, sino que más bien -dada su poca popularidad-, busca protagonismo, para darse a conocer como un eventual candidato a gobernador por el Partido Verde, que, aunque todos sabemos que tendría mínimas posibilidades de ganar, sí lo pondría en un lugar desde donde pudiera negociar su futuro o el de su partido.
Como candidato a gobernador puede dividir el voto con diversos beneficiarios, desde ahí puede presionar a Morena, sus aliados federales, para que acepte bajarse de la contienda a cambio de alguna candidatura en coalición; o puede coquetear con el PAN, no bajándose de la contienda y con ello fracturar la alianza opositora en Guanajuato, a cambio igualmente de algún puesto en la burocracia estatal.
Pero también hay otras hipótesis de los mal pensados, quienes señalan que el inusitado interés del diputado por convertirse en redentor de los leoneses, es con la finalidad de afectar la imagen de Alejandra Gutiérrez, haciendo el favor a quien se beneficia de la crítica o de la caída de la alcaldesa de León.
En la legislatura estatal número 61 (2009-2012) había un diputado del Partido Verde al que le apodaban el “Pay de Limón”, porque era verde por dentro y empanizado por fuera, y decían que solía hacerle el trabajo sucio al PAN, a tal grado que terminó siendo un burócrata estatal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
LALC