Alejandra no se baja
La definición de la candidatura del PAN al Gobierno de Guanajuato se pone cada vez más tensa, no hay acuerdos ni una ruta para alcanzarlos. Hoy, lo único que está claro es que a Alejandra Gutiérrez Campos no la van a bajar en una mesa política.
“Bajarme por el Senado no hay manera”, ha dicho recio y quedito la Alcaldesa de León. Su planteamiento es claro: realizar tres encuestas abiertas serias, también está dispuesta a ir una elección interna con militantes, o diseñar un método mixto encuesta-elección como el del Frente Amplio por México que al final ni usaron.
El 16 de agosto se designó al exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Guanajuato, una figura operativa de esas que acostumbra el PRI en los estados y a la que ahora recurrió el PAN para intentar destrabar el embrollo para elegir candidata a la gubernatura.
Ese día en San Miguel de Allende (municipio donde se realizó la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro), se tomaron la fotito Adame, el líder nacional Marko Cortés, las aspirantes Alejandra Gutiérrez y Libia García y la dirigencia estatal que encabezan Lalo López Mares y Ana Esquivel Arrona.
Se dijo entonces que “la mesa política tiene el principal objetivo de lograr los acuerdos a través del diálogo democrático, para elegir en unidad a la candidata al gobierno del estado, buscando construir todos los entendimientos posibles”.
Hoy, 18 días después, no hay ningún diálogo concreto que conduzca a aterrizar un método de elección democrático y transparente, reglas claras pues para jugar.
Entre Marco Adame, Libia y Alejandra no ha habido ninguna otra reunión.
El morelense ha platicado por separado con ambas y además con otros liderazgos del partido, como la senadora Alejandra “La Wera” Reynoso, quien también ha dicho que le entra a una interna, con los exgobernadores Miguel Márquez, Carlos Medina, Juan Carlos Romero, Héctor López. Y con los coordinadores de los diputados, Jorge Espadas Galván, de los federales, y Luis Ernesto Ayala Torres, de los locales.
También dijeron que con líderes de la sociedad civil (aunque sin dar nombres).
El machote de lo publicado en esos encuentros es igual: la voluntad de construir el mejor acuerdo para Guanajuato y fortalecer la unidad de cara al 2024. Y cosas así.
En estos 18 días lo que sí ha pasado es que ambos bandos: los de Alejandra y los de Libia están cada vez más enfrentados. Ya vimos la gira del gobernador Diego Sinhue el jueves en León con cinco eventos en donde no estuvo la Alcaldesa, pero sí Libia. Uno de ellos la entrega de material escolar en Las Joyas, donde Diego nombró a la Secretaria de Desarrollo Social “madrina” de la escuela de Balcones de La Joya.
En el equipo de Ale dicen que la invitación llegó un día antes por la noche y ya tenía agenda previa. Al evento que sí la convocaron con anticipación fue al de “Hazlo viral”, pero tampoco fue porque perciben una “guerra sucia” para desacreditarla y no desde la oposición, sino desde el Gobierno-partido. Ups.
El II Informe de Gobierno en León está programado para el 23 de septiembre en la Velaria de la Feria a las 11 a.m. y esperan la asistencia de Rodríguez Vallejo.
Desconfían de árbitro
En el equipo de Alejandra tampoco confían en la dirigencia estatal que encabeza López Mares, para ellos simplemente no hay un árbitro local en la contienda.
Ven al Comité Estatal azul como una dependencia más del Ejecutivo Estatal.
Antes del 7 de octubre los alcaldes y legisladores deben presentar su carta intención de un periodo consecutivo en el cargo, que no implica en automático que vayan a ser candidatos pero, si no avisan, sí se cierran la puerta en definitiva. Lo más probable es que
Alejandra presente el aviso en espera de lo que pueda venir.
Si la candidatura a la gubernatura no le favorece, Alejandra parece estar más cerca de buscar un segundo periodo a la Alcaldía que el Senado. Si el género es hombre ya sabemos que está puesto Aldo Márquez Becerra, subsecretario de Libia, pero Alejandra y su grupo echarán toda la carne al asador con Luis Ernesto Ayala.
Por cierto qué cosas esto de la política y las familias, mientras que la regidora Jared González es el brazo derecho de Alejandra, su hermana, la diputada federal de San Francisco del Rincón, Karen Michel González, apoya a Libia y sueña con el Senado.
Otro caso es el del exgobernador Miguel Márquez y su ya abierto respaldo a Gutiérrez Campos; su hermana Noemí, diputada local, aparece en apoyo a Libia.
El mes de septiembre apunta a ser clave en las definiciones azules. Atentos.
Compras, la reforma pendiente
Esta semana dos casos de contratos públicos se pusieron en el ojo del huracán: el primero revelado por AM, de 16.7 millones para armar el acarreo de miles de mujeres para el evento del 22 de mayo en el Parque Bicentenario, de Silao, donde Diego y Libia encabezaron la presentación del programa de tarjetas para mujeres.
El otro es la suma de 63 contratos por 4.7 millones que la Comisión Municipal del Deporte (Comude) de León ha entregado a la empresa de uniformes deportivos del proveedor Alejandro Muñoz, esposo de la diputada local Noemí Márquez.
Ambos son casos distintos y es tema de los órganos de control auditar y resolver si los contratos y la prestación de los servicios están plenamente apegados a la ley.
Además, el caso específico de los acarreos a eventos masivos con una aspirante a una candidatura a la gubernatura, tiene otro componente político-electoral a considerar y el cuestionamiento ético sobre erogar un monto así de recurso público.
Lo que sí obligan estos y muchos otros casos es a retomar la urgencia de una reforma a fondo a Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato que garantice total transparencia, economía y mejores condiciones en las compras.
La buena noticia es que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya avanzó, elaboró y presentó una iniciativa legislativa. La mala es que el Legislativo la tiene guardada en el cajón sin avance alguno.
El 22 de septiembre de 2022 la Red Ciudadana Anticorrupción firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado y ahí se presentó formalmente la propuesta. Antes, consejeras del CPC como Katya Morales y Andrea González se la plantearon al diputado panista irapuatense Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, quien dijo verla con muy buenos ojos. Y ahí quedó.
El Legislativo regresa a periodo de sesiones el 25 de septiembre, vamos a ver si hay voluntad de revisar a fondo la legislación de Compras Públicas, o les vale. Atentos.
IEEG, agobiado
El jueves, en la sesión del Consejo General del IEEG, dedicaron dos horas para que tanto los consejeros electorales Beatriz Trovar Guerrero y Luis Gabriel Mota, así como los representantes de los partidos Morena, PRD y PVEM coincidieran en reconocer que el Instituto desahoga los procesos sancionadores denunciados por partidos de una manera excesivamente lenta, lo que origina un cúmulo muy grande de trabajo.
“¿Cómo vamos a pasar si en 2021 no contaba este Instituto con la capacidad técnica? No podemos recibir así el proceso electoral 2023-2024”, admitió Beatriz Tovar.
Recordó que en el proceso electoral 2021 se recibieron 707 quejas, pero auguró que en el próximo proceso electoral se recibirán el doble o el triple.
También reconoció la cantidad de procesos especiales sancionadores que se procesan en el IEEG. Estos procesos son las quejas entre partidos y candidatos donde se acusan de infracciones electorales. “Si volteamos a ver a otros estados, tienen 30 procesos”, comentó.
Por eso la necesidad de atender esa problemática, por eso esperó que el colegiado del Instituto revisara qué medidas tomarán al respecto. “En el ámbito de la comisión sí hemos buscado cómo atenderlo”, aseguró.
Todo empezó después de que Beatriz Tovar rindió su informe de la Comisión de Quejas y Denuncias, del 4 de julio al 21 de agosto. Refirió que se tienen un total de 45 procedimientos especiales sancionadores (PES) en sustanciación, de los cuales cinco corresponden a 2021, ocho a 2022 y 32 a 2023.
Luis Ernesto Barbosa Ponce, representante de Morena, se quejó de que todavía haya procedimientos de otros años y refirió una resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral Federal, de julio, en la cual se conmina al Tribunal Estatal y al IEEG, para que implemente las debidas medidas necesarias para que los PES se resuelvan de manera más pronta y expedita posible.
Vanessa Sánchez, representante del PVEM, dijo que lo que deberían de buscar es generar una mesa de trabajo para agilizar el trabajo de la Unidad Técnico Jurídica, que es la que resuelve los PES.
José Belmonte, representante del PRD, comentó que el gran cúmulo de PES se ha originado porque “es un pleitillo que traen dos fuerzas políticas (en referencia a PAN y Morena), habrá que crear una unidad técnica conciliatoria”.
Mencionó un caso anterior que él señaló que resolvieron en un año, un tiempo excesivo, para finalmente declararlo improcedente.
La consejera electoral Sandra Prieto de León dijo estar de acuerdo en realizar una mesa de trabajo, para que los partidos hablen, y digan cuáles son las deficiencias y tramitar la mejora del procedimiento.
El consejero electoral Luis Gabriel Mota señaló: “Tenemos un problema estructural. En Nuevo León tuvieron mil asuntos y los resolvieron sin problema”.
Brenda Canchola, presidenta del IEEG, admitió también que tienen gran cantidad de PES acumulados, simplemente, en 2023 tienen 53 denuncias por esta vía. En coincidencia con los demás, se comprometió a gestionar la mesa de trabajo sugerida para buscar soluciones.
Beatriz Tovar aplaudió la intención de realizar la mesa de trabajo y ofreció que cuenten con ella para aportar información y datos. Y pidió que en la mesa de trabajo se hable de números y propuestas de solución. Vamos a ver…
Celaya, siempre sí
El nuevo aumento a las tarifas del transporte público en Celaya volvió a dejar en claro los privilegios que gozan los empresarios transportistas en el municipio.
Los ocho ediles panistas y la regidora del PRI en el Ayuntamiento de Celaya aprobaron por mayoría el incremento de un peso a las tarifas de prepago y en efectivo del transporte público.
Desde el inicio de la administración que encabeza el alcalde Javier Mendoza, un grupo de transportistas presionaron para que hubiera un incremento, sin embargo se les pidió que esperaran un poco más para evitar que le afectara políticamente.
La petición formal de los transportistas se dio hasta finales del año pasado y consistía en un incremento de dos pesos a las tarifas con la justificación de que el cobro no se había ajustado desde finales de 2019 y durante estos años la crisis económica por la pandemia los había dejado al borde de la quiebra.
La realidad es que durante estos años, la movilidad en Celaya ha cambiado mucho ya que los viajes en el transporte público se han reducido en más de un 25 %, con las constantes quejas de un mal servicio, unidades en malas condiciones, maltrato de los choferes y la tardanza en las rutas.
El incremento se dio a pesar de que los transportistas no cumplieron con los acuerdos firmados hace casi cuatro años, que consistían en mejorar el servicio, nuevas unidades, otorgar combustible para el Transporte Incluye Público que subsidia el Municipio y unificarse en una coordinadora de transporte.
Hace un par de meses, el director de Movilidad, Trinidad Martínez y el regidor panista Aldo Velázquez veían completamente inviable un incremento pero cambiaron súbitamente de postura luego de que el Alcalde respaldara públicamente la propuesta de los empresarios transportistas.
Tal y como ha sucedido en los últimos 20 años, los concesionarios volvieron a salirse con la suya, mientras que los más de 150 mil usuarios que utilizan el transporte público en Celaya siguen sufriendo por el mal servicio.
RAA