En el 2024 toca competir o pelear
En Guanajuato, si bien una mayoría de liderazgos políticos morenistas apostaron por la ‘corcholata’ Claudia Sheinbaum, la bronca con Marcelo Ebrard (que mañana sabremos en qué termina) tendrá inevitablemente un impacto si no logran, ya no digamos cerrar filas, que a estas alturas es virtualmente imposible, al menos no romperse.
Morena espera que la del 2024 sea la gran oportunidad de someter al PAN… si se dejan los blanquiazules. Hay que esperar a ver cómo salen ellos y los azules de sus procesos internos. Lo cierto es que para aspirar a competir necesitarán de la unidad que hoy no presumen.
Los más contentos tras el triunfo de la doctora son el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, y la senadora Antares Vázquez Alatorre. Ya sabemos que entre ellos no se pueden ver ni en pintura, pero ambos laten con Claudia.
Ellos son quienes más tiempo tienen aspirando a la candidatura a la gubernatura del 2024, en el 2018 bajaron a Antares para subir a Ricardo, y no querrá que le pase lo mismo.
Sheffield Padilla este 4 de octubre deja el cargo para ir con todo en su aspiración. Ya sabemos que también la candidatura en Guanajuato se elegirá vía encuesta, lo que no está claro es si antes Morena definirá el género en las nueve gubernaturas en disputa.
Ernesto Prieto Ortega, funcionario federal y amigo de AMLO, estaba con Adán pero es institucional con Claudia; sigue con la mano levantada por la candidatura a Gobernador.
Otro factor importante es la alianza de Morena con el Partido Verde. La dirigencia nacional y las estatales, incluida la de Guanajuato con Sergio Contreras, respaldaron desde el inicio a la doctora Claudia. La alianza para la Gubernatura entre ambos partidos no se ha cerrado, por ahora caminan separados pero no tendría por qué haber problemas para ir juntos.
Mientras eso pasa en radiopasillo se dicen muchas cosas, una de ellas que la leonesa Beatriz Manrique, secretaria del Medio Ambiente en el Gobierno de Puebla, es opción a la Gubernatura en una alianza. Es solo un trascendido, aclara ella misma. Es muy complicado (no imposible) que el partido con la batuta, o sea Morena, acepte ceder esa candidatura.
Ebradoristas en la encrucijada
La damnificada en apariencia de esta guerra interna es la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, brazo derecho de Marcelo desde que la acompañó como directora del Instituto de las Mujeres del entonces Distrito Federal (2006 a 2012).
Malú fue su representante en todo este proceso y protagonista directa del enfrentamiento en el que ella, Ebrard y su equipo acusaron una agresión para no permitirles entrar al conteo.
Ya fue candidata a la Gubernatura por el PRD en 1995 (cuando ganó Fox), nunca tuvo la intención de buscar esa candidatura ni ha trabajado diseñando una estructura para eso, aunque tampoco dejó de ser una opción. Su capital político no es nada despreciable.
El otro ebradorista de corazón es Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal de mayoría por el distrito 13 con cabecera en el municipio de Valle de Santiago, el joven abogado fue primero electo en 2018 bajo las siglas del PRD (en alianza con PAN y MC), en 2019 renunció al PRD y se fue a Morena, donde fue postulado y ganó la elección del 2021.
No dejó de señalar el uso de recursos públicos e inequidad para favorecer a Sheinbaum.
Mañana sabremos en qué termina la telenovela de Morena con la decisión que tome el excanciller Marcelo Ebrard y solo hay tres sopas: negociar con AMLO, Claudia y Morena; entregarse a los brazos de Movimiento Ciudadano para estar en la boleta del 2024, o consolidar una nueva opción política para el futuro. Lo sabremos en horas. Qué nervios.
El doble discurso de Libia
En su intento de quedar bien por los cuestionamientos por no transparentar el manejo de los recursos del Fidesseg, Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Desarrollo Social y Humano, evidenció un doble discurso.
Porque por un lado fue su dependencia la que solicitó desde el principio que se reservara la información por tres años, cuando ella ya era la Secretaria. Y por el otro declara a los medios que va a pedir que la reserva de la información sea por menos tiempo.
Empecemos por explicar que el Fidesseg es el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública en el estado de Guanajuato.
Fue creado mediante un decreto de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el 15 de abril de 2019. Este órgano depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), la cual está liderada por Libia.
Se integra con el 10% del excedente del Impuesto del 3% Sobre Nóminas que pagan los empresarios, y se destina a financiar proyectos de organizaciones civiles que hacen acciones de beneficio social. Los proyectos tienen que ser presentados por las propias organizaciones y cumplir con una serie de requisitos.
Este año, la Secretaría de Finanzas le tiene que mandar al Fidesseg 709.4 millones de pesos, de los cuales le ha mandado 203 millones, según lo reportado en la Cuenta Pública Estatal, según precisó Francisco Escamilla, asesor de los diputados de Morena, en una entrevista publicada por AM el miércoles.
Como se recordará, en mayo la diputada local Hades Aguilar Castillo, de Morena, denunció este asunto en la tribuna del Congreso. Relató entonces que el 2 de mayo los legisladores hicieron dos solicitudes de información relacionada con el uso del fideicomiso, a través de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado.
Sedeshu y la reserva
El 12 de mayo la Unidad de Transparencia del Ejecutivo les entregó la respuesta de que la información solicitada era reservada durante tres años por el comité de transparencia del Gobierno del Estado, a petición de la Sedeshu, de la cual ya era titular Libia Dennise.
El argumento que le dieron a los morenistas fue que se encontraba en curso una auditoría al Fidesseg, que, curiosamente, había iniciado apenas un día antes de la solicitud de los diputados de Morena.
Unos días después de que Hades Aguilar dio a conocer la reserva de la información, y como respuesta a la denuncia de la legisladora morenista, la Secretaria de Desarrollo Social declaró que solicitaría que la reserva de la información abarcara solo el periodo de la auditoría, que ella no sabía cuánto duraría, ni tampoco tenía por qué saberlo.
Y es aquí donde empezó el doble discurso, porque primero fue la dependencia que ella encabeza la que solicitó la reserva de la información por tres años, específicamente Alma Lilia Picón, directora general Jurídica de la Sedeshu, es decir, una subordinada de Libia.
Y después, la Secretaria salió a decir que no quería que estuviera oculta tanto tiempo, solo para quedar bien ante la opinión pública. Una contradicción entre sus dichos y sus hechos.
Pero resulta que, o Libia Dennise no hizo esa petición, o si la hizo no le hicieron caso.
Porque como resultado de una impugnación de Francisco Escamilla a la resolución del Comité de Transparencia del Gobierno del Estado, el 4 de septiembre el pleno del IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), conformado por Mariela Huerta y Juan Sámano, confirmó la reserva por tres años de información relacionada con el destino del dinero del Fidesseg.
Y por segunda ocasión, después de que AM dio a conocer lo anterior, el miércoles, García Muñoz Ledo volvió a declarar que pedirá que la reserva de la información sea solo durante el tiempo que dure la auditoría. ¿En qué quedamos entonces?
Salamanca, Policía a la deriva
La Policía Municipal de Salamanca tiene una historia de abandono e indiferencia que va más allá del partido político que gobierne esta ciudad.
La decadencia más evidente empezó con el exalcalde panista Antonio Arredondo Muñoz, cuando en 2017 junto con su Ayuntamiento aprobó la solicitud para que al municipio petrolero llegara el Mando Único, un esquema de seguridad en el que el Estado a través de las Fuerzas de Seguridad Pública realizaba las funciones de la Policía Municipal, que desaparecía.
Llegó después Morena en 2018 representada en la alcaldía con Beatriz Hernández Cruz, quien desde campaña y luego en funciones, tomó como proyecto emblema regresar a la ciudadanía su propia Policía Municipal.
Lo logró a medias, porque la corporación no llegó a consolidarse ni en equipo, ni en elementos, ni en la coordinación, sobre todo con el Estado.
Pese a ser considerada foco rojo de la violencia que durante años ha azotado al corredor industrial de Guanajuato, Salamanca no contó tampoco en el trienio de Beatriz Hernández con una Policía capaz de tomar las riendas de la seguridad local. Lo que sí se logró fue ponerle fin al Mando Único en abril de 2020.
La historia se repite ahora con otro alcalde morenista, César Prieto Gallardo, cuyo Gobierno recibió esta semana un tiro de precisión del extitular de Seguridad Pública en el municipio, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Alejandro Flores Jiménez.
Desde varios días antes de hacerse oficial la salida, había claras señales de una fractura entre el Gobierno y el ahora ex funcionario. Así lo reflejaban las ausencias de Flores Jiménez en varios eventos, algunos de ellos meramente enfocados en la seguridad.
Se decía ya que el coronel no estaba cómodo en el equipo de Prieto Gallardo y que manifestaba no contar con el apoyo suficiente para reforzar la seguridad como las circunstancias lo ameritan.
Contrario a su discurso de Gobierno, el equipo de César Prieto intentó negar por varias horas la renuncia del ex Secretario de Seguridad Pública, pero cuando la noticia sonaba por todos lados no tuvieron más remedio que admitirlo.
La excusa infalible en estos casos se volvió a utilizar y de manera oficial se dijo que el coronel se separaba del cargo por motivos personales, pero a su vez comenzaron a circular versiones que derivaron en que saliera a revelar los verdaderos motivos.
Poco apoyo, prácticas con las que afirma no coincide, como multas y, según dijo, extorsiones a los ciudadanos, y la impunidad en el caso de una agresión cometida presuntamente por el director general de Movilidad, Luis Daniel Pérez, a una oficial de Policía, lo orillaron según dijo a decirle adiós al cargo.
No son menores los señalamientos de Flores Jiménez, ante la seriedad de las acusaciones el más callado ha sido precisamente el responsable del Gobierno salmantino, César Prieto, algo que ya es habitual ante situaciones tensas en su administración.
Celaya, el Informe: poco que presumir
El segundo informe de Gobierno del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, evidenció la falta de resultados de su gabinete.
El Alcalde celayense presentó esta semana su segundo informe, que careció de grandes obras y acciones que verdaderamente estén impactando en el municipio.
El tema más importante para Celaya sigue siendo la inseguridad, y a pesar de que Mendoza Márquez resaltó que los delitos del fuero común han disminuido, también aseguró que se han reducido 70% las extorsiones, cuando la realidad es muy diferente.
El 2023 ya es el año con más denuncias por extorsiones en Celaya desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva el registro, convirtiéndose en el delito que más afecta a la economía local.
A más de la mitad del Gobierno de Javier Mendoza Márquez, los resultados de su gabinete poco le ayudan en su búsqueda por la reelección.
La demora en la ejecución de obra pública en Celaya quedó demostrada ya que no se pudieron presumir grandes acciones durante el segundo año de Gobierno.
La semana pasada, el Alcalde criticó la falta de equidad en la distribución de recursos por parte del Gobierno Estatal, sin embargo durante su informe apenas hizo referencia al tema ante la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
“Amor sin presupuesto es demagogia”, fue el mensaje de Javier Mendoza al Mandatario Estatal, quien se limitó a hacer un resumen de los recursos destinados y las obras realizadas en los cinco años de su Gobierno en Celaya.
Tras cinco años sin llevarse a cabo en el Auditorio Tresguerras, en esta ocasión se buscó hacer un evento más dinámico con la participación de referentes en diversos ámbitos de la sociedad celayense, sin embargo las fallas en la logística afectaron su organización.
La demora de casi una hora mientras llegaba el Gobernador provocó que el evento se alargara casi tres horas. Y hablando de tardanzas, ¿aún existe la campaña Yo soy Puntual?, iniciativa de Concamin Bajío, apoyada por el Estado que evidentemente es el primero en no cumplirla.