Hace algunas semanas, integrantes de la fracción de Morena en el Ayuntamiento leonés presentaron una propuesta de cambios al Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato, en la cual pretendían reformar dicho ordenamiento para que el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los organismos operadores del agua (Sapal) “implementen programas que garanticen el suministro de agua potable sin distinción alguna a los asentamientos humanos que aún no hayan iniciado el trámite de regularización y que se ubiquen en zonas que no cuenten con la red de servicio, instalando puntos de abastecimiento como fuente de suministro, bebederos o tomas públicas con la finalidad de garantizar gratuitamente el acceso al consumo personal y doméstico”.
Evidentemente, la propuesta en el membrete tiene una intención loable, pues, ¿quién puede estar en contra de que se dote de agua potable a los más necesitados? Siendo que este es un derecho consagrado en nuestra Constitución, además de que forma parte de los postulados básicos de la propia Organización de las Naciones Unidas, pues, efectivamente, el derecho humano de acceso al agua disminuye la brecha de desigualdad social.
Pero una cosa es tratar de hacer propuestas con la finalidad real de resolver una problemática, y otra muy diferente es proponer iniciativas que carezcan de viabilidad técnica y jurídica, que evidentemente no pueden ser aprobadas al amparo del mínimo estudio legal, pues de hacerlo, se generarían contradicciones y conflictos de competencia con otras leyes e instancias estatales y federales, que lejos de resolver el problema, lo harían más grande.
Del análisis jurídico que se hizo en el Municipio a través del Instituto Municipal de la Vivienda y de la propia Secretaría del Ayuntamiento, se concluyó que la iniciativa de los regidores de Morena era imposible de aprobarse, pues afectaba preceptos básicos constitucionales como la propiedad privada, y porque pasaba por encima de propuestas que ya habían presentado diputados del PAN y de Morena en el Congreso del Estado, y que concluyeron, de forma unánime, que iniciativas de esta naturaleza carecían de elementos legales para su aprobación.
¿Cuáles son las verdaderas intenciones para presentar una iniciativa que, desde su nacimiento, estaba condenada al fracaso? ¿Por qué presentar una propuesta cuando había los antecedentes evidentes de su inviabilidad, incluso hacia adentro del propio grupo de diputados de Morena? Ni modo que entre ellos no se comuniquen con sus regidores.
Esta duda se resuelve si analizamos los debates que se dieron en el Ayuntamiento en torno a la discusión de esta iniciativa, sobre todo en el razonamiento que dieron los regidores de Morena al momento de la votación de su propuesta, quienes al unísono señalaron que no había voluntad política de los demás ediles para resolver la problemática, y que por lo mismo no había intención de ayudar a los más vulnerables y necesitados, queriendo dejar la percepción de que a este Ayuntamiento no le interesa ayudar a los más pobres, para finalmente poder andar arengándolo en la próxima temporada electoral.
Nunca entraron a discutir su iniciativa debatiendo con argumentos técnicos, pues era evidente que no los había, siempre se enfocaron en la parte política, buscando obtener una rentabilidad electorera, fuera de una verdadera convicción social de ayudar a los más pobres.
Esta actitud representa la misma estrategia que hemos visto a nivel federal de manejar discursos populistas que buscan resolver carencias y problemas por encima de las leyes y solo en el papel, algo que es muy peligroso, pues lo único que busca es conseguir adeptos que se traduzcan en votos en las urnas. Jugar y lucrar con una necesidad social a cambio de apoyos electorales siempre me ha parecido miserable, venga de quien venga.
LALC