Recientemente nos enteramos de otro incidente de violencia inusitada en nuestro país, esta vez en el Estado de Zacatecas. De acuerdo con diversos reportes, seis jóvenes, algunos de ellos menores de edad, fueron finalmente ultimados después de que los asesinos hubieran extorsionado y amenazado a sus familiares, quienes no se habían dejado amedrentar y alzaron la voz para reclamar justicia.
Se trata de una atrocidad más cometida en el México donde el obradorismo viene ganando elecciones. No debe pasar desapercibido que el brutal acto fue cometido contra civiles inocentes. Otra prueba más de que la narrativa oficial según la cual la violencia es producto de una guerra entre bandas criminales es, por lo menos, falaz.
Nada más alejado de la verdad. Hoy sabemos que México es el país más peligroso para los civiles en todo el planeta, incluso en comparación con naciones en guerra como Ucrania. El asesinato de los jóvenes en Zacatecas es otra prueba de ello. No hay que dejar de advertir que las atrocidades cometidas en los últimos tiempos han sido perpetradas contra jóvenes, como fue el caso, el año pasado, en la ciudad de Mexicali, Baja California y en otra ciudades del país.
Siendo este el caso, no es aventurado decir que el Estado mexicano hoy no está cumpliendo con su responsabilidad mínima de salvaguardar la integridad física de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto bastaría, desde luego, para que la gente los rechazara en las urnas. Pero, al parecer, mucha gente que votó recientemente por gobiernos obradoristas tendrá lamentablemente que escarmentar en cabeza propia. No debiera ser el caso, y el hecho de que así sea, es, en última instancia, culpa de gobernantes demagogos que prometen lo que no pueden cumplir. Pero esto tiene sus límites. Por lo pronto, de acuerdo con el INEGI, nueve de cada diez zacatecanos se sienten inseguros por la situación de las localidades donde habitan.
Es evidente que le urge al país una reflexión a fondo sobre la violencia extrema que está afectando a muchos mexicanos y mexicanas, sobre todo jóvenes. Como producto de esta gran reflexión, se podría concretar una especie de pacto de unidad de las diferentes fuerzas políticas del país para que, trascendiendo sus diferencias, se pueda dar prioridad nacional a la lucha efectiva contra el crimen organizado. Pero para que esto sea posible se requiere que las autoridades nacionales, estatales y locales dejen de minimizar el problema, pues así hacen más difícil su solución.
Quizás no sería mala idea tomar en cuenta otras experiencias mundiales análogas a la mexicana que nos puedan servir, aunque siempre considerando que ningún caso es igual a otro.
De cualquier manera, el momento reclama un cambio de estrategia y el reconocimiento de que si no actuamos con prontitud habremos perdido una gran oportunidad para reconciliar a México consigo mismo.
Gsz