La oposición tenía razón  

Parecen pavorreales los diputados locales que rechazaron, desde el primer momento, la reforma electoral que pretendían imponer los panistas.

Hinchados de orgullo, los diputados encabezados por David Martínez Mendizábal, la priista Yuma Rocha Aguilar, los dos del Partido Verde Gerardo Fernández González y Martha Ortega Roque, así como Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, aplauden la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va el motivo de orgullo: el pasado jueves, nada más y nada menos, la Suprema Corte confirmó que todos ellos tenían razón cuando, en la sesión del pleno del Congreso del 25 de mayo pasado, señalaron que la reforma electoral que aprobaron los 21 diputados del PAN junto con sus tres aliados priistas, estaba mal hecha porque no cumplió con el procedimiento legislativo. 

Las consecuencias de esa reforma sacada “al vapor”, en solo una semana, estaban a la vista. En la tribuna del Congreso, los diputados Dessire Ángel y Gerardo la calificaron como “el plan B de Guanajuato”. Ellos dos, junto con Yulma Rocha, coincidieron en que las modificaciones eran impugnables. Cuatro meses después, ocho ministros de la Suprema Corte resolvieron que efectivamente estaba mal.

Reforma para Libia 

El propósito principal que tenían en mayo para aprobar dicha reforma los 21 diputados panistas comandados por Luis Ernesto Ayala Torres -junto con sus aliados priistas Ruth Tiscareño, Alejandro Arias y Gustavo Alfaro, este último presidente de la Comisión de Asuntos Electorales- era facilitar el camino a la aspirante panista a la Gubernatura del Estado, Libia García.
Las demás modificaciones solo fueron de adorno. 

El propósito fundamental de los panistas quedó en evidencia desde el primer momento: abrir una manga muy ancha para que todos los precandidatos de todos los partidos hicieran toda la promoción y propaganda que quieran, de ellos y de sus partidos, sin ser considerados actos anticipados de campaña y por lo tanto sin sanciones.

Esta reforma iba con dedicatoria especial a Libia.

Una de las modificaciones a la ley fue la definición de “actos anticipados de campaña”. 
A este concepto le agregaron el término de que para ser catalogado como acto anticipado de campaña debía “ser directa e implícitamente”.

Es decir, que si algún candidato no llamaba expresamente al voto, aunque hiciera mil cosas para promoverse, como la repartición de despensas, de calentadores solares, de tinacos, de material de construcción con los colores de su partido, pinta de bardas, se inventen frases o palabras disfrazadas con su nombre, compre publirreportajes en revistas creadas expresamente para ello, o haga concentraciones masivas de gente con el pretexto de su cumpleaños o conciertos en los que se presente, no será considerado acto anticipado de campaña y por lo tanto no sería sancionado.

Otra modificación importante que pretendían los panistas fue alargar casi tres meses el inicio del proceso electoral local, pues lo pasaron del 1 de septiembre, a la semana entre el 25 y 30 de noviembre. 

Ambas reformas fueron hechas expresamente para que  Libia, aspirante favorita del actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez a la candidatura para la Gubernatura del PAN, pudiera promocionarse libremente como tal a lo largo y ancho del estado durante casi tres meses más, repartiendo programas sociales, pagados con recursos públicos, sin que ningún partido la pudiera denunciar ante la autoridad electoral, el IEEG, por actos anticipados de campaña. Y por lo tanto, tampoco fuera sancionada por eso. 

Al aventón: Yulma Rocha

Por la trascendencia del asunto, vale la pena recordar las advertencias que hicieron los diputados de oposición durante el debate, en esa maratónica sesión del 25 de mayo, respecto a la mal hecha reforma electoral. 

La priista Yulma Rocha calificó que fue una reforma hecha “al aventón” y en una semana, o sea, un privilegio que solo tiene la mayoría. Pero dijo que ese día se encontraban con una reforma “fast track”, pues apenas se destinó una semana para más de 80 artículos, muy poco tiempo para que se pudiera analizar. 

“Es un dictamen plagado de errores, por lo desaseado del procedimiento. Hay errores en el dictamen original, que me hacen cuestionar si el dictamen se elaboró aquí o tiene una elaboración extraparlamentaria, lo cual sería muy grave. 

“La forma, los tiempos, hacen que no se pueda avalar un documento con tales errores. Legislar al vapor tiene sus consecuencias”, recriminó ese día a los panistas. 

Es un bodrio: Gerardo Fernández 

El diputado Gerardo Fernández, coordinador del PVEM, calificó la reforma: “Este bodrio que por sus implicaciones podríamos llamar el Plan B Guanajuato. Un producto legislativo que no fue consensuado, que fue hecho sobre las rodillas y sin tomar en cuenta los partidos políticos”.

“Qué lástima que esta reforma electoral se ponga en riesgo porque se dejó en manos de la inexperiencia, la cerrazón. Que lástima que el PRI, antes garante de la democracia, se haya prestado para esto, a cambio de nada, porque ni los quieren en la coalición ni les pasan sus iniciativas. 

“Cuando escucharon a los del PAN quejarse del Plan B, hoy lo hacen aquí. Con la cerrazón y la tiranía propios de una dictadura, para dictaminar en siete días más de 80 artículos”, reclamó. 
 

Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, afirmó que esta reforma no representa el interés democrático de la ciudadanía, tiene miras cortas y alcances reducidos porque está pensada desde las estructuras partidistas. “El proceso legislativo ha sido atípico, por decir lo menos. Tendremos una reforma con prisa y sin visión de Estado, es muy lamentable”, expresó. 

El morenista Cuauhtémoc Becerra anticipó que desde su grupo político no podían acompañar este dictamen porque se hizo de manera atropellada, porque era solo el del grupo mayoritario, excluía otras 20 iniciativas formuladas por los otros partidos y porque tenía algunos artículos que ni siquiera estaban en la iniciativa original como el registro de candidatos vía electrónica.

“Este dictamen tiene artículos que permiten que se siga violando la Constitución Política federal. Todo lo anterior acredita la manera desaseada en lo que aprobó el grupo mayoritario. Un proceso que pareciera viciado, excluyente. Esto me da suficientes razones para votar en contra”.

Ante la cerrazón, los ocho diputados de Morena de plano abandonaron el salón de sesiones poco antes de la votación, para no emitir sus sufragios. “No vamos a votar, porque consideramos que a todas luces se hizo de manera atropellada. En lo que estamos totalmente en contra es en el proceso que se siguió, cuando debió haber sido de consenso”, explicó su coordinador David Martínez.

Pero no hubo razones que valieran ante la consigna que ya tenían los 21 panistas y los tres priístas, quienes aprobaron solos la reforma electoral, con los cuatro votos en contra de Yulma Rocha, del PRI, Gerardo Fernández y Martha Ortega, del PVEM y Dessire Ángel, de MC.

En defensa de la reforma, el panista Armando Rangel Hernández sostuvo aquella noche en la tribuna del Congreso: “Es mentira que se esté violentado el proceso legislativo. Yo no solamente lo digo, sino que reto a quien lo diga a que demuestre lo contrario”. 
Pues ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hicieron mayoría frente a tres, ya le demostraron que sí hubo irregularidades.  

Agua, tarifas reales

En algo en lo que sí se pudieron poner de acuerdo todos los partidos en el Congreso del Estado, fue en dar “cristiana sepultura” a la indexación mensual en las tarifas del agua potable en los 46 municipios y sustituirla por una fórmula más clara y justa.

Esta semana se celebró la junta en materia financiera en la sede del Poder Legislativo para compartir con los 46 ayuntamientos, lineamientos que abonen a sus respectivas leyes de ingresos municipales del 2024, que debe aprobar el Congreso.

La novedad en el encuentro fue que en el cobro de los derechos de agua potable se incorpora lo que llaman Factor de Recuperación Tarifario, que no es otra cosa que una fórmula bajo criterios técnicos para recomendar el techo máximo que puede costar este servicio en cada uno de los municipios, de acuerdo a lo que cuesta prestarlo.

Desde 2004 se aplicaba la indexación mensual, que en el estado este año es en promedio 0.5 %, es decir, cada mes se actualizaba la tarifa con ese porcentaje de ajuste.

El problema con la indexación es que, en muchos casos, prevalecía una discrecionalidad política en el cobro de las tarifas de agua potable (que además deben incluir drenaje y saneamiento), y una eterna discusión en ayuntamientos y luego en el Congreso del Estado. 

Hay municipios como Guanajuato y San Luis de la Paz que indexan 0.7 % mensual a la tarifa, en Irapuato y Celaya el 0.5%, en León es el 0.4% y hay algunos como Doctor Mora, Huanímaro, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Tierra Blanca y Xichú, con el 0 %.

Actualmente hay 36 organismos operadores descentralizados y el resto centralizados.

Con el nuevo Factor de Recuperación Tarifario, de lo que se trata es garantizar que sean tarifas justas para el usuario y competitivas para los organismos operadores del agua. 

Por eso la fórmula premia a organismos que invierten en el servicio y no en más nómina, y que revisan la capacidad de pago del usuario para garantizar el derecho al agua.

Es un modelo “made in Guanajuato” que se trabajó en la Unidad de Finanzas Públicas del Congreso, que dirige Belén del Rocío Espinoza Aguirre, y votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y Fiscalización que preside el diputado panista Víctor Zanella. 

Compras públicas

En la Red Ciudadana y en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción estaban muy desanimados porque hace un año presentaron ante el Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para Guanajuato, y no se veía que les hicieran caso.

Con la novedad de que el diputado Víctor Zanella ya sacó el pendiente del cajón y los  buscará en breve para presumirles que los panistas ya tiene elaborada otra iniciativa. Víctor les quiere reconocer la aportación que hicieron.

“Ya está la iniciativa y está contemplada en la agenda del PAN para este periodo”, aseguró.

En lo que coinciden los panistas y ciudadanos es que se puede hacer más por transparentar los procesos de compras públicas tanto en el Gobierno del Estado como en los municipios.

Irapuato, Lorena y los otros

En tierra fresera las estructuras y liderazgos panistas apoyan con todo a Libia García, pero no todos quieren que la alcaldesa Lorena Alfaro se reelija.

Este sábado se reunieron más de mil ciudadanos en la Universidad Quetzalcóatl en un evento con Libia, organizado por el exalcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, la diputada federal Itzel Balderas y los locales Víctor Zanella y Susana Bermúdez.

La alcaldesa Lorena no fue invitada.

A Libia le regalaron sus canastos de fresas y una playera de la Trinca con el número 24. 

Tomaron la palabra la rectora de la Universidad, Brenda Pérez, y los legisladores Itzel, Susana y Víctor. También estuvieron el director general del ISSEG (Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato), Ricardo de la Peña; el consejero del Poder Judicial, Alfonso Ruiz Chico; diputados de otros lugares: Cristina Márquez y Poncho Borja.

A nivel estatal, el Partido Acción Nacional sigue sin definir el método para elegir a su candidata; Libia recorre el estado como funcionaria y como aspirante, y Alejandra Gutiérrez está firme y no se baja.

En Irapuato la pregunta es: ¿Le alcanza a Lorena para ganar? Eso debe estar midiendo el PAN, lo que trasciende es que la intención del voto está hoy muy pareja con Morena. O le dan pronto el espaldarazo a Lorena y cierran filas en torno a ella, o deciden cambiar de género y las opciones son dos: el diputado Víctor Zanella o bien el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. 

RAA