A finales de junio del presente año, fueron talados 63 árboles en una vialidad primaria de la ciudad de León. El escándalo fue mayúsculo, obligando a la presidenta municipal a disculparse, dar explicaciones y comprometerse a respetar los árboles y zonas verdes de la ciudad.
En contraste, en Guanajuato capital, el gobierno municipal intenta continuar el proceso para declarar 130 hectáreas en la Sierra de Santa Rosa como urbanizables y no se perciben reacciones ciudadanas contundentes.
La ciudad patrimonio de la humanidad vive amenazada por una de sus administraciones municipales más atrabiliarias, conducida por un alcalde apoyado incondicionalmente por el círculo próximo al gobernador del estado y que cuenta con el madrinazgo de la posible candidata del PAN a la gubernatura de la entidad. El municipio está en riesgo.
Al unísono de la intentona de procesar un Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) que permita abrir a la urbanización más de mil hectáreas, incluyendo las 130 en Santa Rosa, se proclama la noticia de que para diciembre las presas que surten agua a la localidad estarán vacías. Habrá tandeos y se tendrá que subsistir con pozos, que cada día sobreexplotan el acuífero de Guanajuato.
De esta forma se romperá el binomio natural bosque-agua. Todo porque un grupo de abusivos empresarios, coludidos con funcionarios estatales y municipales, intentan hacer negocio modificando el uso de suelo de una importante área de la valiosa sierra ubicada al norte de la ciudad. Esto solo sería el primer paso, ya que posteriormente, con el pretexto de que la zona “se encuentra impactada”, se intentará ampliar más el área urbanizable.
Y mientras esto ocurre, en la misma sierra, se sigue tolerando el fraccionamiento ilegal, La Cucursola, solo por tratarse de ser el negocio de un político panista. Cuando de intereses de amigos se trata, en el gobierno nadie ve y todos callan.
Pero la cuestión es más profunda. Toda la zona, que contiene una masa forestal invaluable, será impactada.
La región es un ecosistema de lluvia que alimenta los principales acuíferos abajeños. ¿Quieren agua? Pues la principal acción es cuidar las demarcaciones arbóreas que tenemos a nuestro alrededor.
Debemos cuidar los árboles para tener lluvia, pero el negligente alcalde capitalino, encuatachado con empresarios inmobiliarios, pretenden violentar la regulación.
Y como nadie lo frena, el munícipe avanza más allá, intentando multiplicar la zona urbanizable de todo el municipio, invadiendo las zonas de recarga ubicadas a las faldas de las sierras y montañas guanajuatenses, lo cual acarreará mayor escasez de líquido para León, Silao y Romita.
Estamos frente a un gobierno basado en la economía de cuates, aceitada por la corrupción.
El verano en la cañada fue singularmente caliente. Se esfumó el entorno templado de una ciudad rodeada de cerros, para llegar a computar los 38 grados Celsius durante algunas semanas.
Pero ni bajo esa realidad entiende esta autoridad, e insiste en abrir “callecitas con servicios” en la sierra. El regidor Carlos Chávez ha sido encargado de procesar la lesiva autorización. La buena noticia es que no obtuvo mayoría en la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano para continuar el trámite.
Pero, atentos, el alcalde y sus compinches esperan el momento propicio para intentar quebrar a los regidores de la oposición y conseguir la preciada aprobación.
Fingen no saber que solo la Secretaría del Medio Ambiente federal es la facultada para cambiar el uso de suelo de una zona forestal. Pretenden engañar y hacer trampa, mientras la secretaria del Medio Ambiente estatal, María Isabel Ortiz Mantilla, ve los toros desde la barrera. Ni enterada.
Es deber de la ciudadanía proteger un entorno que no nos es propio, sino de nuestros hijos y nietos. Los efectos desastrosos de nuevos cambios de uso de suelo no solo dañarán a Guanajuato capital, sino también a Silao y León.
Y como remate, se vulnerarán los derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano y a una vida saludable. Negocios sucios sobre sustentabilidad.
RAA