¿Quién es más culpable ante la ley, ante la nación y ante la historia, el extorsionador profesional que descubre un escandaloso desfalco en las arcas públicas y en lugar de denunciar al presupuestívoro ante las autoridades competentes y de aplicar la ley para guardar y hacer guardar la Constitución, decide ilícitamente chantajear al delincuente, amenazándolo con la pérdida de su libertad personal y la de sus prestanombres, de no someterse a sus designios para incrementar su poder político?
El presidente de la República o cualquier funcionario comete el delito de extorsión, si amenaza a un gobernador o a un legislador o a un ministro de la Corte, magistrado o juez con revelar o compartir públicamente hechos de relevancia que hagan referencia a su vida personal que involucre a su familia o círculo social a cambio de obtener una recompensa, en este caso política, de beneficio único para el chantajista.
El artículo 390 del Código Penal Federal establece que quien “sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.” El texto continúa en los siguientes términos: “Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza. por servidor público. En este caso, se impondrá además. la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público”.
En los hechos, son incontables los gobernadores de la oposición, entre otros funcionarios, auténticos malhechores, que podrían ser acusados de desfalcos, de malversación de fondos, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero, entre otros severos cargos justificados, de no garantizar el triunfo electoral de los candidatos presidenciales extraídos de los pozos mefíticos de la 4T, que no solo prostituye nuestro servicio exterior al nombrar representantes diplomáticos que deberían purgar penas corporales en prisiones federales, sino que todavía les permite disfrutar en el extranjero su fortuna espuria obtenida después de haber defraudado a la nación.
La estrategia es muy simple: se trata de auditar las finanzas personales de los gobernadores salientes de la oposición, para encontrar hechos constitutivos de delito, como la adquisición de propiedades inmobiliarias en México o en el mundo, durante sus respectivas gestiones oficiales, o voluminosas cuentas en divisas depositadas en la banca nacional o extranjera que no fueron declaradas para efectos fiscales y una vez obtenida dicha información confidencial, chantajearlos para someterlos incondicionalmente al gran poder presidencial.
Entonces valdría la pena cuestionarse: ¿Es más culpable el deleznable presupuestívoro que dispuso para sí del ahorro de la nación o un transgresor de la ley que, en lugar de combatir la corrupción de acuerdo a sus promesas de campaña y a su juramento constitucional, estimula la corrupción, promueve la podredumbre social y traiciona, una vez más la confianza del electorado que le otorgó un voto de buena fe para construir un nuevo país apartado de la histórica pestilencia oficial?
Bien lo decía Sor Juana: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar.”
Si bien tanto el experto extorsionador como el presupuestívoro, ambos podrían ser acusados de la comisión graves delitos que llegarían a implicar la destitución de sus cargos y la pérdida de la libertad personal, en el caso del chantajista recaería una mayor responsabilidad porque no solo alienta la podredumbre y la descomposición política, sino que atenta en contra de nuestra embrionaria democracia al facilitar el acceso a los poderes ejecutivos y legislativos estatales y federales, a personajes surgidos de acuerdos políticos inconfesables que paralizaron sospechosamente la maquinaria electoral de la oposición, además de envenenar la voluntad popular con efectivos embustes publicitarios financiados con el ahorro público.
En este escenario de infamia política, ¿quién es peor, el extorsionador o el presupuestívoro?
@fmartinmoreno
Gsz