Las democracias modernas sobreviven por ser fuertes, con el equilibrio de poderes. En México, desde la instauración de la República y la promulgación de la Constitución, fuimos diseñando como País, -en medio de guerras-, el equilibrio de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los dos primeros electos por el pueblo y el tercero (los jueces) propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo. Es un sistema heredado, es cierto, de la democracia norteamericana y en parte de la de Francia. Se trataba de tener una República con equilibrios para que el Legislativo como poder popular, hicieras las leyes y el Presidente de la República las ejecutara. Para hacer cumplir la Constitución, estaría el Poder Judicial. Así, la República era sinónimo de democracia y se concibió bien.
Pero en los 71 años con el PRI, consecuencia de los “maximatos” revolucionarios, se concentró todo el poder en el Ejecutivo y éste controlaba a los otros dos. La concentración del poder siempre ha terminado promoviendo sociedades con poca inclusión (el priismo fue tan monolítico que todos los demás eran adversarios a matar). El PRI generó una enorme corrupción, porque se otorgaban privilegios para mantener el poder y así se dieron menores libertades ciudadanas de expresión atacando a la prensa, despreciarse el derecho y favoreciendo la “justicia” definida por el Presidente en turno. En nuestra historia, la concentración del poder en el Ejecutivo fue sido utilizada como argumento para favorecer la gobernabilidad. Con el PRI se dijo que era porque era un gobierno “emanado de la revolución” y el todo poderoso Presidente decidía sin necesidad de tomar la opinión de los gobernados y la garantía de los derechos por medio de la división de poderes. Luis Echeverría y López Portillo fueron el exceso.
Ha sido difícil lograr el sano equilibrio entre los tres poderes y en la historia hubo momentos en que el Presidente se pronunciaba a favor de que los ministros de la Corte fuesen destituidos para ser designados por el voto popular y con un órgano electoral controlado por la Secretaría de Gobernación (como con Bartlett en 1988, en que él consumó un gran fraude para evitar la victoria del Frente Democrático Nacional). Hoy, el Presidente López Obrador con sus partidos, va a utilizar todos los medios posibles para lograr mayorías calificadas en ambas cámaras, para cambiar la Constitución y alterar así, el equilibrio de poderes. Su “Plan C” ha sido concebido para actuar con total libertad para poder hacer los cambios que desee, sin los contrapesos propios de la democracia, ni de la división de poderes, ni del estado de Derecho.
Por ello, el Presidente dedica su tiempo a acusar, atacar, amenazar y ahora, asfixiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), considerándola corrupta, conservadora y cuantos calificativos produce en su mente y con la esperanza de controlarla y doblegarla para que su voluntad se cumpla, y evitar que siga perdiendo en las votaciones de los jueces. Por ello, era tan importante para AMLO que cuatro de los ministros le fueran incondicionales y al no serlo, comenzó ahora a atacar directamente al Poder Judicial en su conjunto con el pretexto de los fideicomisos y los altos sueldos de los jueces. Al igual que con el INE y el INAI, les atacó para dejarlos en inacción, estrangulando su presupuesto.
La probabilidad de que implemente su “Plan C” son altas. Si MORENA ganara en la elección del 2024, dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, la combinación de mayorías simples en ambas cámaras con cuatro o más ministros controlados por MORENA en la SCJN, les permitiría enmendar la Constitución, controlar a modo al País y las resoluciones judiciales ya no podrían ser revertidas en la Suprema Corte a través de controversias constitucionales y se acabaría con los contrapesos que nuestra democracia necesita. Afortunadamente, AMLO y sus odios, ya están de salida. La inminente victoria de Claudia Sheinbaum, con todo el apoyo del ejército, de las bases sociales del narcotráfico, sus 22 gubernaturas y sus nóminas, nos lleva a un escenario de continuidad para mantener a MORENA en el gobierno más allá del año 2030. Por ello, los ataques a la Suprema Corte de Justicia hasta ponerla de rodillas, eliminando los contrapesos.