Una palabra

Cualquier iniciativa que venga a aportar ideas o acciones para fortalecer nuestra seguridad es bienvenida, pero cuando estas aportaciones vienen de servidores públicos que cuentan con recursos técnicos y humanos a su disposición, lo menos que esperaríamos es que estas tuvieran una base razonable para poder ser aplicadas y, sobre todo, que dieran soluciones realistas.
El día de ayer, en sesión de Ayuntamiento tuvimos que desechar una iniciativa presentada por dos integrantes de la fracción de Morena, que pretendía resolver el problema de la seguridad en nuestra ciudad a través de modificar solo una palabra escrita en una ley estatal.
Dicho de otra manera, los mencionados ediles querían que nuestro municipio enviara al Congreso del Estado una iniciativa para modificar el artículo 76 fracción III inciso c) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y que se estableciera como obligación para todos los ayuntamientos, que en lugar de “procurar” la seguridad de sus habitantes, esta se “garantizará” para todos los ciudadanos.
Pretender que con el cambio de una palabra se resuelva un problema tan complejo, representa algo así como nuestra versión local del fracaso que ha significado la estrategia federal de “abrazos no balazos”, es decir, puras buenas intenciones, pero en el fondo un discurso hueco que nunca ha ofrecido buenos resultados.
Pero vamos a ser complacientes con los ediles que promovieron esta iniciativa, y aceptemos que la pura buena intención debe valorarse. El problema es que, además, la pretendida reforma la querían hacer sobre una ley que está en proceso de abrogación, ya que, en el Congreso del Estado, desde el mes de junio de este año se está discutiendo la promulgación de una nueva Ley Municipal del Estado de Guanajuato, que pretende sustituir en todo su articulado a la Ley Orgánica Municipal que hoy vive sus últimos días.
Y todavía para agregar más peros a la iniciativa de los regidores, resulta que la nueva ley que se está discutiendo no solo en el Congreso, sino en diversos foros a los que hemos sido incluso convocados los ediles aquí en León, ya contempla en su contenido, concretamente en el artículo 26 fracción III inciso c), que los municipios deberán “garantizar la seguridad pública en el territorio municipal y preservar la tranquilidad y el orden público”.
En resumen, la brillante propuesta de Morena pretendía resolver el problema de la seguridad en León, cambiando una palabra en una ley que está por abrogarse y que además dicha palabra ya está contenida en la nueva ley que se piensa aprobar, y querían que todo eso se hiciera a través de una iniciativa que se votara a favor en el Ayuntamiento de León, y que esa postura se hiciera llegar institucionalmente al Congreso del Estado. ¿Saben ustedes qué ridículo habríamos hecho si esa hubiera sido la aportación de la ciudad más grande e importante del estado, en la auscultación que están haciendo los diputados en todos los municipios de Guanajuato?
Pero además de todo lo anterior, aquí cabe muy bien la reflexión sobre la función y responsabilidad que debemos tener todos los ediles en un Ayuntamiento, pues en mi opinión es injustificable que una regidora o un regidor que ganan 90 mil pesos mensuales cada uno, más prestaciones como seguros de gastos médicos, seguro de vida, vales de gasolina, 40 días de aguinaldo, y que además cuentan con asistentes y asesores que le cuestan a las arcas municipales 750 mil pesos anuales, presenten iniciativas de estas características que no solamente no resuelven ningún problema, sino que hace evidente que los asesores de los regidores no generan ningún valor agregado en el trabajo de un edil.