El pasado miércoles un par de cómicos disfrazados de funcionarios públicos presentaron en la Presidencia Municipal de Guanajuato un simpático sainete sobre cómo se gestionan, a nivel local, los permisos de uso de suelo, tala de árboles, cercado de un terreno y construcción de un estacionamiento en un área de preservación ecológica, con vocación forestal, que se encuentra dentro de una “Zona de Monumentos Históricos”, y que aparte cuenta con una declaración de la Unesco de “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.
La hilarante obra teatral mostraba como moraleja la necesidad que tiene una sociedad de darse buenos gobiernos y tener representantes auténticos que cuiden que los asuntos públicos se tramiten respetando las leyes, porque está determinado por la misma Constitución en su artículo 128, que dice: “Todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes (sic) que de ella emanen”.
La obra consistió en tres actos. El primero fue el protocolario de rendir un supuesto informe sobre un ecocidio de más de 80 especies arbóreas, con permiso obsequiado por la autoridad municipal, y sin tener consideración las determinaciones del INAH y Semarnat. El segundo, contestar las preguntas de síndico y regidores sobre la cuestión. Y tercero la conclusión jocosa de toda la sátira, exhibiendo la torpeza del oficialismo y permitiendo el lucimiento de los partidos de oposición, en vísperas de elecciones.
El público se divirtió, la transmisión por redes sociales permitió que desde la comodidad del hogar las carcajadas se desataran a cada explicación presentada por los diestros saltimbanquis, que como decían una cosa, afirmaban la contraria, concluyendo en una chocarrera guerra de pastelazos entre ellos.
¡Buenísimo, hilarante! Porque el ritmo de la presentación encadenaba una broma tras otra, hasta llegar a la conclusión de que ¡imagínense ustedes! las leyes federales no les aplican porque son autónomos y se puede construir un bonito estacionamiento de trece niveles a la vera del tradicional Paseo de la Presa, sin necesidad de requerir ningún permiso federal. Solo basta la conformidad del alcalde y dos funcionarios: el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, y el Director del Implan.
Pero habrá que reconocer que al final quedó un tufo de profunda preocupación, al reflexionar sobre qué sucedería en el caso de que estos hechos fueran reales… y lo fueron. Porque el contenido es dramático: las ambiciones empresariales por urbanizar están encontrando una resistencia feroz de organizaciones ambientalistas dispuestas a luchar jurídicamente, hasta en ámbitos internacionales, contra construcciones que violenten al medio ambiente. Y todo se origina en la inconsciencia y ansia empresarial por construir en zonas que están reservadas para proteger áreas arbóreas y zonas de recarga de acuíferos, que permitirán a una comunidad, contar en el futuro con agua, aire sano y buen clima ante los trastornos provocados por el cambio climático.
Analicemos un poco el fenómeno regulatorio. La tensión surge cuando los urbanizadores, ahora acartelados en las ciudades, intentan manipular las elecciones de autoridades municipales, entregándoles apoyo a los candidatos, para capturarlos, con el fin de que cumplan sus deseos, aun violando la ley. Corrupción pura y dura, que solo se combate con comicios en los cuales se castigue la compra de votos y el clientelismo, obligando luego a la construcción de servicios profesionales de carrera en la institución municipal, para que prive lo técnico sobre lo político.
Una forma sencilla de constatar cómo andan las cosas en su gobierno local es revisando los trámites urbanos, a los que están sujetos los ciudadanos: Alineación y número oficial, uso de suelo, permiso de construcción. Si no están disponibles totalmente en plataforma digital y se resuelven automáticamente, significa que continúan dependiendo de la discrecionalidad del Director de Desarrollo Urbano o del alcalde. Seguramente habrá corrupción, compadrazgo y amiguismo, y los funcionarios intentarán que ciertas zonas de preservación ecológica se transformen en urbanizables para realizar grandes negocios inmobiliarios a la sombra de la economía de compadres. Toda la minuciosa planeación urbana se irá al caño, y en el futuro la comunidad sucumbirá ante el desafío que presenta la crisis climática mundial. Por lo pronto, allí está el ciclón Otis y sus consecuencias.