El tema que consideramos de mayor interés de la semana que termina, sería el concerniente a la noticia publicada por The New York Times, revelando que catorce expedientes judiciales que fueron revisados muestran que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó espionaje a través de una empresa de telecomunicaciones del País para conseguir registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos de alto rango, todos ellos abarcando los años desde el 2021, 2022 y este año.
Lo inexplicable es que la observación y seguimiento a la intimidad de estos funcionarios fueron tanto a personajes de oposición como también a militantes del partido de Morena.
Ya hace algunos años me había referido en este espacio al espionaje que se descubrió allá en septiembre del año 2009 en donde hubo otro caso en Naucalpan, Estado de México, en donde la PGR encontró un centro de información improvisado en casas de seguridad, aparte de un equipo tecnológico especializado para espionaje y clasificación computacional, además de doscientas mil fojas con datos e información clasificada sobre personajes de alto nivel político como el entonces Senador Manlio Fabio Beltrones; Beatriz Paredes, presidenta del PRI y el secretario de ese partido político, el senador Jesús Murillo Karam, así como el dirigente del PAN, Germán Martínez, entre otros. (Ver “Reflexiones Dominicales. Compilación de artículos” Espionaje I y II páginas 285 a 290. Autor: Paulino Lorea. Compañía Periodística Meridiano. 1ª Edición 2014).
La noticia dio lugar al reportaje publicado el viernes 10 de noviembre próximo pasado (AM2, pág. B7), donde se explican detalladamente los datos sobre la forma de operar a todos estos personajes cuya lista de algunos se proporciona: Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; Higinio Martínez Miranda, senador de Morena; Horacio Duarte, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas México; Lilly Téllez, senadora; Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora; Dolores Igareda, alta funcionaria de la Suprema Corte; Ricardo Amezcua, integrante de la judicatura de la Ciudad de México.
Aunque el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, mediante un comunicado haya manifestado que “esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, solamente investiga con fines exclusivamente jurídicos”, el experto mexicano en derechos digitales, Luis Fernando García Muñoz, expresó: “El sistema es fácil de manipular. Los fiscales pueden inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”.
A diferencia de lo que sucedió en el 2009, en donde el juez federal Alejandro Hernández Lorea libró las órdenes de aprehensión después de haber integrado las averiguaciones previas pertinentes, en contra de trece personas por los delitos de intervención de comunicaciones privadas, asociación delictuosa y otros, aquí apenas empezará la denuncia y la investigación correspondiente.
Ya decíamos que el espionaje más común que existe a partir del Siglo XX, más fácil y accesible es el telefónico y se da dentro y fuera del gobierno, se ha comprobado que lo practican grandes empresas o corporaciones, así como las bandas del crimen organizado o cárteles interceptan señales telefónicas o frecuencias radiofónicas de los aparatos de policía, por obvias razones.
Recordemos que cuando fueron abiertos a consulta los archivos de la Dirección Federal de Seguridad se pudo comprobar y apreciar que uno de los personajes históricos, más acechado, observado, investigado, y permanentemente vigilado hasta su muerte fue don Lázaro Cárdenas del Río, incluyendo a sus familiares, colaboradores, amigos, ayudantes y sirvientes. Recordemos la grabación e intercepción telefónica de la famosísima frase “comes y te vas” que expresó Vicente Fox a Fidel Castro y muchos ejemplos más.
Como antecedente en nuestro estado de Guanajuato, solo contamos con el dato de que en mayo de 2007 el entonces gobernador Juan Manuel Oliva, en su administración gastó casi siete millones de pesos en la compra de un equipo tecnológico sofisticado para espiar, con aparatos de última generación para intercepción y grabación telefónica, afirmando funcionarios de la entonces Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, que eran para el programa o sistema “de emergencia estatal como por ejemplo el 066”. ¿Ustedes lo creen amables lectores?