Lo que se juega en la elección del 24 es la sobrevivencia del arbitraje constitucional. Decir que la democracia constitucional está en riesgo no es catastrofismo infundado. Es el registro de una clara amenaza. El presidente ha decidido heredarle sus enemistades a su sucesora e imponerle su agenda de destrucción. La prioridad legislativa del siguiente sexenio será la que ha definido López Obrador: embucharse a los contrapesos. Las autonomías constitucionales son un estorbo para un proyecto que solo merece entrega ferviente y por eso hay que eliminarlas. Atar el tribunal constitucional y los órganos electorales a la lógica de las elecciones. Hacer de la Suprema Corte otra diputación. Convertir al de órgano electoral en una palanca de la mayoría que perpetúe su predominio. La aprobación de la reforma constitucional que propone sería la muerte de los equilibrios esenciales de una democracia. La separación de los poderes tiene sentido no solamente porque la constitución encarga labores distintas a cada órgano. El artefacto de los contrapoderes funciona porque la fuente de los arbitrajes es distinta de la de los poderes propiamente representativos. Si todos los órganos constitucionales surgieran del evento electoral, si todos persiguieran las pistas de la popularidad, se perdería la estructura de los límites. En lugar de procesar la diversidad del pluralismo cuidando derechos y procedimientos, tendríamos una aplanadora arrasando cualquier discrepancia.
Este es el contexto de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia. Se trata de la traición a un poder amenazado que viene de quien debería defenderlo con mayor firmeza. La renuncia de Zaldívar fue un escupitajo a la constitución.
Le escupe a la constitución quien no tolera compartir los reflectores de la Corte, quien desprecia pertenecer al máximo tribunal si no puede mangonearlo, quien está dispuesto a enlodar su legado para adelantarse en la rebatinga electoral. Le escupe a la ley un trepador que, habiendo sido defensor de la constitución, la viola abiertamente para avanzar sus ambiciones.
La constitución consiente a los encargados de interpretarla en última instancia. Los blinda frente a los ataques, les garantiza estabilidad, los apoya salarialmente. De muchas maneras cuida a quienes custodian la bóveda del Estado. Pero les exige un compromiso de lealtad elemental. Para que la compleja relojería funcione, los ministros de la Corte deben cumplir el largo periodo de su responsabilidad. Por eso, con toda claridad establece que el cargo de ministro no es renunciable, sino por motivos de gravedad. La lógica de este principio es clara. El capricho, el temor, la ambición no pueden ser consideradas en modo alguno “causas graves” para que el último representante del Estado abandone su responsabilidad constitucional. Si se exige una causa grave es porque la constitución busca proteger al último tribunal de aquellos que son intimidados por el poder político (caso Medina Mora) o de aquellos que codician el poder político (caso Zaldívar). Pero para el renunciante el texto de la constitución no es vinculante: si se le antoja renunciar, esa es causa suficientemente grave para hacerlo.
Si se exige la invocación de una causa grave es también porque el calendario de la integración del tribunal es vital para sus equilibrios. La renuncia viola la constitución y rompe el ritmo que funda la salud de la Corte. Zaldívar no solamente puso la presidencia de la Corte al servicio de López Obrador, también le regaló su renuncia. El equilibrio del tribunal se basa en los nombramientos sucesivos que se van entreverando a lo largo del tiempo. El tribunal no retrata a la coalición de un instante, sino el flujo cambiante de las mayorías. Con su renuncia a la Suprema Corte, Zaldívar da un obsequio al presidente que quiere aniquilarla.
La deslealtad constitucional del ministro Zaldívar no es una simple falta de decoro. Es una transgresión legal que merecería castigo ejemplar. Zaldívar sigue siendo ministro y hace ya campaña de partido. El ansioso ha confesado que trabaja ya en la campaña de una dirigente de partido, declara que trabaja para ella, sin tener el pudor de esperar a que su renuncia sea procesada en el Senado. Trepar escupiéndole a la constitución.
Gsz