Habíamos tomado posesión apenas el 1° de diciembre de 1982 en la Procuraduría General de Justicia del DF un grupo de amigos y compañeros que constituíamos el equipo de trabajo de la primera mujer a cargo de esa institución: la Maestra Victoria Adato de Ibarra, quien posteriormente usó su segundo apellido, Green, sustituyendo el de su difunto marido.

En los últimos días de diciembre, como corolario de una serie de secuestros de niños en la Ciudad de México, ocurridos durante ese año, fue escandaloso el secuestro del niño Miguel Ángel Arizmendi Flores, a quienes los medios informativos llamaron “Miguelito”; pese a que sus padres pagaron un rescate de 350 mil pesos, el niño no fue regresado y dramáticamente se publicaron en varios periódicos los regalos que se quedaron en el árbol de Navidad de la familia.

La sociedad estaba muy crispada y exigente con las autoridades para investigar y detener a quienes perpretaban esos hechos delictivos, máxime que posteriormente hacia el 28 o 29 de diciembre unos campesinos de Maravatío, Michoacán, descubrieron el cuerpo de Miguelito semi enterrado; de ahí trascendió que también habían secuestrado a María Margarita Ramírez Chávez, de 16 años, a Juan Carlos Granados Sosa, de 17 años, y a Valentín Barrera Torres de 17 años. A todos ellos, aunque sus familias habían pagado fuertes cantidades de dinero por el rescate, nunca lograron recuperarlos, y las víctimas menores de edad eran secuestrados, torturados, abusados sexualmente y finalmente asesinados a balazos.

Apenas nos acomodábamos en las oficinas de la Procuraduría por las calles de Niños Héroes y Dr. Bernard, algunos en el tercer piso en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, René Paz Horta y su servidor, otros, como el compañero Raúl Melgoza, en el segundo piso en la Visitaduría General, y comentábamos estos crímenes, tejiendo varias hipótesis sobre los autores, pero para ese entonces se mencionaba que quienes iban más adelantados en la investigación eran los todavía existentes elementos policiacos de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIP), cuyo cargo ya había dejado Arturo “El Negro” Durazo, de triste memoria, y se preparaba la reforma legal que desaparecería esta corporación integrando a sus elementos precisamente a la Policía Judicial del Distrito Federal.

Antes de que esta reforma policiaca se cristalizara, hubo un evento que aceleró la investigación y solución de la banda organizada que ejecutaba estos crímenes, pues la policía encontró a una de sus víctimas, también secuestrada, de nombre Kristella Cid Sarud, de 15 años, quien sobrevivió pese a ser narcotizada, secuestrada y abusada en un lugar en Ecatepec, Estado de México, en donde después de haber sido allá arrojada le dispararon en varias ocasiones resultando milagrosamente solo herida levemente y la abandonaron creyendo que había fallecido.

Kristella al recuperar el sentido se dio cuenta de que estaba lesionada y semidesnuda y caminó por algunas horas hasta que policías del Estado de México le dieron auxilio y la llevaron al hospital de Lomas Verdes. Como había sido en la jurisdicción correspondiente al Estado de México, se dio aviso entre las policías preventivas.

Fue así como los elementos policiacos del Distrito Federal aceleraron la investigación con los datos proporcionados por la víctima, y para el día 8 de enero de 1983 se había ubicado a un sujeto de nombre Aureliano Rivera Yarahuán, quien había sido jefe policiaco judicial en Sinaloa, ya con antecedentes de victimizar a menores de edad y se había ganado el mote de “La Hiena”.

Al ser descubierto en un motel con su pareja, de nombre Carmen Salcido, por la carretera hacia Toluca se implementó un operativo para capturarlos con vida, pero sin haber detalles de los hechos, solamente se informó que el operativo fracasó porque los delincuentes opusieron resistencia y finalmente fueron acribillados por la policía.

Se especuló por varios medios informativos que había datos vagos y versiones no corroboradas de que sí habían sido capturados con vida, pero ante la crueldad de todos los crímenes cometidos y de sus antecedentes “alguien ordenó que se creara un escenario para su ejecución”. Nunca se confirmó esta versión.

Lo que sí sucedió y es lo importante de esta entrega de hoy, fue que las investigaciones arrojaron que la organización estaba integrada también por varios menores reclutados por Rivera Yarahuán, quienes fueron capturados, incluyendo un sobrino de nombre Antonio Rivera Bocanegra, a Juan Carlos Covarrubias y a Roberto Díaz Courko, quienes fueron internados en el entonces Consejo Tutelar para Menores. 

Esta situación provocó una gran inquietud, polémica y discusiones jurídicas entre abogados, maestros, padres de familia, académicos, partidos políticos, jueces, magistrados y hasta de asociaciones de estudiantes de Derecho, debido a que los menores no podían ser enjuiciados conforme a las leyes penales y pagar por sus crímenes, sino que tenían derecho a los beneficios de la minoría de edad.

El padre de Miguelito, el Sr. Carlos Arizmedi, transmitía por televisión su inconformidad con el tratamiento a los menores, y exigía un castigo ejemplar por su grado de maldad, la crueldad con que actuaban y a las vilezas que cometieron, todo ello para poder hablar de principios individuales, morales y humanos y mantener la fe en la justicia.

Actualmente al terminar este año de 2023, 40 años después de aquellos hechos, la discusión subsiste y pese a la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde se avanzó sobre las sanciones y tratamientos para adolescentes infractores, aún hay insatisfacción en la sociedad y se preguntan muchos ciudadanos si entonces las personas de 14 a 16 años pueden cometer delitos sin ninguna sanción.

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