En la antigua Atenas, en el Partenón se rendía culto a la diosa Palas Atenea, protectora de la polis, diosa de la civilización, la sabiduría, la razón, la inteligencia, la estrategia, la navegación y las artes, entre otras virtudes. En el templo aparte de la gran estatua de la diosa, labrada por Fidias, se guardaba el tesoro de la ciudad y sus archivos. Estos podían ser consultados por cualquier ciudadano. Es este el primer referente del derecho de acceso a la información pública que llega a nuestros días.
Siglos después, en 1776 Anders Chidenius, un defensor de las libertades promovió en el parlamento sueco el “principio de disponibilidad pública” para que los ciudadanos consultaran libremente todos los documentos oficiales generados por el gobierno. Este es el antecedente más próximo de nuestras leyes de acceso a la información pública, inspiradas, posteriormente, en el modelo americano de la Freedom Information Act (FOIA) promulgada en 1966. Esta concatenación de derechos, propician la formación de gobiernos abiertos, sujetos a la fiscalización pública y a la rendición de cuentas.
En México, tras la transición de setenta años de gobiernos priistas a uno nuevo del PAN, comenzó en el año 2000, desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un proyecto para generar una ley de transparencia. La iniciativa pudo ser promulgada hasta 2002, luego de varios escarceos, como síntoma del cambio de régimen y parte fundamental de la modernización del gobierno hacia un orden plenamente democrático. Iniciaba así un largo camino colmado de escollos y resistencias para abrir la información pública a los ciudadanos, construyendo los cimientos de la democracia, que consiste en el conocimiento de la gestión de cada gobierno para que los ciudadanos puedan decidir su voto basados en información cierta y oportuna.
Por eso incomoda tanto la función de los institutos de transparencia. Cuando los gobiernos, federal, estatales o municipales se encuentran plagados de corrupción, uno de los antídotos más potentes para erradicarla, es la nitidez. La acción de estos órganos autónomos debe de doler, tiene que sentirse, generar asperezas y reclamos porque obliga a las administraciones a exponer, bajo el criterio de máxima publicidad, su información.
Cuando se combinan la transparencia con el periodismo, especialmente con el de investigación ¡zas! Aparece el milagro y los funcionarios quedan expuestos ante ciudadanos sorprendidos por desvíos, negligencias y faltas éticas imperdonables. Se supone, que luego vendrá el voto y los malos funcionarios serán expulsados del aparato burocrático, los congresos o ayuntamientos y quizás también queden sujetos a algún proceso penal.
No hay posibilidad de democracia sin transparencia. Por ello es fundamental que el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (Iacip) realice a plenitud sus atribuciones. Al respecto destacamos tres situaciones problemáticas: Los ciudadanos no tienen idea de que significa el acrónimo Iacip. Y peor aún, no conocen que son poseedores de un derecho fundamental: el derecho a saber qué hacen y deciden sus gobiernos. Urge una campaña intensiva de educación al respecto. Sobre todo a nivel municipal.
El Instituto lleva cuatro años sin que le haya sido nombrado uno de sus tres comisionados. Esta carencia denota el descuido de los poderes ejecutivo y legislativo de nuestra entidad, respecto a la integración y funcionamiento adecuado del Iacip. Diego Sinhue Rodríguez no parece ser un convencido de la transparencia. O quizás su siempre presto jefe de gabinete, no le ha informado que les anda faltando un comisionado desde 2019.
Orgullosa, la maestra Mariela Huerta, la comisionada presidenta, informó que durante el último año, el Iacip recibió 2,243 recursos de revisión, que deben ser resueltos por dos solitarios comisionados. El número es preocupante. Los sujetos obligados al dar información están forzando a los ciudadanos, tramposamente, a litigar la apertura de los documentos que les solicitan. La opacidad va ganando. Especialmente en muchos municipios, los cacicazgos locales obstruyen el acceso a la información. En Guanajuato capital, por ejemplo, el alcalde niega los requerimientos hasta a sus propios regidores y síndicos. Es claro, cuando la corrupción pulula por doquier, las luces se apagan y la opacidad señorea el paisaje. Mientras, el Iacip sigue instalado en su zona de confort, obligando a los ciudadanos a litigar la entrega de información, que por el principio de máxima publicidad y disponibilidad, debería de estar abierta. En Guanajuato, hoy, sus ciudadanos no conocen sus derechos y muchos gobiernos son opacos.
RAA