Los gobiernos están obligados a hacer cumplir la ley. Al entrar a un cargo público el funcionario debe consultar la Constitución, las leyes secundarias, las leyes estatales y los reglamentos municipales aplicables a sus funciones. Deben recordar el principio de legalidad: la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le concede y el gobernado lo que esta no le prohíbe.
Cuando desagregamos este concepto fundamental del derecho, podemos entender la complejidad de un acto administrativo que involucra derechos de los ciudadanos y atribuciones de los funcionarios públicos. Y es que existen actos que por su riesgo requieren un permiso o licencia para que los particulares puedan realizarlos, como una construcción, un cierre de calles, venta de bebidas alcohólicas o el concierto de un cantante tan famoso como Luis Miguel.
Frente a una petición para realizar un evento multitudinario, la autoridad debe constatar que un sinnúmero de requisitos hayan quedado satisfechos, de tal manera que si no se cumplen la petición debe ser negada por la autoridad competente.
Pero he aquí que en ciertos ámbitos de la administración pública han surgido alcaldes que, pretextando el desarrollo económico de la localidad, creen que es su obligación y misión apoyar cualquier acontecimiento que suponga un impacto monetario para los lugareños. Eso nos ha sucedido a los guanajuatenses de la capital con el atrabiliario alcalde que nos desgobierna. Le parece de lo más natural devastar áreas de preservación ecológica, con tal de construir hoteles y estacionamientos. Y luego acusa a ambientalistas y ecologistas de ser causantes de la pobreza en la ciudad, cuando lo único que se exige es el cumplimiento estricto de las leyes vigentes.
En derecho, el principio de legalidad es sabio y conducente. Cuando el organizador se presenta a solicitar el permiso para traer a un cantante de moda, y presentarlo en un estadio de beisbol, el cual se encuentra rentado para realizar exclusivamente eventos deportivos, empieza a haber problemas. Se debe analizar el aforo del inmueble, las condiciones que sugiera el área de protección civil, así como las fianzas necesarias para garantizar el cumplimiento a los miles de personas adquirentes de los boletos. En este caso el cupo del estadio es de 9,000 asistentes y los boletos vendidos, cerca de 18,000. ¡Sorpresa! Problemas a la vista.
Y lo obvio sucedió: la autoridad municipal negó el permiso y ardió Troya. El principio jurídico funcionó: al no reunir los requisitos, se generó en automático la negativa. Que nadie se sorprenda, así funciona una administración que actúa con rectitud bajo los parámetros de la legalidad. El enojo y el problema se profundizan cuando el propio gobernador, que no tiene vela en el entierro, se convierte en promotor de Luis Miguel y declara que él salvará el evento. Allí hay gato encerrado. Tal parece que existen intereses mercantiles que provienen del círculo íntimo del gobernador. Desde la jefatura de gabinete se ha fraternizado sospechosamente con el arrendatario del parque de beisbol Domingo Santana. ¿Será un negocio conjunto? ¿Una vez más la economía de compadres, basada en el trato privilegiado ha sido sorprendida en la chapuza? ¿Cómo realizar un concierto en un estadio que no reúne las condiciones jurídicas, ni de aforo y seguridad necesarias? ¿El bisne se les anda cayendo? Por lo pronto la presidencia municipal ha puesto sobre la mesa la opción de otro lugar para realizar la presentación del famoso cantante. La moneda está en el aire y el gobernador en el vacío.
En lo personal, pensamos que los conciertos de Luis Miguel son bastante malos. Lo he escuchado en el Auditorio Nacional y no convence. Finalmente les comparto un comparativo con el espectáculo de Paul McCartney: El show del inglés duró 3 horas y cantó 39 canciones a sus 81 años. Luismi: presentación 1:45 horas, 19 canciones a sus 53 años. Hay que aprender a ser consumidores exigentes.