Asesinato de bombero y bloqueos, impunes
Los bloqueos carreteros con incendios de vehículos regresaron a Celaya y la región Laja-Bajío, conmocionando a la ciudad por el asesinato de un bombero. Quedó en evidencia la falta de coordinación para solucionar el grave problema de inseguridad.
Celaya comenzó mal el año en un nuevo nivel de violencia (triste que ya nada sorprende) que cobró la vida del bombero y paramédico, Felipe Jiménez Sánchez, quien fue asesinado cuando se dirigía a apagar una de las quemas de vehículos.
La detención -en un recorrido de rutina- de tres presuntos integrantes del grupo delictivo que opera en la zona la tarde del domingo pasado en una comunidad de Juventino Rosas por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, desencadenó la violencia con la quema de varios vehículos en Celaya, Juventino Rosas y Villagrán. Tras la agresión a los agentes estatales detuvieron a otro más.
El modus operandi tras la captura de líderes criminales no es nuevo (trascendió que uno era hijo de José Antonio Yépez “El Marro”, presunto líder criminal de un cártel local preso desde agosto del 2020), y recuerda los bloqueos y quemas de vehículos que se comenzaron a presentar desde 2019 en la región Laja-Bajío.
Una de las interrogantes es porqué el Estado no alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya de la detención de estas personas y las reacciones que esto traería, demostrando la poca coordinación que tanto presumen.
Las llamadas de emergencia alertaban de incendios en la ciudad por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos salieron de la estación de Pípila con muy poca información y sin tener la certeza de lo que estaba ocurriendo.
Uno de los socorristas con mayor trayectoria en la corporación era Felipe Jiménez, quien manejaba una pipa buscando la ubicación del incendio cuando fue atacado a balazos en la esquina de la avenida Constituyentes y Mutualismo.
El crimen indignó a la población y dejó en entredicho la falta de protocolos de seguridad para bomberos y socorristas en este tipo de hechos violentos.
La información se ha ido dando a cuentagotas. Tras casi tres horas de hechos violentos, el Gobierno Municipal de Celaya envió un escueto comunicado lamentando los hechos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tardó más de 24 horas en informar sobre los detenidos.
El secretario de seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta, admitió que no hubo alertamiento del Estado tras la captura de los presuntos delincuentes y justificó la falta de protocolos de los bomberos con el argumento de que hace casi dos años que no ocurrían este tipo de hechos en el municipio.
El alcalde, Javier Mendoza Márquez, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cambie su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos violentos.
Tras un emotivo homenaje en la Calzada Independencia de Celaya, una mujer vestida de guinda increpó a Javier Mendoza exigiendo que detuviera a los asesinos del bombero tal y como ocurrió con su hijo, situación que provocó la molestia de la esposa del Alcalde. Luego del tenso momento, algunos morenistas reconocieron que es simpatizante de Morena, pero se deslindaron de su protesta.
Mientras todos se echan la bolita, eluden responsabilidades y utilizan la violencia para sacar raja política, los guanajuatenses siguen en medio de la crisis de inseguridad que parece no tener fin.
Y a todo esto, hasta hoy no hay detenidos por el asesinato de Felipe y tampoco por los bloqueos con vehículos incendiados. La impunidad: la madre de la violencia.
IEEG y Tribunal Estatal Electoral: distintas varas
En el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, encabezado por Brenda Canchola Elizarraraz y en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, presidido por la magistrada Dolores López Loza, ocurre algo muy sospechoso: prácticamente ninguna denuncia por violencia política de género procede, pero sí se tardan meses en resolverse en su fase previa en el IEEG, incluso hasta un año.
En cambio, el proceder fue muy distinto con una denuncia de violencia política de género interpuesta el 21 de noviembre por Alma Alcaraz Hernández, precandidata de Morena a la Gubernatura, contra Marko Cortés, presidente nacional del PAN, por haber dicho el primero que al postularla “Morena tiró la toalla y ya dio por perdido Guanajuato”.
Días después, hubo una declaración similar por parte de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo: ‘pareciera que Morena sabe que no tiene posibilidades, están bajando a un hombre por una mujer’.
En un mes, el IEEG resolvió. El 22 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEG, que encabeza el consejero Antonio Ortiz Hernández, ordenó medidas cautelares, pero no tanto contra el presidente nacional del PAN y el Gobernador, a quienes les ordenaron “bajar” dichas declaraciones de sus redes (en el caso de que ellos las hubieran subido también), sino que las principales fueron contra cinco medios de comunicación que difundieron dichas declaraciones: AM, El Sol de León, Milenio, Nuestras Noticias y el tuitero Alex Ramblas.
Las medidas cautelares consisten en “bajar” las notas periodísticas de los portales digitales. Es decir, a los autores de las declaraciones que acreditaron como violencia política de género casi no los tocaron, pero sí castigaron a los medios por hacer su trabajo.
Cierto que el proceso todavía no concluye, pero el primer “trancazo” a los medios ya está dado.
Regidoras contra alcalde Navarro
Este caso contrasta con las siete denuncias por violencia política de género que han interpuesto diferentes mujeres, de diferentes partidos, contra el panista Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, que han transitado tanto por el IEEG como por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y ninguna ha procedido. A continuación un breve recuento de ellas.
La primera la interpuso Paloma Robles Lacayo, en enero de 2021, cuando ni siquiera era regidora ni candidata, sino una ciudadana, contra Navarro, Jesús Antonio Borja, director de Educación y Cultura Municipal, y la Revista Patrulla porque en esta se escribió que ella “se había ido como las chachas” de la Universidad de Guanajuato -donde trabajó un tiempo- y que “era la consentida del rector”, entonces Luis Felipe Guerrero Agripino.
Además porque Navarro Saldaña declaró que Paloma “no superaba la derrota” de 2018, cuando ella fue candidata a presidenta municipal del PRD, y perdió frente a Navarro en su primer periodo.
Pasó toda la campaña electoral y la elección de 2021 y el IEEG no resolvía. Cuando lo hizo en septiembre de ese año, es decir, nueve meses después de presentada la denuncia, resultó improcedente, según el Tribunal Estatal Electoral, porque Robles Lacayo no era ni servidora pública ni candidata.
Paloma Robles impugnó ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual revocó la resolución del Tribunal de Guanajuato y determinó que sí se cometió violencia política de género, por lo que obligó a la administradora de Patrulla a realizar una disculpa pública, pero exonera a Alejandro Navarro y a Jesús Antonio Borja. Esto ocurrió ya en noviembre de 2021.
La segunda denuncia corrió a cargo de la regidora Celia Carolina Valadez Beltrán, quien llegó al cargo postulada por Fuerza por México, que enseguida de las elecciones perdió el registro porque no alcanzó el 3% de la votación.
Denunció la aprobación realizada por el Ayuntamiento el 10 de octubre de 2021 -durante la primera sesión del actual Cabildo y del segundo gobierno de Navarro-, contra la exclusión de la regidora del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, por indicaciones y propuesta del presidente Alejandro Navarro, cuando ella había pedido formar parte.
También contra la omisión de convocarla a la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento, así como a las sesiones subsecuentes.
El 10 de diciembre de ese año, el Tribunal Estatal Electoral desechó estas denuncias, pero la regidora impugnó ante la Sala Monterrey y esta le dio la razón, por lo cual el Tribunal Estatal Electoral resolvió, el 29 de marzo de 2022, que se acreditó violencia política contra las mujeres en razón de género por parte del Alejandro Navarro Saldaña, así como de quienes integran el Ayuntamiento.
Por lo que ordenó la inscripción de Alejandro Navarro Saldaña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.
El Tribunal también sancionó a todos los denunciados, es decir, a todos los integrantes del Ayuntamiento y les ordenó emitir una disculpa pública y tomar cursos de sensibilización en la materia. Esto, al acreditarse que obstaculizaron el ejercicio del cargo de la regidora capitalina.
Pero el Presidente Municipal capitalino impugnó esta resolución y los magistrados electorales Dolores López Loza, Yari Zapata y Alejandro Martínez Mejía le dieron la razón, pues todo lo anterior fue declarado inexistente.
Obstruyen su función
En 2021 se dieron los casos tercero y cuarto. La entonces síndica María Elena Castro Cerrillo y Blanca Cabrera, entonces delegada de la comunidad de Santa Rosa, presentaron, cada una por separado, denuncias por violencia política de género.
La síndica, porque no le daban información, la bloqueaban, no la convocaban a reuniones del Ayuntamiento. En el caso de la delegada, como represalia por haber defendido el agua de su comunidad contra el empresario panista Sergio Barba que pretendía construir un fraccionamiento ahí llamado La Cucursola, Navarro también obstaculizó sus funciones.
Ninguna de las dos procedieron en el Tribunal Estatal Electoral.
El quinto caso lo protagonizó la regidora Liliana Preciado Zárate, de Movimiento Ciudadano, quien el 5 de mayo de 2022 anunció que procedería legalmente con dos denuncias por violencia política en razón de género contra el presidente municipal, Alejandro Navarro y el medio digital Revista Patrulla.
Preciado Zárate señaló haber sufrido actos intimidatorios en consecuencia de algunas de sus votaciones en su función como regidora por parte del Alcalde.
Un hecho que destacó en esa denuncia fue que cuando había varios regidores analizando los candidatos a consejeros de Simapag, llegaron Navarro y el regidor panista Carlos Chávez y la llamaron aparte en un cuartito.
Le pidieron dialogar por separado, la metieron en un cuartito cercano y Navarro le dijo que “era mejor que se alineara”. Carlos Chávez afirma que él no habló.
El 17 de agosto de 2023, el Tribunal Estatal declaró la inexistencia de dos infracciones denunciadas, contra Navarro y contra la Revista Patrulla. Liliana impugnó ante la Sala Monterrey, que ordenó al Tribunal de Guanajuato hacer una nueva resolución, que salió favorable a Navarro.
La sexta denuncia fue presentada por Paloma Robles, ahora sí como regidora de Morena, en enero de 2023, igualmente por violencia política de género, por la conformación de las comisiones del Ayuntamiento, pues solo la incluyeron en una de siete, y porque Alejandro Navarro la eliminó de una fotografía oficial con todo el Ayuntamiento.
Tampoco procedió porque la fotografía se publicó en la cuenta personal de Facebook del Presidente. Paloma impugnó pero la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal le dio la razón a Navarro, apenas el 22 de diciembre de 2023.
Violencia sí, pero no de género
La séptima denuncia, por la misma razón, la interpuso la regidora de Morena, Estefanía Porras, contra Alejandro Navarro, la tesorera Irma Mandujano; la síndica Martha Delgado y Alexander Medina, director de la Función Edilicia.
Pero este 10 de enero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) declaró la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de los cuatro funcionarios. El Tribunal determinó la inexistencia de la conducta, aunque sí hubo violencia política en contra de la denunciante, no aplicaron ninguna sanción.
Los magistrados electorales consideraron que las conductas del funcionariado “revelaron un actuar sistemático que no solo afectó los derechos político-electorales de la denunciante, sino menoscabaron su dignidad como persona”.
Sin embargo, en la resolución se explicó que no se acreditó que haya sido en razón de género, porque si bien las conductas desplegadas por la secretaria (hoy síndica), la tesorera y el titular de la Función Edilicia constituyeron una obstaculización al cargo de la quejosa, no obedecieron a su condición de mujer.
Argumentaron que ante la imposibilidad de sancionar por la ausencia en la normativa electoral que lo contemple como una infracción, el Tribunal decretó imponerles medidas de reparación integral del daño, pero en la sesión no precisaron cuáles serán estas medidas.