Entre las propuestas de reformas constitucionales que presentará el presidente López Obrador y que serían de 10 a 20 distintas, existen algunas positivas y otras que son señuelos para que la oposición las rechace.
La fecha de presentación, dice, será el 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, ceremonia a la cual no asistirá por la mañana para, por la tarde, hacer su exposición del listado de modificaciones.
La atención y la temática de debate nacional a tal respecto, se ha mantenido porque Obrador ha informado a “cuentagotas” cuáles serían esas propuestas de reforma a la Carta Magna.
Primero informó que, entre esas, “de 10 y 12”, está lo de las pensiones de los trabajadores para que anualmente se aumente el presupuesto para que la pensión se ajuste al último sueldo percibido.
Los expertos dicen lo que yo, ¿qué presupuesto tendría que otorgarse para dar el 100% del sueldo final a todos los trabajadores? Si de por sí ahora hay problemas y en especial con el riesgo del control de las Afores.
La pensión al 100 tendría que darse con justicia para quienes ganan el mínimo o apenas un poco más. Conozco personas cuya pensión es de alrededor de tres mil pesos mensuales, porque se pensionaron con el mínimo y con el incremento al salario ahora serían siete mil 468 pesos, algo más digno.
Entre las primeras propuestas se mantuvo la de elegir mediante voto popular a jueces, ministros y magistrados, en lo que no he estado de acuerdo porque ¿quiénes tendrían que postular a los candidatos, a no ser por nuestro régimen de partidos políticos?
Creo que sí se debe de analizar más aún los perfiles, pero no vamos a escoger a un juez que tenga más labia que capacidad y no se deberán exponer públicamente sus perfiles y sus rostros, en estos tiempos que vivimos en peligro.
Quizá los sueldos y prestaciones del poder judicial se deban de revisar, pero para que sean más justos y esto se deberá de hacer en forma autónoma y autocrítica, por ser un poder autónomo.
Sobre la Guardia Nacional cuya dependencia a otra instancia debe ser constitucional hacia Sedena (recordemos que hay una determinación de la SCJN para que no se aplique esto) yo creo que sería más útil y funcional a que dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que trabajen más en investigaciones e inteligencia que en simple presencia.
Cuando Obrador indicó que las propuestas de reforma “podrían ser hasta 20”, habló de la prohibición drástica del fentanilo y el tráfico de los precursores para su fabricación.
Recordemos que ya existe una reforma de ley que tipifica como delito el desvío ilícito de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y da una pena de hasta 15 años de prisión.
La venta, tráfico y uso de vapeadores tendría que ser una reforma a Ley General de Salud y no una reforma constitucional.
Dentro del “paquete ampliado” de reformas se insiste en ajustes en los programas sociales y los derechos de los pueblos originarios, entre los que están que la pensión a los adultos mayores, a partir de los 65, quede en la Carta Magna, lo que está muy bien.
Agregó que se debe reducir el umbral de participación ciudadana en las consultas populares y que en lugar del 40 %, quede en 30 % para que puedan ser vinculatorias y eso está, pues bien.
Entre otra más de las iniciativas está la eliminación del fuero presidencial y la revocación de mandato, lo cual se había propuesto antes pero que no ha cuajado del todo.
La cancelación del fuero presidencial parece algo bueno, pero en el fondo es un riesgo para la investidura y la figura del Presidente (a) en turno, porque cualquiera podría interponer denuncias o demandas en su contra y no habría cabida en los tribunales para tantas.
El primer mandatario (a) de la República estaría siendo llamado a comparecer y ante virtual (es) sentencia (s) condenatoria (s), nos estaríamos quedando sin Presidente una o no sé cuántas veces más. Como que no…
RAA