En días recientes, los medios resuenan con duras advertencias: bajo órdenes del presidente de México, las oficinas recaudadoras están obligadas a superar la cifra alcanzada en el 2023. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desplegado esfuerzos arduos, meticulosamente revisando, señalando las mínimas discrepancias fiscales, categorizando acciones como delitos y dejando otras al arbitrio mas cobrando en todas. Es innegable que la recaudación de impuestos es una fuente crucial para financiar programas sociales, proyectos de infraestructura. Sin embargo, la administración actual del incorruptible señor López plantea dudas sobre la eficacia y la transparencia, especialmente cuando se acerca a su retirada del Palacio nacional, cuyo costo no ha sido transparentado. El gobierno saliente parece necesitar recursos, respaldándose en un plan que utiliza la inteligencia artificial como si estuviéramos inmersos en una cacería de brujas moderna. En este escenario, se busca exprimir a los contribuyentes a cualquier costo y la clave parece residir en utilizar y mejorar los procesos de fiscalización para garantizar que la recaudación supere las expectativas y llene bolsillos ansiosos.
Para mantener la confianza ciudadana, surgen cuestionamientos necesarios. ¿Cómo podemos seguir confiando en una administración que ha tenido discrepancias significativas entre sus promesas y la realidad?
Analicemos ejemplos con datos, el costo del tren Maya, un proyecto que ha dejado un impacto ambiental negativo sin cumplir su función correctamente. Estimado inicialmente en 200 a 300 mil millones de pesos, informes recientes sugieren que el costo total ha aumentado en un 150 %, superando los 321 mil millones de pesos. Otro caso es el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía que superó los 167,341 millones de pesos, con un incremento del 70 %. Además, la cancelación del de Texcoco de más de 331 mil 996.5 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. La anunciada ayuda al devastado Acapulco, mencionada en una mañanera, aún no se ha materializado, generando dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos. No podemos pasar por alto la inversión millonaria en la llamada Megafarmacia que, según El Universal, ha tenido un costo de 2 mil millones de pesos, solo la bodega, con una inversión total de 219 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el 29 de diciembre, solo han surtido 67 recetas, según Expansión. Además, la educación de clase alta para el hijo del presidente, quien asiste -¿asistió?- a una escuela privada en Londres, plantea interrogantes sobre la coherencia entre acciones y discursos. Mientras una escuela privada en México oscila entre 1,200 y 30,000 pesos, la escuela londinense tiene un costo aproximado de más de 250 mil pesos mexicanos. La diferencia es evidente y la pregunta es válida: ¿primero los pobres? Esta administración del señor López deja dudas sobre la coherencia entre sus ideales proclamados y sus acciones reales. La ciudadanía merece respuestas claras y procesos gubernamentales que reflejen una gestión transparente y eficiente. “Yo no nací para pobre” no es un título provocativo, es un recordatorio de que todos compartimos responsabilidad presente para construir un futuro mejor con nuestro voto. Por cierto y ¿tu credencial?
RAA