“Nadie quiere callar a nadie. Son las reglas que el legislador desde la Constitución puso”.
Claudia Zavala, consejera del INE, 2022
El presidente López Obrador sabe que no cuenta con los votos en el Congreso para aprobar las reformas constitucionales que lanzó el 5 de febrero. Entonces, ¿por qué las presentó? Es una maniobra política. La ley no le permite participar en la campaña electoral de 2024, pero no hay ninguna prohibición a la defensa de sus enmiendas. Nadie le podrá decir: “Cállate, chachalaca”.
Las restricciones legales a las declaraciones de los funcionarios son una violación a las libertades individuales, pero también son producto de una exigencia de López Obrador después de las elecciones presidenciales de 2006. El entonces candidato presidencial del PRD se quejó de las “intromisiones” del presidente Vicente Fox en la campaña, aunque solo fueron dos: la del 21 de febrero, cuando Fox declaró “Mi gobierno vomita la demagogia, el populismo, el engaño y la mentira“, y la del 13 de marzo, cuando dijo: “México no debe volver atrás; no se cambia de caballo a la mitad del río“.
López Obrador lanzó entonces su famosa frase: “Ya cállate, chachalaca”, a lo cual Fox respondió: “En una democracia no se vale callar a nadie”. Al validar la elección de 2006 el Tribunal Electoral afirmó que las declaraciones de Fox habían puesto en riesgo la elección. Por eso en 2007 López Obrador, con Pablo Gómez actuando como su representante en el Senado, impulsó una legislación para impedir las declaraciones electorales de presidentes, gobernadores y funcionarios en general.
Ahora han sido el presidente López Obrador y sus seguidores quienes se han quejado repetidamente de la mordaza. El 5 de diciembre de 2022 AMLO aseguró que el INE estaba violando los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión, al ordenarle no hacer declaraciones electorales. Un grupo de simpatizantes del régimen, encabezados por el caricaturista Rafael Barajas (El Fisgón) y el periodista Pedro Miguel, publicó en septiembre de 2020 un documento acusando a “los privatizadores de la palabra” de tratar de “amordazar al presidente”.
Yo estuve en contra de la ley mordaza de 2007 y lo sigo estando. Es inaceptable que se viole la libertad de expresión de cualquier persona, aunque sea el presidente, o se pretenda impedir que los políticos hagan política. La ley mordaza debería estar muy arriba en la carpeta de reformas a la legislación electoral del próximo sexenio.
Mientras tanto, el presidente recurre a su habitual filosofía: “y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”. Así como anticipó las precampañas y las campañas, sin que el INE o el Tribunal Electoral se atrevieran a hacer algo para impedirlo, ahora ha dado a conocer una veintena de iniciativas para reformas constitucionales de las que va a estar hablando en los próximos meses. Estas propuestas son una especie de proyecto de nación, aunque disperso y sin jerarquía de prioridades, pero lo importante es que nadie le podrá censurar su defensa.
El propio presidente –y eso me gusta de él– no ha tratado de ocultar sus intenciones. Ayer le preguntaron en la mañanera por qué no había presentado las iniciativas hasta ahora, a lo que respondió con honestidad: “Porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. No va a ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana. Es decidir por un proyecto y eso lo considero importante. Nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación. Por eso tenemos que informar, informar, informar“. Así debió ser siempre. López Obrador no tenía por qué exigirle silencio a Fox, ni tiene por qué sufrir hoy esa ley mordaza que él mismo impulsó.
No al 100
AMLO dijo que presentaría una iniciativa para que los jubilados recibieran 100 por ciento de su salario, pero resulta que la pensión tendría como límite el salario promedio del IMSS. Es menos de 17 mil pesos mensuales.
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