La protección a la libertad de expresión es hoy en día, no sólo una acción jurídica y ética, sino que se encuentra en el centro de la defensa del orden liberal y republicano. Donde quiera que se le viola, sin repercusión alguna, sabemos que estamos ante un régimen autoritario. Si protegerla ha sido, al menos desde la publicación del Areopagítica del poeta inglés John Milton, una responsabilidad de los gobiernos, hoy en día es una necesidad. Los populismos del siglo XXI suelen tener como principal blanco a aquellos con opiniones heterodoxas o diferentes a la verdad oficial. Por eso persiguen con especial denuedo a periodistas, intelectuales o académicos, cuya obligación es la crítica del poder.
A la persecución tradicional, los nuevos inquisidores han agregado la censura en contra de expresiones calificadas como política o socialmente incorrectas. En nombre del legítimo derecho que tienen las minorías a no ser ofendidas, los nuevos Torquemadas se aprovechan de los avances morales de nuestra sociedad, para limitar la libertad de expresión. No lo hacen para defender a las verdaderas víctimas, sino para evitar ser legítimamente criticados en el mal uso que hacen del poder.
Es una pena que así sea, pues cosas como la violencia política de género sí existe y debe ser combatida. Pero su frivolización, en lugar de fortalecer a las víctimas, les hace un flaco favor.
Esto quedó claro en un caso ilustre. En agosto del año pasado una diputada demandó a la periodista, Denise Dresser, por una expresión que empleó en un canal de televisión. Se le acusaba de violencia política de género contra la congresista. En una primera instancia, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una serie de sanciones a la periodista, que eran claramente desproporcionadas.
Afortunadamente, nuestro sistema judicial admite revisiones a sentencias. Fue así que la Sala Superior del mismo Tribunal determinó que el contexto en el cual se emiten opiniones debe tomarse en cuenta y que, en general, no se puede usar la violencia política de género para coartar la libertad de expresión de las personas.
Es curioso que el Presidente suela defenderse y defender a sus simpatizantes y colaboradores, aludiendo al derecho que tienen para expresar sus opiniones. En esto tiene razón. Sin embargo, pareciera que este derecho sólo aplica al gobierno y sus amigos y no a sus críticos. En esto su régimen es injusto, pues la justicia consiste en aplicar la Ley de manera general y sin importar simpatías políticas.
Las buenas noticias son que esta determinación del TPJEF ha establecido un precedente para que políticos y servidores públicos dejen de utilizar mecanismos de defensa legítimos para coartar la libertad de expresión, con el objetivo manifiesto de salvaguardar su poder.
La defensa de la periodista estuvo a cargo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que se ha convertido en una institución ejemplar de defensa de causas justas.
Nuestro país aún cuenta con instituciones republicanas en defensa de nuestro derecho a expresar nuestras opiniones e ideas. Y eso es otra buena noticia